COMUNICADO SOBRE LAS PALABRAS DEL FGE A UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante las palabras del FGE a un medio de comunicación por cuanto ponen de manifiesto un profundo desconocimiento de cuestiones básicas de nuestra organización interna:

 

1)LLegados a este punto de desinformación a la opinión pública y a la Carrera queremos defender públicamente a las Fiscales de la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado encargadas del caso Púnica ante las informaciones erróneas y comentarios subsiguientes que se están difundiendo sobre ellas, incluidos del propio FGE. Las compañeras NO desobedecieron ninguna orden legal. Se les dio una única orden por escrito del FGE: abstenerse "de dirigir la solicitud de elevación de Exposición Razonada" respecto a una persona en concreto y eso hicieron en todo momento.

Luego recibieron una orden verbal de un Fiscal de informar por escrito que no se asumió por su forma, por su fondo y por venir a través de un Fiscal al que no están jerárquicamente subordinadas.

 

2)Hemos de señalar que cada Fiscal depende jerárquicamente del Fiscal Jefe de su Fiscalía, de su Teniente Fiscal cuando actúa en funciones de jefe y desde luego del FGE.

Por ello las Fiscales de la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, como los/as Fiscales de cualquier otra Fiscalía de nuestro país no dependen jerárquicamente de los Fiscales del Tribunal Supremo, sean estos o no Fiscales de Sala. Tampoco dependen de los Fiscales de la Secretaria Técnica, ni aún que hablemos del Fiscal de Sala Jefe de esa Fiscalía ni mucho menos de su Teniente Fiscal.

Es un profundo error hablar de estos fiscales como “superiores” de las Fiscales de la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

Tendrán un cargo más relevante si se quiere dentro del organigrama del Ministerio Fiscal pero el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica sólo es superior jerárquico de los Fiscales destinados en la Secretaria Técnica. Y el Fiscal de Sala que dirige cada una de las secciones del TS es superior jerárquico de los fiscales de esa sección.

 

3)El artículo 27 del EOMF es una garantía para el Fiscal que recibe una orden ilegal o que estima por cualquier otro motivo improcedente. No se ofrece ni se ha ofrecido nunca. Es una decisión personal de cada Fiscal hacer uso de dicha garantía cuando recibe una orden de su superior jerárquico, Fiscal Jefe o FGE.

 

4) Nos parece muy grave que la decisión tomada por el FGE en una causa se conozca antes por el particular al que afecta la decisión que por las fiscales encargadas de despachar el asunto, como ha ocurrido en este caso.

 

5)El Fiscal elegido para ocupar la Jefatura de la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado no era el mas antiguo de los peticionarios, tendrá otros méritos, sin duda, pero no el ser el más antiguo. La Teniente Fiscal de esa Fiscalía que solicitó el cargo ocupa el puesto 192 del escalafón de Fiscales, la Fiscal María Teresa Gálvez Diez, que también lo pidió, ocupa el puesto 203 del mencionado escalafón, mientras que el designado está en el 295(según el escalafón de 2011 último publicado).

 

6)Lo ocurrido ha suscitado importantes recelos hacia nuestra institución, fomentado por las informaciones erróneas que se han difundido.

Nos preocupa, al contrario de lo que parece transmitir el FGE en esa entrevista, la falta de autonomía del Ministerio Fiscal y de cada uno de sus integrantes, la falta de regulación básica de nuestra Institución, la carencia de medios con la que trabajamos. Prioridades que es necesario cubrir antes de tratar de cambiar el modelo de la investigación de las causas penales.

Mientras los Fiscales sigamos con un EOMF que exige reformas importantes, sin reglamento y sin medios básicos para desempeñar nuestro trabajo atribuirnos la llamada “instrucción” supondría una merma de garantías para el ciudadano.

 

 

Las Palmas, a 14 de marzo de 2017

Comisión Ejecutiva de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF) 

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COMUNICADO SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS DEL CF DE LOS DÍAS 22 Y 23/2/2017

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales defendemos la necesidad de una justicia independiente del resto de los poderes del Estado. Las importantes funciones encomendadas al Ministerio Fiscal hacen necesario dotar a la Institución de la AUTONOMÍA necesaria para el debido desarrollo de las mismas, sin ninguna injerencia. Debemos buscar siempre la calidad técnica y la mejor defensa de la sociedad y del ciudadano, y para eso cobra una especial importancia el sistema de nombramientos. La estructura jerárquica es instrumento de la unidad de actuación del Ministerio Fiscal por ello adquiere singular relevancia la objetividad en los méritos de los designados para puestos de jefatura o de especial relevancia  configurándose así una auténtica  carrera profesional. Por ello venimos defendiendo:

 

1.-la necesidad de un cambio en el Consejo Fiscal. Y en particular en el sistema de elección plasmándose un sistema proporcional para que tengan cabida todas las opciones de la carrera y estén debidamente representadas todas las categorías profesionales. No debe estar permitido que los Consejeros electos puedan optar a cargos de libre designación. El Consejo Fiscal debe entenderse como un servicio a la Carrera, eliminando toda sospecha de uso para fines personales por muy justificados que estos sean.

 

2.- la necesidad de establecer un baremo de méritos que otorgue      objetividad a los nombramientos, sin perjuicio de la valoración de otras cualidades personales de gestión y dirección de personal que deben tener quienes ejerzan las jefaturas. Se debe nombrar por criterios objetivos que permitan desterrar la afinidad, el amiguismo o la orientación política de cada uno.

 

3.-la necesidad de motivar debidamente las decisiones que se adopten en esta materia, única vía de garantizar la erradicación de la arbitrariedad y de todo atisbo de incurrir en una posible desviación de poder.

 

4.-la necesidad de dotar al sistema de designación de la necesaria transparencia y publicidad: Publicidad de los planes de actuación y de los curriculums de los candidatos, publicidad de los decretos de nombramