NUEVA DIRECCIÓN DE APIF

 

 

 

Salvador Viada Bardají (Portavoz).  Fiscalía del Tribunal Supremo.

Miguel Pallarés Rodríguez. Fiscalía de Las Palmas.

María Pilar Álvarez Menéndez.  Fiscalía de Huelva.

José Antonio Díez Rodríguez. Fiscalía de Las Palmas.

María Isabel Morán Aguirre.  Fiscalía de Tarragona.

 

LA APIF SOLICITA INFORMACIÓN A LA FGE RELACIONADA CON LA REFORMA PROCESAL Y LA SALUD LABORAL DE LOS FISCALES

El día 29 de abril la APIF envió una solicitud de información a la FGE relacionada con informaciones que señalaban que los fiscales a fecha 26 de abril había revisado 103.178 causas de los cientos de miles que estaban pendientes de revisión, y cuando tan solo faltan 39 días para que venza el plazo de seis meses que establece la nueva LECr., para proceder a la solicitud de pruebas en la totalidad de las causas penales pendientes.    La petición de información es necesaria porque una vez más la FGE actúa con una opacidad impropia en una materia de enorme interés para los fiscales.    A continuación reproducimos el texto de la solicitud dirigida a la FGE y también la encontraréis en la pestaña "ULTIMA ACCIÓN":

Excma. Sra. Fiscal General del Estado:

Como bien conoce V.E. nos preocupan especialmente las condiciones en las que los fiscales cumplen hoy en día las funciones que tienen encomendadas, y la salud y el bienestar de estos como presupuesto imprescindible para el desarrollo digno de nuestra función. En esa línea nos preocupa sobremanera la sobrecarga de trabajo que muchos se han visto en la obligación de asumir por órdenes de sus superiores jerárquicos para el cumplimiento de la revisión de causas impuesta desde esa FGE para el pretendido cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 324 de la LECR. Como bien conoce VE carecemos de representación en el Consejo Fiscal y debemos lamentar la escasa información que hemos recibido, a escasos días de que acabe el primer plazo ordinario legal para la instrucción de las causas penales, sobre la revisión de causas en sí y las medidas adoptadas por esa FGE para salvaguardar la salud de todos los fiscales. Quedan 39 días para la llegada del 6 de junio, día que se pondrá fin a la instrucción de un gran número de causas y las noticias que nos llegan no podemos más que calificarlas como inquietantes o desalentadoras.

En la comunicación institucional relativa al último Consejo Fiscal celebrado el día 26 de abril se indica que por el Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo se informó sobre la revisión de causas en los territorios que han recibido refuerzo. Nada se explicita acerca de cuál fue la información facilitada y no creemos que se trate de una información secreta o reservada sino de interés para todos los fiscales y para sus asociaciones. Por otra parte leímos en el diario digital Confilegal, en noticia publicada en el día de ayer, información que hemos de pensar partió de esa FGE y ese Consejo Fiscal sobre que se habían revisado en estos cuatro meses 103.178 causas, indicando cifras concretas en cuanto a los dictámenes emitidos y el sentido de estos. No nos consta que nos haya sido facilitada esa información ni tampoco hemos podido encontrarla en la página de fiscal.es como portal virtual de esa FGE.

En base a lo anteriormente expuesto nos dirigimos a V.E. al objeto de recabar la información necesaria para el adecuado cumplimiento de la función que tenemos encomendada en defensa de nuestros asociados y de los fiscales en general, interesando se nos facilite:


1.-El informe que sobre este particular haya podido efectuar la Unidad de Apoyo de la FGE y que se facilitó al Consejo Fiscal. De no existir informe escrito al efecto interesamos se nos facilite la información que fue expuesta al Consejo Fiscal el día 26 de abril.


2.-Número de Fiscalías que cuentan con refuerzo, dato esencial para calibrar, de nuevo, la magnitud del problema, pues si inicialmente se hablaba de 650.000 causas pendientes de revisión y las fiscalías con refuerzo han revisado solo 103.178 causas, el número de causas pendientes de revisión debe ser aún muy elevado.


3.-Datos totales de revisión de causas tanto de fiscalías con refuerzo como de fiscalías sin refuerzo y datos, lo más reales posibles, del número de causas pendientes de revisión a día de hoy.


4.-Información acerca de si en las cifras que se barajan se han tenido en cuenta los listados recabados inicialmente, algunos de ellos nos consta que se ajustaban poco a la realidad, o cifras actualizadas, teniendo en cuenta, entre otros factores, las causas que hayan podido ser archivadas y las que en principio no constaban en los listados por estar archivadas y que por cualquier causa han sido reabiertas.


5.-Posibles propuestas de mejora de los sistemas informáticos que sirven de herramienta a los fiscales y de su compatibilidad con los de los Juzgados que permitan el acceso directo e inmediato desde las Fiscalías al estado real de cada causa en un momento determinado. El control y supervisión de un elemento dinámico, como es una causa en trámite, presenta para aquellos que no disponen del control directo sobre ella importantes disfunciones que seguro han sido evaluadas por V.E. y se han tratado de paliar.

5.- Datos sobre la labor real encomendada a esos refuerzos nombrados, pues nos consta que en muchas fiscalías se ha reducido su función a cubrir juicios de faltas/delitos leves y juicios matrimoniales. Dato imprescindible para evaluar la sobrecarga encomendada a un gran número de compañeros.


6.-Si existe o se baraja por la Inspección Fiscal informe sobre la carga de trabajo de cada fiscal y el incremento que en esa carga ha supuesto la revisión encomendada.


7.- Datos que puedan obrar en la Inspección Fiscal sobre la incidencia que tal sobrecarga haya podido suponer en la salud de los fiscales, en concreto posible incremento de las bajas médicas y si se ha hecho un seguimiento con las distintas Fiscalías Provinciales y de Área sobre el posible incremento de los problemas de salud de los integrantes de la plantilla. No debemos olvidar que la baja médica supone un recorte de emolumentos lo que lleva a muchos a evitarla en la medida de lo posible. El estrés es una causa muy importante de riesgo en un trabajo como el nuestro sin horarios y sin módulos máximos en cuanto a carga de trabajo asumible, debiendo despachar cada fiscal todo aquello que se le encomienda.


En esta línea conviene recordar que según el Plan de Prevención de Riesgos laborales:

 

"Corresponde a cada empleado público, incluido en el ámbito de aplicación de este Plan de Prevención velar por su propia seguridad y salud en el trabajo mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso se adopten y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad, de acuerdo con la formación y las instrucciones recibidas." Recogiendo entre sus obligaciones, "b)Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a las personas responsables de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores."

Entendemos que la Inspección Fiscal cumple, o debe cumplir a estos efectos, un papel relevante en la labor de todos de preservar la salud de los compañeros como órgano que centraliza la información de las distintas Fiscalías sobre esta materia.


Agradeciendo de antemano la documentación solicitada reciba un cordial saludo

 

Atentamente

 

 

 

Madrid, a 29 de abril de 2016

 

 

 

 

Comisión Ejecutiva de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exma. Sra. Fiscal General del Estado

DECÁLOGO APIF PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Decálogo APIF PARA PARTIDOS Y OPINION PÚ[...]
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La APIF envió el pasado 21 de abril a la totalidad de los partidos políticos un decálogo de propuestas para la mejora del funcionamiento de la Fiscalía y de la Justicia tras exponer las dificultades que hoy encuentran los fiscales españoles para hacer su trabajo.    En muchos casos son propuestas esenciales sin las cuales no hay solución para la Justicia española.   Recomendamos su lectura, análisis y difusión.

 

LA APIF DEFIENDE LA IMPARCIALIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

 

En nuestro último comunicado, en relación a la polémica suscitada por la operación contra la corrupción llevada a cabo hace escasos días en Granada, por la imparcialidad de la institución y porque las discrepancias que puedan existir en cuanto a la labor judicial o policial se gestionen en el marco del proceso y no a través de comunicados en los medios de comunicación. Nuestro más absoluto respeto y reconocimiento a la labor de jueces y fiscales que trabajan en casos de corrupción y a los que estas injerencias nada benefician.

Ver nuestro último comunicado pinchando el enlace que encontrarás a la izquierda.

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SOBRE EL 324 DE LA LECRIM, UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y DE SENTIDO COMÚN.

 

Por nuestro compañero José Antonio Díez se ha realizado un estudio del artículo 324 de la LECRIM que nos parece coherente con el resto del articulado y muy de sentido común, algo que quizás falte en abundancia en los tiempo que corren. Entendemos que es un informe de interés para todos, su lectura nos lleva a que hay otra forma de hacer las cosas y que no hay que abandonar la esperanza de que de una vez por todas se vele por el correcto funcionamiento de la Fiscalía en España y por la salud de los Fiscales. 

 

plazos instrucción tras Circular 324.doc
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COMUNICADO DE LA APIF SOBRE LA REVISIÓN DE CAUSAS

 

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ante el Oficio recibido en el día de ayer en todas las fiscalías de España procedente de la Inspección Fiscal en el que se instaba a los Fiscales Jefes al establecimiento de un Programa de control de la revisión de las causas pendientes por parte de los Fiscales de la plantilla manifiesta:

.-Que una vez más se pone de manifiesto el absoluto desconocimiento que por parte de esa FGE se tiene del trabajo desarrollado hoy en día en las fiscalías por los diferentes fiscales, de la carga de trabajo que cada uno soporta y de los abundantes servicios que hay que cubrir.

.-Que de nuevo se pone de manifiesto la falta de derechos básicos de los fiscales de a pie y la sobrecarga añadida que se les exige desde los órganos centrales de la Fiscalía exigiéndoles que aumenten de forma gratuita y exponencial su carga de trabajo y su carga burocrática, obligándoles a rellenar cada vez más estadísticas y cuadros de control.

.-Así mismo se pone de manifiesto un gravoso desconocimiento del texto articulado de la LECR y en especial del artículo 324 en su reciente redacción. La función de instruir corresponde al Juez, como nos recordaba la Circular 5/2015, y el control de los plazos en el Juzgado corresponde a los letrados de la Administración de Justicia, sin olvidar las funciones de los fiscales que son las que son y no otras. En ningún artículo de la Ley de Enjuiciamiento criminal consta que el Fiscal deba constituirse en el Juzgado a revisar expedientes, sin mesa ni ordenador de trabajo y sin personal auxiliar alguno,  ni que los Juzgados deban remitir las causas a Fiscalía para ese pretendido impulso con la pérdida de tiempo que ello supone en el ir y venir de las mismas, cuando  existen plazos tasados de instrucción.

.-El Ministerio de Justicia no ha sacado la prometida instrucción a los Letrados de la Administración de Justicia, seguimos sin disponer ni tan siquiera de un funcionario por Fiscal para el auxilio en el trabajo diario, pero nada importa a la FGE que nos pide heroicidades sin importarle lo más mínimo la salud de sus trabajadores, todos y cada uno de nosotros.

.-los fiscales de a pie siguen trabajando con plena dedicación y esfuerzo sin que exista estudio de las cargas máximas de trabajo, sin plan de prevención de riesgos,  sin reglamento que regule su función, sin medios adecuados y dignos para trabajar, sin personal auxiliar suficiente, con lotes de trabajo excesivos y obligados a realizar trabajo auxiliar impropio de su función y ahora se les exige un esfuerzo titánico e imposible que de poco o nada servirá salvo para lavar la cara de esta descabellada reforma.

.-En fechas navideñas y cuando se anuncian planes para facilitar la conciliación de los funcionarios de la Administración Central del Estado a los fiscales de a pie se les encomiendan funciones extraordinarias muy difíciles de cumplir, entendemos que con renuncia a los días de permiso merecidamente ganados y como única finalidad para justificar, aún más, la necesidad de que nombren y mantengan los exiguos refuerzos que se prometen de contrario y que en absoluto servirán para dar sentido a una norma de imposible cumplimiento y que desconoce absolutamente el trabajo de los Juzgados y Fiscalías españolas.

.-la revisión de las causas tiene que ser continua por parte de los Juzgados que las tienen a su disposición, el Fiscal no puede dejar a un lado sus funciones ordinarias y ponerse a controlar el trabajo de otros desde la distancia, que es lo que se pretende, camuflando la inutilidad y el despropósito de las reformas llevadas a cabo.

 

Por todo ello instamos a todos los Fiscales de España y en especial a los Fiscales Jefes, a que manifiesten que lo exigido en el oficio de la Inspección Fiscal de 10 de diciembre de 2015 resulta de imposible cumplimiento y que si de ello depende el nombramiento de exiguos refuerzos, apuesten decididamente por la salud de los Fiscales y renuncien a ellos.

 

Solicitamos igualmente de forma contundente la inmediata dimisión de la Fiscal General del Estado anta su falta de eficacia para defender las condiciones de trabajo de los fiscales y el buen funcionamiento de la Fiscalía.

 

Madrid a 15 de diciembre de 2015

 

La Comisión Ejecutiva de la APIF

 

 

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COMUNICADO DE LA APIF EN APOYO A LOS COMPAÑEROS DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales queremos poner de manifiesto nuestro incondicional apoyo, desde el pleno respeto a todas las víctimas y en especial a las víctimas del terrorismo, a todos los compañeros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El trabajo desempeñado por estos, enfrentándose día a día a causas de especial complejidad, merece nuestro absoluto reconocimiento. Gracias a su profesionalidad y entrega se ha logrado hacer justicia a muchos peligrosos criminales, a costa de graves sacrificios personales, pues no debemos olvidar que en esa Fiscalia se desarrolla un trabajo especialmente sensible. La implicación de sus integrantes para llevar ante los tribunales a los terroristas de  ETA, aún a costa de poner en peligro su propia integridad corporal, es una realidad que ha contribuido eficazmente a ir terminando con este grupo terrorista. Compañeros que aún en los tiempos más difíciles, recordar a Carmen Tagle que fue asesinada por desempeñar su trabajo, siguieron adelante con absoluta dedicación.

Finalmente resulta importante destacar la implicación de esta Fiscalía con las Víctimas pues desde el año 2006 cuenta con un Servicio de Asistencia y Protección a las Víctimas del Terrorismo, iniciativa sin duda pionera en la Fiscalía española.

 

Madrid, a 11 de diciembre de 2015

 

 

Comisión Ejecutiva de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)

 

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COMUNICADO DE LA APIF TRAS LA REUNIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA CON EL CONSEJO FISCAL

 

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) al margen de mantener nuestra posición solidaria con todos los fiscales y jueces que siguen pidiendo una extensión en el plazo de entrada en vigor de la nueva LECr., debemos señalar nuestra decepción por la falta de reacción previa y coetánea a la aprobación de la reforma de la LECr., por parte de la Fiscalía General del Estado. No debería haberse limitado la acción de la Fiscalía General a la elaboración de una Instrucción para decir a los fiscales como deben colocar el pie de un gigante en el zapato de Cenicienta. Sabe la Fiscalía General que sencillamente, no se va a poder aplicar en muchos casos la reforma por parte de la Fiscalía con los medios actuales.   Y además, dado que en la Fiscalía no ha habido interés alguno establecer módulos de trabajo, parece la Fiscalía General que confía al exigir revisiones mensuales de todas las causas pendientes (varios cientos de miles en España) en la capacidad ilimitada de trabajar de los fiscales, y creemos que se equivoca. 
Lo ocurrido, además, acredita como pocas cosas en opinión de la APIF, la falta de peso institucional de la Fiscalía en decisiones fundamentales que afectan a su correcto funcionamiento y al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, plasmando el fracaso de la Fiscalía General para convencer al poder legislativo del desastre que para la Justicia puede significar una reforma como la actual. No hemos oído una palabra de la Fiscalía General sobre este tema antes de la aprobación de la ley, ni siquiera para dar luz y trascendencia política al informe que sobre la norma hizo el Consejo Fiscal. Esta reforma hace recaer fundamentalmente en los fiscales una carga de trabajo enorme, el retraso crónico de la Justicia penal española, cuando no hay normativa de prevención de riesgos laborales ni estudios sobre la carga máxima de trabajo que ha de afrontar un fiscal, algo que no parece preocupar a la Fiscalía General, pero que a la APIF le parece muy importante.
La negativa del Ministerio a aplazar la entrada en vigor de la norma producirá sin dudas instrucciones deficientes y cierres en falso de los procesos; pero además en opinión de la APIF es una amenaza cierta al derecho a la salud en el trabajo de los fiscales.

 

LA COMISIÓN EJECUTIVA, Madrid a 20 de octubre de 2015

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COMUNICADO CONJUNTO:

JUECES PARA LA DEMOCRACIA, ASOCIACIÓN DE FISCALES, ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES y UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

 

La Ley 41/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el BOE el pasado día 6 de octubre, introduce para la finalización de la instrucción lo que en su Preámbulo denomina “plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales” en sustitución del “exiguo e inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal“. Dichos plazos son de seis y dieciocho meses, “según se trate de un asunto sencillo o complejo“. La nueva redacción del artículo atribuye, además, al Ministerio Fiscal el impulso procesal para la solicitud de la prórroga de los anteriores plazos cuando en los mismos no pueda completarse la instrucción.

 

Establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal -en el que la investigación está en manos del juez instructor- puede resultar absurdo, pues es el propio juez quien ha de controlar la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales, como es también absurdo otorgar al Ministerio Fiscal, en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quién está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación.

 

Ello coloca a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad, y a los jueces de instrucción en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal.

 

En definitiva, el legislador ha confundido tanto el modelo procesal como el papel de los actores, lo que lleva a su último extremo la falta de coherencia de la reforma.

Por si esto fuera poco, su entrada en vigor está prevista en el plazo de dos meses desde su publicación. Así, el 5 de diciembre se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello -como dice la propia ley- sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna.

 

Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma.

 

 

 15 de octubre de 2015

COMUNICADO APIF SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (7 DE OCTUBRE DE 2015)

LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DESCONOCE LA REALIDAD DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

 

COMUNICADO APIF:

 

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante la próxima entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se quiere poner de manifiesto el absoluto desconocimiento que trasluce la reforma hacia la figura del Fiscal de a pie, la pluralidad de sus funciones y la escasez de medios con los que trabaja. Se establecen ahora plazos de caducidad de la instrucción, que en España está en manos de los Jueces, indicando que podrán prorrogarse únicamente a instancia del Fiscal o de alguna de las partes. En la gran mayoría de las causas la única parte personada es el Fiscal. Fiscal que en ocasiones tiene su sede a cientos de kilómetros de distancia de los Juzgados que le corresponde despachar. Fiscal que cumple muchas otras funciones y no sólo la de llevar uno o varios Juzgados de Instrucción, asiste a juicios en todas las instancias y no sólo en materia penal, también interviene en materia civil, social y contencioso-administrativa, se ocupa de la protección de personas con discapacidad, menores, expedientes gubernativos de indulto, expropiación forzosa, justicia gratuita, etc.. No tiene, por regla general, una oficina Fiscal que colabore con él en la realización material de su trabajo. 

 

Así como los Jueces de Instrucción disponen de una oficina  que colabora activamente en la instrucción de las causas, la escasez de funcionarios en las oficinas de Fiscalía hace que estos se limiten, de forma casi exclusiva, a registrar las causas. El fiscal en el proceso penal de adultos es quien personalmente minuta sus asuntos, hace sus escritos y recursos, y revisa personalmente todas las resoluciones adoptadas por el Juez o el Letrado al Servicio de la Administración de Justicia, los hasta ahora Secretarios judiciales, quienes trabajan en exclusiva para su Juzgado. El Fiscal participa en muchas parcelas de la justicia, prácticamente sin apoyo, lleva sus propias estadísticas, cuadros de control de causas, archivos, modelos y hasta se ve obligado a registrar el trabajo realizado en las aplicaciones informáticas de la Fiscalía. Pretender que puede estar al tanto, además de sus restantes funciones, de todas y cada una de las causas que se tramitan en un Juzgado, de su estado y evolución, es desconocer de forma absoluta la vertebración del Ministerio Fiscal en España. En la Fiscalía española no existe un estudio de la carga de trabajo de cada Fiscal ni de cada Fiscalía, no existen plantillas equilibradas ni con una distribución eficiente, no existe normativa de prevención de riesgos laborales y ahora se pretende que seamos la llave de las prórrogas de la instrucción de las causas penales sin personal, sin herramientas informáticas adecuadas, sin medios de ningún tipo.    Es lamentable que la Fiscalía General no haya levantado la voz para advertir de las consecuencias de una reforma como la que entra en vigor en dos meses.

 

Lejos de invertir y dotar al Estado Español de una Justicia fuerte y eficaz, se pretende solucionar el retraso de la Justicia cerrando puertas a la investigación, que es lo único que va a lograrse con los plazos de caducidad .   Debemos recordar que los edificios judiciales carecen de wifi para conectar con bases de datos, no hay dinero ni interés para algo tan básico como proporcionar Códigos actualizados que nos costeamos los fiscales (la última reforma entró en vigor el 1 de julio), ni mucho menos para ordenadores portátiles con los que acudir a esos Juzgado a tratar de realizar esa labor que ahora nos encomiendan. Se ha eliminado de la Justicia Española la labor esencial que venían prestando Fiscales y Jueces sustitutos y se imponen sustituciones forzosas, que llevan a veces a duplicar sin más la ya de por sí excesiva carga de trabajo.  Ahora -con estos mimbres- se pone un escollo más a la instrucción de las causas que nos llevará a espacios de impunidad con instrucciones deficientes. Queremos poner el acento en que las estadísticas de los tiempos de la Justicia que ofrece la reforma no son ciertas: salvo que para hacer la media se hayan computado los juicios rápidos, cuestionamos que las causas se instruyan como media en seis meses. Como bien sabe la opinión pública las causas, incluso las más sencillas tardan mucho más tiempo en tramitarse; las que no se llevan por juicio rápido, está por encima del año.  

 

La agilización de la justicia pasa por simplificar el procedimiento, por impedir que pueda recurrirse cada paso que el Juez vaya dando, por dotar a la Justicia de medios materiales y personales propios del siglo XXI y no por poner plazos imposibles de cumplir y requisitos de prórroga inasumibles. No se ha escuchado a los profesionales. No hay voluntad de que la justicia funcione.

 

 

Madrid, a 7 de octubre de 2015.

 

 

 

La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)

INFORME DE LA APIF SOBRE EL PRIMER BORRADOR DE COMPROMISO ÉTICO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2 DE OCTUBRE DE 2015

Comentarios al primer borrador de Compromiso Ético para la Fiscalía General, presentado en fecha 2 de octubre de 2015
Comentarios al primer borrador de Proyec[...]
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COMUNICADO DE LA APIF TRAS LA REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA EL PASADO DÍA 17 DE SEPTIEMBRE  

El pasado jueves la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se reunió con el Ministerio de Justicia respondiendo a la invitación que se cursó por el Gobierno de España y que declinaron otras asociaciones de jueces y de fiscales. Debemos elogiar el buen talante, el buen trato, la buena educación y la paciencia ante nuestras críticas por parte de nuestros interlocutores, encabezados por la Secretaria de Estado. Pero todo -absolutamente todo- lo que propusimos al Ministerio:  conversión de plazas de tercera en plazas de segunda, corrección de disfunciones en las Fiscalías, ampliación de plantillas para permitir la movilidad de los fiscales, mejoras en la retribución de las guardias, rectificación de discriminaciones, mejora de los medios materiales, corrección del sistema electoral del Consejo Fiscal, consultas a los fiscales de a pie antes de abordar reformas, creación de una verdadera Carrera administrativa para los fiscales... obtuvo una respuesta negativa, por razones económicas o políticas. No comparte esta asociación la mayoría de las cosas que ha realizado el Gobierno en materia de Justicia en esta legislatura, ni las tasas, ni la reforma del CGPJ, ni el volumen y falta de meditación de las reformas penales y procesales, ni la práctica supresión de los jueces y fiscales sustitutos, ni el modo en que se ha producido, ni la indiferencia ante problemas de fiscales y jueces en el día a día, ni tampoco las relaciones del Gobierno con el Ministerio Fiscal y la ausencia de una normativa adecuada y transparente para terminar con la polémica decisión de acortar el plazo de incompatibilidad del Fiscal General dimitido. Y sin embargo seguimos con espíritu constructivo buscando un diálogo para solucionar problemas. Lamentablemente, la impresión que nos llevamos de esta última reunión es que no se buscaba solucionar problema alguno en el poco tiempo que falta de la legislatura, sino simplemente que la celebración de la reunión era en si mismo el único fin que buscaba el Ministerio con claras intenciones propagandísticas, a pesar de las buenas palabras de nuestros interlocutores, vista la nota de prensa posterior. Quedan en la agenda para la siguiente legislatura, con éste u otro gobierno, medidas decisivas para mejorar la Justicia, empezando por la despolitización de la Justicia que ha acentuado el presente Gobierno y que ni siquiera pueden negar y un cambio de modelo procesal penal. Esta legislatura, en Justicia, en opinión de la APIF, ha sido nefasta, un paso atrás en independencia judicial mientras Juzgados y Fiscalías provinciales y de área siguen colapsados y sin medios.

 

 

La Comisión Ejecutiva de la APIF, Madrid, a 21 de septiembre de 2015

INICIATIVAS APIF (7 de septiembre de 2015)

La asociación ha acordado interponer dos recursos contencioso administrativos contra la sanción recaída contra una compañera de Madrid, por retrasos injustiicados (que nosotros consideramos absolutamente justificados y por tanto injusta la sanción), y por la distribución de trabajo realizada por el Fiscal Jefe de la Audiencia de Las Palmas que consideramos arbitrario y lesivo de los derechos de algunos fiscales.      Además, la APIF redactó un comunicado el día 11 de agosto contra la decisión del Gobierno de acortar el periodo de incompatibilidad para el ejercicio de la abogacía del anterior FGE.   Reproducimos el contenido del comunicado en la siguiente entrada.   

 

Por último, la APIF será recibida por la Secretaria de Estado de Justicia en próximos días.   Barajamos la posibilidad de declinar la invitación dado que el Ministerio no ha hecho caso en nada de lo que relacionado con las condiciones de trabajo de los fiscales le hemos solicitado en reiteradas ocasiones.   Pero vamos a ir, y vamos a tratar de convencer al Gobierno de que queremos gestos ya: no promesas para la próxima legislatura en la que no se sabe quien va a ser nuestro interlocutor

 

COMUNICADO APIF SOBRE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE PERMITIR EL PASO A LA ABOGACÍA DEL ANTERIOR FGE (11 DE AGOSTO DE 2015)

Nos parece enormemente preocupante la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses –dependiente del Gobierno al que debe controlar, lo que ya es para pensar - de permitir la incorporación del anterior Fiscal General del Estado a un despacho de abogados.  Es curiosa en primer lugar la fecha en que se adopta, idónea para disminuir el impacto público de la noticia al conocerse en mitad de agosto.   Se trata de un Fiscal General que ahora mismo no habría agotado el plazo legalmente establecido de permanencia en el cargo como garantía de independencia en su función, y sin embargo, después de su inexplicada dimisión obtiene un beneficio gubernamental de gran importancia.    Creemos que el Fiscal General del Estado es la figura clave para garantizar la aplicación de la ley, decisivo en las estrategias de la Fiscalía en la lucha contra el terrorismo, la corrupción, en las luchas contra los fraudes financieros –que han afectado estos años a importantísimas entidades bancarias-, además de ser quien decide nombramientos claves en la Fiscalía.    Por otra parte es depositario de secretos, de aspectos fácticos de las investigaciones que no deben ser conocidos y que son inherentes a su cargo, conoce de las opiniones que se vierten en las juntas de Fiscalía, de los pareceres de todos los fiscales a quienes quiere consultar.    Que desde el Gobierno se considere que no hay inconveniente en no respetar el plazo de dos años de incompatiblidad después del cese (art. 15 de la Ley 3/2015) para trabajar en un despacho de abogados obliga a reflexionar sobre las causas de su cese en el cargo, los silencios sobre las mismas y pone de manifiesto la necesidad de instaurar un código ético en la Fiscalía.      Todo esto no beneficia nada la imagen de la Fiscalía y la necesaria autonomía respecto del Gobierno, y por ello la APIF lamenta profundamente la decisión adoptada.

 

LA COMISION EJECUTIVA DE LA APIF

DOS CARTAS A LA FGE

La APIF acaba de enviar dos cartas a la FGE, que enlazamos a continuación.   Por un lado para reclamar se provea de Códigos Penales a todos los fiscales en los casos en que como ahora, entran en vigor reformas de enorme calado en la normativa penal.   Son ya 27 reformas del Código, y debemos decir que a partir de ahora debe ser la administración quien nos provea de manera natural de textos legales elementales.   Pedirlo es casi ridículo, pero es que nuestras instituciones miran hacia otro lado, y hay que avisarles de vez en cuando de que hay problemas.   

 

Más grave y de mucho mayor calado es la segunda petición que hacemos a la FGE.   Respetuosamente, le pedimos que cree un Portal de Transparencia en la Fiscalía, y coloque a la institución que debe velar por el cumplimiento de la legalidad, dentro absolutamente de la legalidad.   Algunas de las carencias más evidentes de la Fiscalía en su trato con los fiscales se solucionarán con transparencia, y aunque no es precisa una ley para ser transparente (basta con querer serlo), ahora hay una ley que hay que respetar.  

 

En la APIF buscamos el diálogo y el acuerdo con la Institución para solucionar problemas.  Y seguiremos en esa línea, esperando por ejemplo, una respuesta razonable y satisfactoria a nuestras peticiones. Pero si se nos cierran las puertas, si no es posible avanzar lo más mínimo en nada que signifique el establecimiento de derechos elementales de los trabajadores (incluídas las reglas antiacoso o de protección de riesgos laborales) no vamos a aceptarlo en silencio.   Hay jueces, procedimientos, instancias nacionales e internacionales a las que acudiremos si es preciso.    Ojalá se imponga el buen sentido, pero las cosas que están ocurriendo últimamente no nos predisponen al optimismo.

Carta a la FGE reclamando Códigos Penale[...]
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Carta al FGE sobre creación del Portal d[...]
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UN PASO DE GIGANTES PARA LA CARRERA FISCAL

Un compañero nuestro, asociado a la APIF, tuvo la valentía de recurrir la denegación de un lote concreto de trabajo por parte de su Fiscal Jefe. Al entender que no era un supuesto de inequidad presentó un recurso de alzada dirigido al Fiscal Jefe del TSJ respectivo. Desde F.G.E. se decidió que la única vía de impugnación era la “queja” ante el Consejo Fiscal del artículo 110 de nuestro preconstitucional reglamento de 1969. Tras varios meses resolvieron, ya el compañero había interpuesto recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales al entender desestimada su pretensión por silencio, y respondieron, nuestros compañeros que conforman el Consejo Fiscal, que los repartos de trabajo son equiparables a las órdenes e instrucciones de servicio, que por ello no cabe recurso ante los Tribunales y que la única vía de impugnación interna es esa queja ante el Consejo Fiscal del artículo 110 antes citado. Como denunciábamos en nuestro comunicado del otro día no hay derechos para los Fiscales, se aplica el ordeno y mando y el “in dubio” pro Jefatura y para colmo no hay derecho al recurso, ni regulación, ni amparo. Pero hoy estamos de enhorabuena, los Tribunales se han pronunciado. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una histórica sentencia para la Carrera(sentencia de 15/5/15 de su Sección segunda) ha declarado que las decisiones sobre repartos NO son instrucciones y órdenes de servicio, que además de la queja del artículo 110 del Reglamento cabe la posibilidad de recurso de alzada, que las lagunas de nuestra regulación se deben cubrir acudiendo a la LRJ-PAC, la ley 30/92 cuya aplicación a la Carrera se venía negando y que desde luego cabe impugnar tales decisiones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En la contestación a la demanda que hizo el compañero se llegó a alegar que no tenía interés legítimo pese a formar parte de esa Fiscalía y pretender la adjudicación del lote de trabajo, la Sala desestima la pretensión y deja claro que tiene interés directo.

Con esta sentencia se abre la puerta en la Carrera Fiscal al derecho administrativo, a las garantías y los derechos. Hoy se ha dado un paso de gigantes en esta Carrera. Gracias a los Tribunales y gracias a la valentía de un compañero.

Por su importancia transcribimos los importantes fundamentos de derecho cuarto y quinto de la mencionada sentencia:

“CUARTO. En cuanto al examen y respuesta a las causas de inadmisión invocadas por el Ministerio Fiscal.

Sostiene el Ministerio Fiscal que la decisión del Fiscal Jefe Provincial de asignación de lotes de trabajo debe entenderse asimilable a las instrucciones u ordenes de servicio del artículo 21 de la LRJPAC, y, por tanto, no fiscalizable en sede judicial,

A estas Instrucción y ordenes de servicio se refiere el artículo 21.1 de la LRJPAC cuando dice que “ Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y ordenes de servicio”.

Sobre estos actos administrativos, el Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de diciembre de 2.006 (Rec 3402/2004) ha advertido que “ esas instrucciones y ordenes de servicio no son disposiciones de carácter general (..). Son manifestación de esa potestad que la ley otorga a los órganos superiores jerárquicos en relación con la actividad de los subordinadamente dependientes de ellos para impartir directrices que aseguren un funcionamiento coherente en el seno de una organización administrativa determinada”

Y añade la sentencia que “ Al cumplir con esa finalidad no son normas jurídicas y carecen de relevancia para terceros de modo que solo vinculan a los órganos inferiores a los que se dirigen sin que en consecuencia innoven el ordenamiento jurídico, razón por la que tampoco han de ser publicadas salvo cuando como señala el párrafo segundo del número 1 del artículo 21 de la Ley (...) cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse”.

Por su parte, la STS de 21 de junio de 2.006 ha señalado lo siguiente

El carácter normativo o no que haya de atribuirse a una determinada decisión de un órgano administrativo no depende solo de la clase de materia sobre la que verse. Lo verdaderamente decisivo es el alcance y significación que su autor otorgue a su decisión.

Esto último comporta que cuando la decisión tenga como únicos destinatarios a los subordinados del órgano administrativo y exteriorice para ello pautas para la futura actuación administrativa que dichos subordinados hayan de realizar, habrá de admitirse que lo que es está dictando no es un acto normativo con eficacia externa para los ciudadanos sino una de esas instrucciones u ordenes de servicio que autoriza y regula el citado art 21 de la LRJPAC.

En este segundo caso se tratará, como apunta el recurso de casación, de simples directrices de actuación dictadas en ejercicio del poder jerárquico con el fin de establecer los criterios de aplicación e interpretación jurídica que habrán de ser seguidos en futuros actos administrativos. Y, paralelamente, la correspondiente decisión tendrá una eficacia puramente interna y carecerá de valor vinculante para las personas cuya situación jurídica resulte afectada por esos posteriores actos administrativos que puedan dictarse, los cuales podrán combatir a través de los correspondientes recursos administrativos o jurisdiccionales, la validez de los criterios que hayan sido aplicados en esos concretos actos administrativos que individualmente les afecten(..)”.

Ahora bien, en el caso, el recurso contencioso-administrativo se extiende, como acto originario, a la comunicación del Fiscal Jefe asignación de un determinado lote de trabajo en aplicación del Decreto de 20 de junio del mismo año. Dicho en otras palabras, la comunicación no es mas que un acto aplicativo de dicho Decreto, que también se impugna y que debe entenderse como el acto originario impugnado.

Y ese Decreto si constituye, por su contenido, una decisión susceptible de ser recurrida en vía administrativa o, en su caso, en vía judicial, una vez agotada la vía administrativa, y ello por cuanto, sin perjuicio de que la Ley 30/1992 constituye el instrumento normativo para colmar las lagunas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y sin perjuicio de que determinadas decisiones de los Fiscales Jefes Provinciales puedan equiparse a ordenes de servicio e instrucciones, lo decisivo, en el que caso, es que la decisión de asignación de un determinado lote de trabajo a un determinado Fiscal y no a otro de la plantilla no constituye una mera orden de servicio sino una decisión que afecta a los derechos e intereses legítimos del recurrente en cuanto Fiscal de la plantilla y, en principio, es susceptible de ser recurrida.

Y es que no estamos ante una directriz de actuación en ejercicio del poder jerárquico sino ante una decisión de reparto de la carga de trabajo que afecta a la esfera profesional de los Fiscales de la plantilla y que, por tanto, se separa de la naturaleza y contenido de esas ordenes de servicios o instrucciones -- las llamadas circulares en la anterior regulación administrativa- que la jurisprudencia contencioso-administrativa no considera susceptibles de recurso administrativo o contencioso-administrativo.

Otra cosa será el alcance posible del control administrativo o jurisdiccional de la decisión y, en particular, si dicho control puede ir mas allá de los elementos reglados del acto recurrido, lo cual será examinado mas adelante.

QUINTO. En cuanto a las causas de inadmisión planteadas por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta por ministerio de la ley.

 

La primera de ellas es la irrecurribilidad de la decisión al no existir actividad administrativa impugnable cuando se trata de la decisión de asignación de lotes de trabajo por el Fiscal Jefe Provincial en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 22.5 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,sin queexista una previsión de recurso de alzada ante tal atribución.

Sin embargo, al margen de la nebulosa de la normativa del Ministerio Fiscal en cuanto al sistema de recursos administrativos frente a decisiones gubernativas, referidas al funcionamiento de la Fiscalía, y con la dificultad de encaje con arreglo a dicha normativa de los posibles recursos internos para entender agostada la vía administrativa, como previa al acceso a la vía judicial, que nos obliga a acudir a la aplicación de la LRJPAC, lo decisivo en el caso es que se trata de una decisión adoptada en ejercicio de las atribuciones que confiere al Fiscal Jefe Provincial, como órgano del Ministerio Fiscal, el artículo 22.5 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ( en adelante EOMF), que literalmente le atribuye la de “ Organizar los servicios y la distribución del trabajo entre los Fiscales de la plantilla y la adscripción de los componentes de la Sección de Menores, oída la Junta de Fiscalía”, ...”

La propia referencia que hace el Consejo Fiscal a que la decisión se adoptó en cumplimiento de las atribuciones del precitado artículo revela una toma de postura sobre la competencia del órgano que debe ser susceptible de impugnación, siendo indiscutible para esta Sala esa posibilidad de impugnación, como mínimo, de los aspectos reglados del acto, entre ellos, el ejercicio por el órgano competente del Ministerio Fiscal de la competencia atribuida por ley.

Tampoco la referencia al artículo 110 del Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Decreto 437/1969, supone que quede excluida la impugnación y sustituida por la queja a la que se refiere el precepto.

El precitado artículo prevé el supuesto en el que un Fiscal se considere perjudicado por la falta de equidad en la distribución de trabajo que le hubiere sido asignado por el Fiscal Jefe, en cuyo caso podrá formular “observaciones fundadas” a dicho Fiscal Jefe, a quien corresponderá estudiar tales observaciones con posibilidad de oir a los demás Fiscales de plantilla, con obligación de dar cuenta de la resolución que adopte al Consejo Fiscal “ el cual podrá modificar aquella acordando, además, cuanto estime oportuno”.

La vigencia de dicho precepto preconstitucional no puede entenderse de otro modo que en paralelo a la garantía que supone en un estado de derecho el sistema de recursos contra decisiones gubernativas y/o administrativas de los distintos órganos del Ministerio Fiscal en ejercicio de sus atribuciones, fiscalizables en el orden contencioso-administrativo. Dicho de otra forma, el aquí demandante podía haber acudido a plantear observaciones fundadas al Fiscal Jefe Provincial sobre reparto de lotes de trabajo pero no lo hizo sino que decidió la impugnación en vía administrativa, y, agotada dicha via a la jurisdiccional. Y así lo hizo , en un primer momento, frente a la desestimación presunta del recurso de alzada que interpuso ante el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, y, remitidas las actuaciones al Consejo Fiscal, ante lo que entendió que era respuesta al recurso de alzada por el pleno de dicho órgano.

No era posible, por tanto, interpretar su impugnación como una observación o queja en base al precitado artículo 110 del Reglamento de 1.969, en tanto en cuanto que dejaba claro que interponía recurso de alzada y , por ello, era obligado el tratamiento de su escrito como tal medio de impugnación.

Tampoco podemos estar de acuerdo con la imputación al demandante de los posibles errores en cuanto a la utilización del régimen de recurso administrativos, ni con la referencia a su insistencia en querer atribuir a cada una de las actuaciones que han tenido lugar en relación con lo que constituye el objeto real de la controversia una naturaleza jurídica distinta

La legislación básica del procedimiento administrativo común configura la información sobre el sistema de recursos administrativos como pieza garantizadora de todo el procedimiento administrativo, y, en el caso, en momento alguno fue informado el recurrente del régimen de recursos posibles ante su petición de ofrecimiento del lote de trabajo a los Fiscales de la plantilla y, en su caso, asignación al peticionario. Es mas, incluso de entender que la decisión no era fiscalizable debió ser informado el recurrente cuyo derecho a la defensa va unido de forma, indisoluble, a ese régimen informativo.

Es justificable, por tanto, que ante una normativa confusa en cuanto al sistema de recursos el propio Fiscal Jefe Provincial elevase consulta a la Inspección Fiscal que la emitió en el sentido de entender que la decisión de reparto de lotes de trabajo era susceptible de recurso de alzada ante el Consejo Fiscal, y es del todo razonable y justificable la decisión del recurrente de interponer el recurso de alzada para su resolución por el Fiscal Superior dado el silencio de la normativa reguladora del sistema de recursos internos en relación a la materia relativa a la distribución de lotes de trabajo, que obliga a su integración con las normas de la LRJPAC en un modelo jurídico en el que no es posible la existencia de lagunas.

Sin perjuicio de lo anterior, y con animo de apurar el razonamiento, cabe decir que al haber acudido la parte al procedimiento especial de amparo judicial era innecesario el agotamiento de la vía administrativa previa, pues lo decisivo es la vulneración del derecho fundamental, por lo que, aún cuando no hubiese sido ampliado el recurso contencioso-administrativo, hubiese sido posible el examen del acto jurídico del Fiscal Jefe Provincial referido a la desestimación de la solicitud de asignación del lote de trabajo.

La otra causa de inadmisión que invoca el Abogado del Estado, va unida a la falta de legitimación del recurrente para el ejercicio de la acción. Sin embargo, dicha legitimación deriva de su condición de Fiscal de la plantilla de la Fiscalia Provincial de Las Palmas, y, junto con ello, de su solicitud de ofrecimiento y, en última instancia, de asignación de un determinado lote de trabajo.

Queda acreditada esa condición de titular de un interés legítimo del artículo 19,1 de la LCA, Como dice la STS de 7 de marzo de 2.012 ( re c. 586/2011) Para que la legitimación activa pueda reconocerse (..) ha de existir un vínculo especial y concreto entre el sujeto y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o nexo que habrá de ponderarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés jurídico concreto o económico, traducible en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso entablado ( SSTC 7/2001, de 15 de enero ; y 24/2001, de 29 de enero )”

Cabe decir, por ello, que el interés a la asignación de un determinado lote de trabajo por cumplir los requisitos para ello entra de lleno en el concepto de interés legítimo a efectos de ejercicio de una pretensión en sede judicial en cuanto evidencia esa relación entre sujeto y objeto del debate en el pleito, esto es, el beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso, que se traduce en la concreta asignación del bloque de trabajo solicitado en su día.

No se trata aquí de ningún interés abstracto en un determinado reparto, ni de un interés por la legalidad, sino de un interés personal, directo y legitimador para la impugnación del acto que deniega la solicitud de asignación de un determinado lote en sustitución del que le correspondía hasta la fecha.”

 

DIAS DE LUTO EN LA FISCALÍA

 

Ante las tristes noticias del fallecimiento en días pasados de tres compañeros queremos expresar nuestras condolencias a sus familiares y amigos. En estos duros momentos desde la APIF queremos expresar nuestro reconocimiento a la gran labor desarrollada a lo largo de su vida profesional. La Carrera Fiscal ha perdido a tres grandes personas y a tres magníficos profesionales.

D.E.P.

Excma. Sra. Dª. Soledad Cazorla Prieto

Ilma. Sra. Dª. Sonsoles Cabal Cuesta

Ilmo. Sr. D. Juan José Meca Garrido

 

Conclusiones IX Congreso de la APIF

 

Como informábamos en fechas recientes hemos celebrado nuestro IX Congreso en Sevilla los días 10 a 12 de abril de 2015 en Sevilla. Han sido dos días intensos que hemos compartido con los compañeros. Hemos debatido muchas cuestiones y de ellas hemos extraído dieciséis conclusiones que consideramos importantes para la Carrera. Debemos avanzar en derechos, garantías y transparencia, debemos avanzar en un Ministerio Fiscal del siglo XXI.

Las conclusiones puedes encontrarlas en el apartado Conclusiones del Congreso A.P.I.F.

Congreso Sevilla

Del 10 al 12 de abril estaremos celebrando nuestro Congreso anual en Sevilla. Gran momento para debatir propuestas para la mejora de la Carrera y para reencontrarse con amigos. Comenzamos el viernes 10 por la tarde: Contaremos para la inaguración del Congreso con la Excma. Sra. Fiscal General del Estado y con la Ilma. Sra Fiscal Jefe de Sevilla. Seguiremos con la dación de cuentas de la ejecutiva y el sábado abordaremos importantes temas para el futuro de nuestra Carrera. Por su puesto quedan invitados todos los Fiscales de España que quieran conocernos.

Programa Congreso APIF(1).doc
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Luchamos por los derechos de todos, luchamos por la Carrera

 

Desde la APIF luchamos porque de una vez por todas se reconozcan en nuestra Carrera derechos básicos. En línea con esa idea básica, que rige nuestro funcionamiento, presentamos en noviembre del año pasado un escrito al entonces FGE sobre las sustituciones y el derecho a cobrar en las mismas condiciones que los jueces, desde el primer día y aunque sólo sea un día(escrito inicial que tenemos colgado más abajo).A ese escrito nunca se dio respuesta, así que cuando nos reunimos con la FGE en febrero le dimos una copia de aquel escrito. Seguíamos sin respuesta cuando se impuso a algunos de nuestros asociados juicios penales de un compañero que se encontraba disfrutando del permiso de paternidad. Pues bien reclamamos se nos certificara el día como sustitución y se nos abonara en consecuencia. La Fiscalía General del Estado contestó que no, pero no nos rendimos tan fácilmente y hemos presentado un recurso de alzada . Creemos que es importante llegar hasta el final en esta lucha, porque aunque hablemos de poco dinero por cada día de sustitución, va por el bien de todos los Fiscales.

petición sustitución web.doc
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VISITA DE LA APIF A LA NUEVA FGE

El pasado día 10, la Ejecutiva de la APIF visitó a la nueva FGE, en una reunión cordial que duró algo más de dos horas.   Hicimos un repaso a las principales carencias de nuestra Carrera y de la Justicia y presentamos a la FGE una serie de documentos de trabajo realizados por la asociación dirigidos a mejorar en diferentes áreas el funcionamiento hasta ahora creemos que deficiente de la Fiscalía, especialmente en lo que se refiere a las garantías internas de los Fiscales y a la ausencia de una reglamentación adecuada que reconozca derechos y establezca obligaciones y un mecanismo regulado para ejercer unos y responder de las otras.    Nuestras quejas se centraron asimismo en el funcionamiento de la Inspección Fiscal, que creemos que ha llegado el punto de necesitar un cambio radical en  su organización y en su contribución a la buena marcha de la Fiscalía. A continuación colgamos algunos de los documentos que aportamos, entre los cuales son novedosos el Protocolo de Incorporación de Fiscales a las Fiscalías y una Encuesta períódica que proponemos a la FGE para evaluar el ambiente laboral en las Fiscalías.  

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL FUNCIONAMI[...]
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Carta al FGE sobre sustituciones carrera[...]
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ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE LECR. POR EL PROFESOR GERÓNIMO GARCÍA SAN MARTÍN

Dejamos colgado un artículo del profesor Gerónimo García San Martín, publicado en la Revista Jurídica La Ley, sobre el recientemente aprobado Anteproyeto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aborda las cuestiones más importantes de un texto que ha suscitado por igual interés y polémica.

Comentario sobre el Anteproyecto de LECr[...]
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CONTESTACIÓN DE LA INSPECCIÓN FISCAL A LA IMPUGNACIÓN APIF SOBRE PROPUESTA DEL FISCAL JEFE DE LAS PALMAS SOBRE PRODUCTIVIDAD

La Sección Territorial de la APIF en Las Palmas impugnó la Propuesta sobre productividad realizada por el Fiscal Jefe por reconocer ciertos dictámenes como jurídicos, no siéndolo en realidad a efectos de productividad y relativos al primer y segundo semestre del año pasado. La cuestión se va a investigar por la Inspección y esperaremos los resultados.   Pero no podemos dejar de sorprendernos por las alegaciones de la Asociación de Fiscales, "que manifiestan sus dudas ante la legitimación de las asociaciones para formular alegaciones a las propuestas de productividad".   Al margen de la cuestión de como la AF pudo conocer el escrito que habíamos dirigido a la Inspección por conducto del Fiscal Jefe, la cuestión tiene gracia: la AF tiene dudas de que las asociaciones tengan legitimación para defender a los fiscales en materia de productividad.  A ver que dice la Inspección... 

Oficio de la Inspección Fiscal sobre imp[...]
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COMUNICADO APIF SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA FGE (9 DE ENERO DE 2015)

Ante el inminente nombramiento de la Excma. Sra. Dª. Consuelo Madrigal como Fiscal General del Estado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) manifiesta:

 

Que en la nueva FGE hay depositadas muchas esperanzas en que comience la regeneración del funcionamiento de la Institución que -no obstante nuestros ofrecimientos- rehusó realizar su predecesor. Para conseguir un Ministerio Fiscal imparcial es preciso proceder a su progresiva despolitización, y en este sentido creemos que el nombramiento de esta compañera, que va a ser la primera mujer elegida Fiscal General es un gran acierto que abre inicialmente un nuevo horizonte, ya que la Sra. Madrigal le debe su progreso profesional únicamente a su trabajo, a su competencia y a su buen trato. Se ha comprometido a luchar contra la corrupción sin cuartel y confiamos en que pronto de los pasos necesarios para hacer realidad ese deseo. Pero también hay que comenzar a abordar muchos de los problemas que hoy afectan a los fiscales y a la Fiscalía, sobre los cuales la APIF ha realizado diversos estudios y se ofrece lealmente a ayudar a su solución: deficientes medios materiales, un lamentable y disgregado sistema informático, pobres condiciones de trabajo, falta de garantías profesionales frente a los abusos de la jerarquía y mucha mayor transparencia en el funcionamiento de la Institución y singularmente en el Consejo Fiscal. La tarea es enorme y no hay mucho tiempo. Pero creemos que puede ser la persona adecuada para liderar ese proceso.

 

CARTA AL INSPECTOR FISCAL SOBRE LAS CONDICIONES DEL NUEVO CONCURSO DE TRASLADO

Madrid a 9 de diciembre de 2014

 

Excmo. Sr.:

 

Ante la recepción a última hora del viernes, vía correo electrónico, de una carta remitida a todos los Fiscales por el Excelentísimo Sr. Inspector Fiscal, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales  queríamos poner de manifiesto la enorme inquietud producida en la Carrera por el último párrafo de la mencionada misiva (la obtención de plaza en el concurso que ahora va a convocarse "casi sin duda" les impediría tomar parte en un concurso de plazas de nueva creación). No se puede desconocer la existencia de un gran número de Fiscales que llevan meses esperando la publicación del concurso. Sin duda estos compañeros habrán recibido con alegría la comunicación de que próximamente se va a publicar uno y de que, igualmente, en fechas recientes va a ampliarse nuestra plantilla orgánica con la creación de nuevas plazas, que permitirán más movimientos. Si bien debe acompañarse, éste y cualesquiera otros concursos que se publiquen,  de la necesaria seguridad jurídica y transparencia.  Por ello solicitamos se realice un esfuerzo suplementario para aclarar si van a poder optar o no a las plazas de nueva creación aquellos Fiscales que por este próximo, o por cualquier otro concurso anterior, estén “congelados” por aplicación del artículo 36.5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal(en adelante E.O.M.F.). Y de ser posible las razones de que se aplique esa “congelación” a las plazas de nueva creación. El texto del artículo 36.5ª del E.O.M.F., que establece la referida congelación, con una u otra redacción ha estado siempre presente y sin embargo no siempre se ha aplicado esa “congelación” a las plazas de nueva creación. Por ello solicitamos que antes de la salida de este nuevo concurso estén claras las reglas de juego y las razones que llevan a aplicar o no la mencionada “congelación” en el concurso que se prevé para un futuro próximo con plazas de nueva creación.

 

Atentamente,

 

 

 

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)

 

 

 

 

 Excmo. Sr. Inspector Fiscal

ANTE EL FALLECIMIENTO DE JUAN JOSÉ BEGUE

La APIF quiere expresar a la familia de nuestro compañero fallecido ayer, en especial a su esposa Rebeca y a los compañeros de las Fiscalías de Lugo y La Coruña, nuestro gran pesar por la desaparición de Juan José, tan joven y en plena madurez profesional.    Con gran respeto hacia su persona y trayectoria profesional, nos ofrecemos ahora a su familia para cualquier cosa que de todos y cada uno de nosotros puedan necesitar.  

ESCRITO APIF AL FGE SOBRE EL SISTEMA DE SUSTITUCIONES EN LA CARRERA FISCAL

La APIF ha presentado hoy un escrito dirigido al FGE solicitándole que modifique el sistema de sustituciones en la Fiscalía a fin de agilizarlo y de permitir el cobro de las sustituciones que se prestan por un periodo inferior a diez días.  Como acostumbramos a hacer, este tipo de documentos tiene un ponente (es este caso, Pilar Álvarez), y se termina de cerrar recogiendo las observaciones de los compañeros que quieren participar.    El documento tiene calidad, de manera que puede servir de inspiración para impugnaciones de fiscales que deseen reaccionar contra el sistema vigente.  Confiamos de todas maneras en que el FGE nos haga caso, dado lo razonado de nuestras observaciones.

Carta al FGE sobre sustituciones carrera[...]
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DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER

Hoy, 25 de noviembre, es el Dia Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer.   Como fiscales, uno a uno, una a una, y como asociación, estamos comprometidos seriamente en este propósito.  El Diario de León publica hoy un suelto con el nombre de una compañera que simboliza estos esfuerzos, la Delegada de Violencia de Género de esa población, María Engracia Martínez, elogiando su esfuezo y profesionalidad.  Es un buen reconocimento a los fiscales que luchan contra esa lacra.

REUNIÓN APIF CON EL MINISTRO DE JUSTICIA

Esta mañana, día 13 de noviembre, la dirección de la APIF ha sido recibida por el Ministro de Justicia y su equipo ministerial.    Es un hombre de buenas palabras, conciliador y amable, lo que se agradece.  Pero a estas alturas las palabras no bastan.  Habrá que ver lo que hace, como se porta y si está dispuesto a luchar porque las cosas mejoren realmente, haciendo o deshaciendo lo que está mal.   La lista de reclamaciones profesionales de la APIF se reproducen a continuación.   Se trata en su mayoría de peticiones que hemos buscado que sean de su competencia estricta, que su implantación no sea gravosa y que no requieran demasiado tiempo de tramitación.   

Propuestas para el Ministro de Justicia,[...]
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CARTA DE LA APIF DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL CURSO ORGANIZADO POR EL CONSEJO FISCAL

Querido compañero:

 

Me atrevo a escribirte estas líneas (con copia al FGE) como Director y Coordinador del Curso del Consejo Fiscal que organizas titulado “El Consejo Fiscal y la defensa de los derechos estatutarios de los fiscales. Perspectivas de futuro”.  Se trata de un curso institucional, evidentemente, y eso tal vez debería haberte llevado a considerar que la ausencia de ninguna persona como ponente –ni siquiera en una mesa redonda, o asignándole una breve intervención- en representación de la APIF era algo inconveniente.  Te he de recordar que en este momento hay dos asociados a la APIF que están litigando en los Tribunales contra actos que han sido informados por el Consejo Fiscal, en uno de ellos con vulneración incluida de derechos fundamentales y en otro por un acto emanado del Consejo al que tu mismo perteneces.   Quizá en un curso institucional de esta naturaleza sería conveniente escuchar el punto de vista de quienes sin estar en el Consejo tenemos una visión radicalmente discrepante del modo con que hasta la fecha se están llevando los asuntos en el órgano de representación de los fiscales, y quienes consideramos que es precisa la transparencia, la eliminación de los votos por cuotas, que es preciso superar la ausencia de normativa o la desprotección de los fiscales ante sus reclamaciones derivadas de su condición de funcionarios públicos.  

 

Si es un curso institucional y no un curso de amigos y coasociados, creemos que el punto de vista de lo que tenemos que decir nosotros y otros compañeros podría haber sido de algún interés.

 

Todo ello sin perjuicio, naturalmente, del afecto y respeto que sabes que te profeso y de las ganas de que ya que ahora no ha sido posible, podamos en el futuro encontrar algunas vías de colaboración.  

 

Recibe un fuerte abrazo.  

 

 

Madrid, a 6 de noviembre de 2014

 

 

Salvador Viada Bardají. Portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)

 

 

 

COMUNICADO CONJUNTO DE ASOCIACIONES DE JUECES Y DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

 

La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.

 

El desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno. La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española. Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

 

Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:

 

* Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial.

 

* Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.

 

* Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

 

* Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.

 

* Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

 

* Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

 

* Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

 

* Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.

 

A 5 de noviembre de 2014


Suscriben:

 

 

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)

Foro Judicial Independiente

Jueces para la Democracia

Unión Progresista de Fiscales

 

 

INICIATIVA APIF PARA MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA

La dirección de la APIF ha tenido hoy, 4 de noviembre de 2014, una reunción con el FGE.  Le hemos puesto de manifiesto una serie de deficiencias en el funcionamiento de la institución y le hemos propuesto una serie de mejoras que caen en el ámbito estricto de su competencia.  A continuación damos publicidad al documento que le hemos entregado.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL FUNCIONAMI[...]
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INICIATIVA DE LA APIF CONTRA EL ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN LA FISCALÍA

La APIF acaba de enviar una Carta al FGE urgiéndole a tomar iniciativas para la creación de un Protocolo de actuación contra el acoso laboral y sexual, y por la discriminación por razón de sexo en la Fiscalía.   La Carrera Fiscal está fuertemente jerarquizada y no hay por increíble que parezca iniciativa alguna en la jerarquía desde la publicación de la LO 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, para su implantación en nuestra institución.    Dejamos aquí el documento que hemos dirigido al FGE, para conocimiento general.  

ETICA, COMPAÑERISMO Y HUMANIDAD, por Pilar Álvarez, Fiscal.

Desde ayer estoy madurando la idea de escribir estas líneas y creo que estoy en la obligación moral de hacerlo. Y por qué desde ayer se preguntará más de uno, pues, entre otras cosas, porque me contaron una historia terrible que exige que de una vez por todas digamos lo que muchos pensamos pero no nos atrevemos a decir en voz alta. Somos una Carrera de rumores y de dimes y diretes. Me han dicho que fulanito es un peligro o que se escaquea, y eso lo vamos propagando de café en café hasta que se convierte en realidad virtual de esta carrera nuestra. Para ejemplo el tan conocido por todos, hasta el aburrimiento, añadiría yo, caso Frago. Esos rumores incesantes de "hay mucho más" que nadie concreta pero que avalan en la consciencia de muchos la expulsión de un compañero vulnerando sus derechos y el principio de legalidad que todos prometimos un día defender. Muchos saben que nunca me ha atraído la pesca, con todos mis respeto a los pescadores, alguno de los cuales aprecio mucho, y mucho menos la pesca en río revuelto, pero todos leímos la afirmación que de la APIF y de mi misma hizo una asociación supuestamente hermana. Y así podría nombrar múltiples ejemplos, el mío sin ir más lejos. Muchos, o la mayoría, conocen que hace unos años presente una queja y una denuncia contra mi Fiscal Jefe. Al final la denuncia quedó en un cajón para siempre y la queja la resolvieron de aquella manera dos años después. Pero a lo que iba es que me ha llegado la noticia cierta, por dos testigos directos de las conversaciones que además son absolutamente fiables, que en la Fiscalía General, al parecer, hay más de uno que me conoce por "esa chica que se queja tanto". Sí esa chica que se queja tanto, lo que viene a ser llamarme quejica. Ahora bien se olvidan, esos que así me llaman, de añadir alguna explicación a que se guardaran esas quejas en los cajones durante años. Defender los derechos de uno no es ser quejica, es ser valiente, y mucho, en esta Carrera nuestra donde se echan de menos los derechos y las garantías. Si uno cree que está siendo tratado injustamente, en mayor o menor medida, tiene derecho a quejarse, a buscar soluciones. Y ya está bien de tanta rumorología, frases inconclusas y conversaciones de café. El que tenga algo que decir que lo diga claramente y lo demuestre con hechos y pruebas. Lo contrario, en ocasiones, causa un daño terrible al agraciado con los rumores. Por ello, señores y señoras, seamos serios, somos Fiscales y con rumores y sospechas lo único que debemos hacer, como hacemos sobre el papel que despachamos diariamente, es pedir un sobreseimiento provisional, cuando no un archivo directo. En las conversaciones de café apliquemos la misma regla, que la humanidad y el compañerismo debe ser lo último que perdamos junto con la dignidad.

INFORME DE LA APIF AL PROYECTO DE CAMBIO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FISCALES

La APIF contestó anoche, día 9 de septiembre de 2014, al proyecto de cambio del régimen disciplinario para la Carrera Fiscal con un informe muy crítico con el sistema que se diseña.  Un sistema endurecido que nuevamente está privado de garantías para los Fiscales, y que establece claramente un diseño desigual en el régimen de responsabilidades: la mayor parte de las mismas recaen sobre quienes obedecen, y muy pocas sobre quienes mandan.   Un sistema que creemos incompatible con un sentido mínimamente respetutoso de los derechos y libertades de los fiscales y que parece diseñado para amedrentar mucho más que para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía.  El informe se incorpora a continuación.

Propuesta de la FGE para la reforma del [...]
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Informe APIF sobre la reforma del régime[...]
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CURSO DE DEFENSA DE LOS FISCALES ORGANIZADO POR APIF

CURSO DEFENSA DE LOS FISCALES (CURSO APIF)
Fechas: Días 3 y 4 de julio
Lugar: CEJ, C/ Juan del Rosal número 2.
Director del Curso: Salvador Viada Bardají, Fiscal del Tribunal Supremo
 
Dia 3.
9.15 horas: Recepción y recogida de documentación.
9.30 horas: Sanciones Disciplinarias. Ilmo. Sr. D.  Fausto José Cartagena Pastor, Fiscal del Tribunal Supremo.
10.30 horas: El expediente sancionador: principios generales y tramitación.  Recursos administrativos.  Ilmo. Sr. D. Fausto José Cartagena Pastor, Fiscal del Tribunal Supremo.
12 horas:  El expediente sancionador en la Carrera Judicial.  Ilmo. Sr. D. Luis Vacas.  Inspección del CGPJ.
13.30 horas:  ¿Son recurribles las decisiones del FGE por los Fiscales? Legitimación. Recursos contra decisiones del FGE tras informe del Consejo. Recursos contra sanciones.  Ponente: Ilma. Sra. Dña. ELISA DE LA NUÉZ SÁNCHEZ-CASCADO Abogado del Estado
 
Día 4.
9 horas:  Los Fiscales y su jerarquía.  Arts. 25 y 27 del EOMF.  Acoso laboral.  Ponente, Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada.
10 horas:  El papel del Consejo Fiscal como defensor de los derechos de los Fiscales.  Ponente: Ilma. Sra. Dña. Mª ANGELES MARTINEZ MARZAL Fiscal. Fiscalía Provincial Valencia
11 horas: El procedimiento contencioso administrativo. Plazos. Postulación. Competencia. Tramitación y recursos. El procedimiento de vulneración de derechos fundamentales.  Ponente: Ilmo. Sr. D.   JOSE YUSTY Magistrado del Jugado de los Contencioso Advo. nº 3 de Madrid
12.30 horas: Mesa redonda: Situación del régimen jurídico de los funcionarios del Ministerio Fiscal.  Ponentes: Sr. D.   ANTONIO LOPEZ  Fiscal de las Palmas; Sra. Dª Mabel Morán, Fiscalía de Reus; D. Pedro Rubira, Fiscal de la Audiencia Nacional
Pilar Álvarez, fiscal de Huelva

HOJA DE RUTA

Por María Pilar Álvarez Menéndez, fiscal

 

Lo decía un compañero el otro día y yo creo que sí, que podemos. Poco a poco, sin prisas, pero sin pausa. Podemos ir cambiando las cosas, el "status quo" imperante. Y si no pues al menos vamos a intentarlo. Es difícil, lo sabemos,  más aún cuando seguimos siendo pocos, pero le ponemos ganas, honestidad, sentido del deber y respeto infinito por la institución y por lo que esta representa o debiera representar. Tenemos que volver a poner en valor al Fiscal como representante y defensor de la Sociedad. Y para eso tenemos que empezar por recuperar la ilusión y el compromiso. Acentuar el compromiso de los fiscales con la institución y con su trabajo implica reforzar su sentido de la responsabilidad, y a la vez dotarles de los cauces adecuados de expresión y queja. No es posible que en pleno siglo XXI sigamos huérfanos de una regulación que nos indique cómo actuar y cómo discrepar de las decisiones que entendamos improcedentes. Nuestro papel en la sociedad es demasiado importante para que cunda la desmoralización. Ese es el camino fácil, el de la desmoralización, pero nosotros queremos coger el difícil, el espinoso, y creo que podremos avanzar todos juntos. La impresión que se transmite,  45 años después del Reglamento de 1969, es que no interesa que haya regulación ni seguridad jurídica y eso, sencillamente, no puede ser.  Creo que todos debemos tener claro como debemos actuar de puertas hacia fuera, pero, también, de puertas hacia dentro. Si debemos ser intachables en nuestra actuación profesional, si debemos ser referente de los valores que estamos obligados a defender, pues eso mismo debemos exigirlo de puertas hacia dentro. Debemos exigir a la jerarquía que nos dote de cosas tan sencillas, y a la par tan importantes, como transparencia, seguridad jurídica, motivación y regulación. Y así, poco a poco, ir creando un Ministerio Fiscal seguro de sí mismo, orgulloso de lo que hace y de quien es, y del papel que representa. En eso luchamos desde la APIF. En y por los derechos de los fiscales. Nadie debe olvidarse, ocupe el puesto que ocupe, que todos somos compañeros y que un día todos empezamos igual, si bien cada día la situación en las Fiscalías provinciales y de Área es más complicada. Guardias con sus juicios rápidos, sus faltas, sus comparecencias de prisión; el nuevo régimen de sustituciones que te lleva, sin más, a duplicar tus servicios y tu papel; la escasez de medios personales y materiales, que en algunos sitios se torna realmente dramática; multiplicación de servicios...Todo eso que los fiscales de a pie llevamos lo mejor que podemos. Ahora bien, si un día queremos plantear una queja, una discrepancia, o recurrir una decisión, debemos tener cauces reglados para hacerlo. La discusión y el debate, en términos correctos, enriquece la institución. Es hora de dejar de ver al que se pronuncia, más allá del café, sobre lo que piensa y sobre lo que debería hacerse como un elemento perturbador. Hay que poner en valor la honestidad, la integridad y el pluralismo y así, entre todos, hacer que las cosas cambien. 

ARTICULO PORTAVOZ APIF SOBRE EL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN

Publicado el día 9 de junio en Lawyerexpress. Por Salvador Viada

La última semana de mayo, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) celebró su  VIII Congreso Ordinario.   Las Conclusiones de ese Congreso están colgadas en la página Web de la asociación (http://www.apifiscales.es/), pero creo conveniente destacar el deseo de cambio profundo del funcionamiento de la Fiscalía española que anida en el conjunto de conclusiones y propuestas.   La APIF se opone a la politización de la Fiscalía, hoy palmariamente existente a través de la influencia de dos asociaciones afines a los dos partidos políticos dominantes en España y del nombramiento del FGE por el Gobierno de turno.   Esa politización es nefasta en muchos aspectos profesionales: política de nombramientos, arrinconamiento de reclamaciones profesionales, opacidad de la Fiscalía, falta de transparencia en las relaciones entre la FGE y el Gobierno, mala imagen pública de la Fiscalía, entre otras.  Pero es devastadora en la lucha contra la corrupción.    Fiscalía y CGPJ politizados, unidos a la institución de los aforamientos, a las presiones sobre la Policía Judicial, al control de la Agencia Tribuntaria, dejan al ciudadano estupefacto y a la APIF en disposición de plantar cara.   No vamos a callar, no será este tiempo un tiempo oscuro para la Fiscalía y la Justicia española contando con nuestro silencio, con nuestra complicidad.    Por ello reclamamos una serie de reformas en profundidad en la organización de la Fiscalía que se orienten en la dirección contraria (transparencia, imparcialidad, neutralidad política) a la actual (dominada por el oscurantismo, el sectarismo y la politización).    Creemos que hay que potenciar la imparcialidad en la actuación de los fiscales, mucho más que potenciar el principio de unidad y dependencia jerárquica.   Creemos que hay que luchar por erradicar el miedo profesional, que hoy se fomenta con un sistema disciplinario falto de garantías, que ha sido incluso denunciado por instancias internacionales y por los Tribunales españoles.   Creemos que desde la libertad profesional (con sujeción naturalmente a la ley y las reglas generales internas de la Fiscalía), se rinde mejor, se optimiza el rendimiento profesional de cada fiscal y se afronta la enorme carga de trabajo con mejores garantías para todos.  Creemos en la aplicación de la ley con igualdad para todos, y condenamos la influencia política en nuestra actuación profesional.  Creemos que la plantilla de la Carrera fiscal es absolutamente insuficiente, y además, que la creación de muchas plazas de libre designación por criterios de confianza, además de fomentar el clientelismo, ahonda la brecha profesional entre fiscales.  Creemos que debe suprimirse la tercera categoría profesional, porque los fiscales de la misma hacen exactamente el mismo trabajo que los de segunda, pero ganan mucho menos.   Creemos que han de liberarse a los fiscales de tareas accesorias, como la elaboración de estadísticas, en un contexto general de racionalización del trabajo profesional.   Estamos en contra de la general supresión de los fiscales sustitutos, y reclamamos su recontratación en los casos de bajas estructurales o de cargas de trabajo desproporcionadas.   Y vamos a promover un debate sobre la conveniencia de eliminar los aforamientos de fiscales, como paso previo a la supresión de todos los aforamientos en España.  

 

La APIF sale fuerte de su Congreso, con gran ilusión y ganas de mejorar la Justicia y la Fiscalía en España, pero conscientes de que hay estructuras construidas desde hace muchos años desde el poder político con la colaboración de la jerarquía profesional, que no va a ser fácil desmontar.   Pero vamos a intentarlo.

 

CONCLUSIONES DEL VIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF), CELEBRADO EN EL HOTEL EUROSTAR DE POZUELO DE ALARCÓN

1.  La APIF manifiesta su absoluto rechazo a la actuación del Fiscal Jefe Provincial de Madrid en la nueva distribución del trabajo de los Fiscales de Madrid que está implantando mediante un sistema “alegal”,  no previsto en el Estatuto del Ministerio Fiscal y en contra de la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscalía (135 votos en contra, 19 votos a favor y 20 abstenciones). Ha obligado a todos los miembros de la plantilla a participar en lo que ha denominado “concurso”, pero que sin embargo no puede calificarse de tal porque 1º) no es voluntario, 2º) los Fiscales no pueden pedir las plazas que deseen , sino que tienen que optar obligatoriamente a las 125 plazas que ha dispuesto; y 3º) no se basa en criterios claros,  objetivos ni reglados de atribución de las mismas, como lo acredita el hecho de que lleva ya varias resoluciones provisionales con nuevos y constantes cambios.

 

            Como consecuencia de todo ello la Fiscalía de Madrid está padeciendo desde hace casi un año, tras el nombramiento del nuevo Fiscal Jefe, una revisión integral del sistema de trabajo que está provocando graves distorsiones en el desempeño de la función pública y que, en suma, causa un grave perjuicio a los ciudadanos.

 

            Hacemos saber a la Carrera que la APIF ha presentado un recurso de alzada ante el FGE (no contestado hasta la fecha por éste), y que ha adoptado el acuerdo de estudiar la viabilidad de la interposición de un recurso contencioso administrativo si la situación no se corrige en el seno de la institución, si bien, previamente consultaremos directamente con nuestros asociados y con el resto de los compañeros en la plantilla de la Fiscalía de Madrid para analizar las diferentes opciones y posibilidades.    Hacemos asimismo saber a la Carrera Fiscal que dondequiera que se genere un conflicto con la jerarquía (distribuciones de trabajo discriminatorias, concursos, estadísticas, acosos laborales, desplazamientos del mérito y la capacidad, discrepancias técnicas o cualquiera de otra naturaleza), los fiscales pueden contar con que la APIF está interesada y dispuesta a evitar cualquier daño con origen arbitrario a los compañeros.   

 

 

2.   En relación con la Comisión de Productividad,  el Congreso  respalda expresamente la actuación del representante de la APIF, se pronuncia de manera clara e inequívoca por la supresión de la obligación de hacer estadísticas para los fiscales; por la supresión del baremo; y por la necesidad de distribuir la productividad (que debe necesariamente conservarse) rotatoriamente entre los fiscales de la plantilla, salvo causas justificadas en contra de ello.  El sistema de la rotación funciona satisfactoriamente en varias fiscalías y creemos que es el que mejor evita conflictos y discriminaciones injustificadas entre los compañeros.  El sistema actual lo consideramos profundamente injusto y una carga innecesaria para todos, los que cobran productividad y los que no.   Naturalmente, se trata de una cuestión necesariamente ligada a una justa distribución del trabajo en las fiscalías sobre la cual el Congreso considera necesario que se establezcan garantías a los fiscales para impugnar aquellas que se consideren discriminatorias o perturbadoras para el servicio, y con especial atención en esos aspectos a la protección de los derechos de los más vulnerables, es decir, los más modernos y los recién llegados a una Fiscalía.  Se exige la configuración de un sistema informático fiable que de una vez permita a la Fiscalía General conocer el volumen de trabajo real que se despacha en cada fiscalía y por cada fiscal.

 

En cuanto a la composición de la Comisión de Productividad  consideramos esencial que, además de las tres asociaciones profesionales,  se debería contar con la presencia de miembros de las diversas fiscalías de España, incluidas Secciones Territoriales y de Área, y no solo de los Jefes de las mismas, para que puedan exponer su experiencia y opinión sobre la materia.

 

            3.  El Congreso se pronuncia contra la institución de los fiscales eméritos (con todo el respecto que nos merece la trayectoria de los mismos y el trabajo que desempeñan), en tanto se sigan produciendo restricciones y eliminaciones de fiscales sustitutos en las Fiscalías donde realmente hacen falta mayores refuerzos.  Estamos en contra de la automatización en la designación de los eméritos, y si los recursos de la Fiscalía son limitados, se considera que esos recursos han de aprovecharse en beneficio del colectivo, del funcionamiento correcto de la Fiscalía, y especialmente para cubrir las más graves deficiencias para el mejor servicio público.  En todo caso, el criterio ha de ser el de la vacante o de la baja temporal.

 

4.  Necesidad de ampliar la plantilla de fiscales de carrera.    La APIF considera que no se puede mantener la calidad en la prestación de la función fiscal, con unas competencias que se amplían y con unos recursos que se reducen.    Se insta al FGE que luche en el Ministerio de Justicia (nos ofrecemos a ayudarle en ese trabajo) para aumentar significativa y constantemente la plantilla de la Fiscalía.

 

5.  La APIF exige un replanteamiento de las funciones de las diferentes fiscalías, con un análisis de la conveniencia de mantener las Fiscalias de los Tribunales Superiores de Justicia, vista que la reforma procesal que justificó su instauración no se ha producido ni tiene visos de producirse.   La consecuencia es que se trata de fiscalías cuyas Memorias ofrecen una carga de trabajo muy inferior a las de la inmensa mayoría del resto.

 

6.   La APIF se muestra contraria de manera rotunda y radical al sistema de sustituciones instaurado por la Instrucción 3/2013, y reclamamos la contratación de sustitutos en casos de vacantes estructurales, de maternidad, de cargas de trabajo desproporcionadas.     Consideramos que la cuestión merece un estudio mucho más profundo que el que se ha realizado y que ese estudio ha de contar con la intervención de una representación sustancial de los fiscales que padecen las consecuencias de la mencionada Instrucción.  

 

7.   Reclamamos un completo estudio de la aplicación a la Carrera Fiscal de la normativa de riesgos y enfermedades laborales, como ocurre con cualquier otro trabajador en España.

 

8.  Nos manifestamos a favor de la equiparación de las categorías profesionales de 2ª y de 3ª, entendiendo que la persistencia de la tercera categoría discrimina profesional y económicamente a muchos compañeros y genera innecesarios conflictos entre fiscales.   Defendemos que la antigüedad ha de remunerarse a través de trienios que se correspondan en su cuantía a la función que se desempeña.

 

9.   Reclamamos la instauración de un sistema de garantías profesionales a través de un cambio profundo en el régimen disciplinario, y a través de la regulación de un completo sistema de recursos administrativos, con claridad de competencias de cada cual para resolverlo, y con una remodelación profunda de la Inspección Fiscal.    Consideramos que la opacidad actual, derivada de un desinterés institucional, debe suprimirse e instaurarse un sistema transparente de derechos y obligaciones, de garantías profesionales y de un procedimiento que permita que nunca más los Tribunales de Justicia imputen a la Institución el haber vulnerado los derechos fundamentales de un fiscal para separarlo del servicio.  Creemos que urge la derogación del Reglamento de 1968 y un cambio de reglas profesionales a través de un nuevo Estatuto y de un nuevo Reglamento.    E instamos a la FGE a actuar en esa línea.

 

            10. La APIF valora el resultado electoral a las elecciones al Consejo Fiscal de manera moderadamente positiva, toda vez que nuestra candidatura ha obtenido un apoyo muy significativo, expresivo de un anhelo de cambio en parte de la Carrera.  Sin embargo se considera que ese cambio que creemos que ha de producirse ha de pasar por un aumento de la implantación de la APIF en la Carrera.   Es preciso un crecimiento de la asociación, que ya ha comenzado, ha de ser mucho mayor.    Para ello, se acuerda potenciar la comunicación con la Carrera a través de la página web de la asociación (apifiscales.es), actualizando la lista de correos, emitiendo un boletín electrónico periódico de actividades, utilizando nuestras cuentas en las redes sociales (facebook y twitter), e intensificando nuestra colaboración con los medios de comunicación.    Se acuerda la conveniencia de mantener un contacto permanente con los compañeros de la Carrera Fiscal, asociados o no asociados, y se acuerda mantener un control sobre la actuación del Consejo Fiscal, a fin de instar y procurar la defensa de los derechos, de los intereses y de las legítimas aspiraciones de todos los fiscales, relegando el sectarismo, el favoritismo, el amiguismo o cualquiera otro factor que entre en conflicto con el tratamiento igual para todos

 

11.  El Congreso aprueba la acción de elaborar un Boletín bimensual, recogiendo las principales actividades de nuestra asociación.

 

12.  El Congreso encomienda a la Comisión Ejecutiva la tarea de abrir un debate en la Carrera Fiscal sobre la conveniencia de eliminar el aforamiento de los miembros del Ministerio Fiscal, como primer paso para la supresión de todos los aforamientos en España.

 

13.  La APIF remarca la necesidad de establecer unas condiciones en la Fiscalía que garanticen una lucha contra los delitos relacionados con la corrupción política y económica, para lo cual es imprescindible la eliminación de cualquier injerencia política en la institución.  Consideramos que la transparencia en las relaciones entre el FGE y el Gobierno -en la línea recomendada por el Consejo de Europa, informe Greco 2014- es una buena manera de empezar a trabajar en ese sentido.    

 

14.   Mantendremos relaciones de lealtad y colaboración institucional con la FGE en todas las materias que repercutan en el buen funcionamiento de la institución, de la Justicia y de los derechos, intereses y aspiraciones profesionales de los Fiscales.  Pero asimismo mantendremos una actitud de respetuosa independencia frente a la FGE, por lo que la Institución y los compañeros podrán siempre conocer lo que opina la APIF, y las razones de ello.    Creemos que la Fiscalía precisa de cambios profundos, empezando por la transparencia general en el funcionamiento interno de la Fiscalía, como hemos puesto de manifiesto en nuestro programa electoral, y colaboraremos con la Fiscalía General en abordar esos cambios.   

 

Madrid, a 24 de mayo de 2014

 

LA APIF RECURRE EN ALZADA ANTE EL FGE LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO DE LA FISCALÍA DE MADRID

Hemos recurrido la distribución de trabajo impuesta a los fiscales de Madrid porque creemos que la misma presenta objeciones de legalidad.   No nos satisface la decisión del Consejo Fiscal sobre el tema considerando que la cuestión no es competencia de dicho órgano.  Si eso fuera así, cabría preguntarse qué garantías tienen los fiscales, si los nombramientos de jefes son discrecionales; si la actuación de los Jefes es discrecional; y si nadie salvo quien ha nombrado al Fiscal Jefe puede corregir cualquier acto que realice el Fiscal Jefe.   Creemos que este diseño es equivocado (o al menos, es absolutamente gravoso para los derechos de los fiscales y para la existencia de garantías en los ciudadanos en la prestación del servicio), y por tanto hay que intentar cambiarlo. Pero hay algo a lo que los juristas nos debemos, que es al respeto a la ley.  Si una organización de trabajo es arbitraria, o carece de motivación, o lesiona los derechos de los afectados, hay que combatirla.    Ojalá se imponga el sentido común, pero por lo pronto, la APIF recurre en alzada.  A continuación tenéis colgado el recurso.  

recurso de alzada a FGE contra organizac[...]
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CARTA DE LA APIF AL FGE SOBRE LA FISCALÍA DE MADRID

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ante las comuniucaciones que durante muchos meses han venido trasladándonos varios fiscales sobre la nueva organización de la Fiscalía de Madrid -y sobre todo, sobre el procedimiento adoptado para su establecimiento-, y con pleno respeto a las potestades de cada cual, ha hecho llegar al FGE una carta solicitando su intervención en relación con el proceso abierto en la Fiscalía.   Le trasladamos nuestra convicción de que las soluciones a la organización de una Fiscalía tan compleja, con cientos de fiscales afectados, han de ser consensuadas con la plantilla y no establecidas unilateralmente por la Jefatura.   

CARTA APIF AL FGE SOBRE FISCALÍA DE MADR[...]
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¡ATENCIÓN!: PROPUESTA PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE FISCALES JEFES

Nuevo comunicado de la APIF, enviado al FGE.  Tratamos de democratizar el funcionamiento interno de la Fiscalía, oyendo a los fiscales que van a ser afectados en los nombramientos de sus jefes o tenientes fiscales.   Y reclamamos -una vez más- del Consejo Fiscal el respeto a la profesionalidad, al currículum y a la antiguedad de los candidatos, evitando premiar la afinidad política o ideológica.

 

 

COMUNICADO DE LA APIF EN RELACIÓN AL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS  FISCALES JEFES

 

            Siguiendo con la propuesta dela APIF, desarrollada en el Congreso de Marzo de 2013  en la conclusión III,   ante los recientes nombramientos discrecionales publicados en el BOE de 13-4-2013 y la próxima renovación de  varias jefaturas de Fiscalías Provinciales, solicitamos:

 

           Se instaure  un procedimiento por el que se oiga,  con carácter no vinculante,  el parecer de las plantillas de fiscales en los procesos de renovación de las jefaturas.

 

           Esta propuesta  se enmarca dentro del proceso de democratización interna de la Fiscalíainiciada en la Reformadel Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 50/1981 de 30 Diciembre que consagró la facultad de los fiscales de plantear ala Junta de Fiscales de la fiscalía a la que esté adscrito,  cualquier controversia relativa a una orden del Fiscal Jefe que considere contraria a las leyes.

 

Y se manifiesta tanto en el Real Decreto 437/1983 de 9 de Febrero sobre Constitución y Funcionamiento del Consejo Fiscal, modificado por el RD 232/2005, que consagró como miembros del Consejo Fiscal el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector, en condición de vocales natos, así como por nueve vocales electivos, que deberán ser miembros del Ministerio Fiscal, en servicio activo y pertenecientes a cualquiera de sus categorías", como en la reforma del EOMF  de fecha 24/2007 de 9 de Octubre que instauró la temporalidad en los cargos a todos “ los Fiscales Jefes y aquéllos que desempeñen un cargo con responsabilidad propia específica, definido por ley o incluido expresamente en la plantilla “,en aras de garantizar  lo que deben ser sus verdaderos fines, a saber, “ la renovación periódica en el ejercicio de la responsabilidad pública, más acorde con las reglas de funcionamiento de una sociedad democrática que con la naturaleza vitalicia de los cargo “.

 

Esta propuesta no es contraria a los principios de jerarquía normativa y dependencia jerárquica, reguladores de esta institución al destacar que  el parecer de los componentes de la fiscalía tendrá carácter exclusivamente  consultivo.

 

Sin embargo, consideramos esencial que se instaure de forma inmediata esta propuesta, como un cauce más al elegir a un Fiscal Jefe, ya que permitirá disponer al Consejo Fiscal  de la opinión de los componentes de la plantilla afectada, en aspectos fundamentales como capacidad de mando, de dirección y organización dela Fiscalíae incluso de conocimientos jurídicos, al ser en muchos casos compañeros los que se presentan a Fiscal Jefe.

 

No concretamos el modo y forma en que se debería desarrollar esta propuesta al depender de los medios que dispongala Fiscalía Generaldel Estado. Sin embargo, consideramos que la forma  correcta debería ser que un fiscal adscrito a la inspección fiscal se trasladara ala Fiscalíaafectada para oír personalmente a todos los fiscales que voluntariamente deseen participar. Estas audiencias deberán realizarse reservadamente y en secreto, en un despacho de la fiscalía, pudiendo los compañeros manifestar oralmente o por escrito su opinión. Este fiscal deberá redactar el mismo día un resumen de todo lo afirmado por los compañeros, debiendo unirse al mismo todos los escritos que voluntariamente hayan presentado los fiscales. Posteriormente  deberán entregarse a todos los componentes del consejo fiscal, copia autenticada tanto del informe como de los escritos presentados, 3 días antes de la votación.

Por último, la resolución que acuerde el nombramiento deberá hacer una valoración y explicación de los motivos por los que se rechaza o admite el parecer de los componentes de la plantilla.

 

En todo este proceso deberá garantizarse el secreto y anonimato de todo lo manifestado por los componentes de la plantilla tanto oralmente o por escrito.

 

Esta propuesta se extiende a todos los cargos de carácter discrecional de la carrera fiscal, sin distinción.

 

          Asimismo, se considera necesaria una nueva regulación del EOMF y del ROMF en la que se establezca una promoción  en la carrera Fiscal  y una designación de Jefes basada en baremos reglados que reflejen el mérito y la capacidad, y no en criterios principalmente discrecionales  , puesto que la  discrecionalidad debe diferenciarse de la mera arbitrariedad, respetando  el curriculum y la antigüedad de los peticionarios y evitando tener en cuenta  afinidades  políticas o ideológicas

¡ATENCIÓN!: ÚTIL ESQUEMA PARA DESPACHAR EJECUTORIAS

¡ATENCIÓN!: INSTRUCCIÓNES DE LA FISCALÍA DE MADRID

COMUNICADO DE LA APIF, 5 DE ABRIL DE 2013

Reproducimos a continuación el Comunicado dirigido a la Carrera y a la opinión pública sobre el caso de Juan Antonio Frago, y fundamentalmente, sobre la penosa falta de garantías profesionales establecidas en nuestro Estatuto.  Falta de garantías que afectan a la materia de nombramientos, de ceses y sobre todo -porque es lo que afecta a la totalidad de los fiscales- en materia disciplinaria.   Si a eso se le suma la falta de voluntad manifiesta de los vocales electos en el Consejo Fiscal de exigir al FGE el establecimiento de esas garantías, todos estamos en situación vulnerable.   

 

COMUNICADO DE LA APIF SOBRE LA SEPARACIÓN DE SERVICIO DE UN FISCAL

 

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ante la separación de servicio acordada por el Ministerio de Justicia respecto de nuestro compañero Juan Antonio Frago, quiere manifestar a la Carrera y a la opinión pública, lo siguiente:

 

1)      Que tal como manifestamos en su día en una Carta abierta al FGE, creemos que la sanción de expulsión de la Carrera Fiscal es respecto de los cargos que se le reprochan al expedientado absolutamente desproporcionada.

 

2)      Con independencia de ello, que será una cuestión que deberá ser resuelta por los Tribunales de Justicia, queremos señalar que creemos que el procedimiento sancionador, especialmente ante el castigo disciplinario más grave que puede imponerse a un Fiscal, tiene graves deficiencias en lo que se refiere a garantías procesales.

 

3)      Sorprende, por ejemplo, que siendo preceptiva la audiencia del Consejo Fiscal antes de que el FGE proponga la sanción al Ministro –que es el competente para adoptarla- no se establezca la audiencia del afectado en dicho Consejo Fiscal, cuando si es preceptivo escuchar al Inspector, que es quien eleva la propuesta de sanción al Consejo Fiscal.  Es decir, los vocales escucharon a quien proponía la sanción, pero no a quien iba a ser sancionado.

 

4)      Sorprende también que no sea preceptivo el escuchar al expedientado por el Fiscal General o por el Ministro antes de adoptar la sanción disciplinaria más grave que se puede imponer a un fiscal.

 

5)      En el caso concreto, resulta que la ofendida por la conducta de Frago, su Fiscal Jefe, es vocal del Consejo Fiscal, de manera que todos los vocales la conocían –llevan trabajando con ella tres años- pero casi nadie conocía a Frago, por lo que era más necesaria en nuestra opinión la citación de éste para que pudiera explicarse.

 

6)      Además, todas las actuaciones relativas al expedientado, incluso concluido el expediente, han estado rodeadas de un secreto intolerable para la Carrera Fiscal que tiene derecho a saber cuales son los criterios de interpretación de las faltas disciplinarias que pueden determinar la expulsión de un fiscal.   El Consejo Fiscal necesita un cambio radical en su regulación, y en la APIF reclamamos -como hicimos en su día al FGE-lo siguiente:

 

a.      La gradualidad de las sanciones, de modo que no pueda imponerse como primera sanción la expulsión de la carrera si los hechos no son tan extraordinariamente graves, como en este caso, no lo aparentan;

 

b.       La audiencia oral y presencial del fiscal interesado ante los órganos competentes para proponer o informar la sanción, en particular, ante el Consejo Fiscal en los supuestos de su competencia;

 

c.        La intervención en los expedientes disciplinarios de un fiscal adicional o de un representante de otra institución pública en garantía del cumplimiento de la legalidad y de los derechos de los interesados, tal y como se regula en el régimen disciplinario judicial;

 

d.      La regulación de las incompatibilidades entre las funciones de jefatura,  las representativas, las de provisión de cargos  y las disciplinarias en el Consejo Fiscal, de modo que no sea el mismo órgano que informa el  nombramiento de jefes el que decida posteriormente sobre los expedientes disciplinarios originados por presuntas insubordinaciones frente a esos mismos jefes. A estos efectos, la mera abstención formal en un órgano tan reducido no supone suficiente garantía de no contaminación del resto del mismo.

e.       Una modernización en su funcionamiento que establezca para los fiscales las mínimas garantías que los fiscales procuramos para el común de los ciudadanos.

 

Madrid, a 5 de abril de 2012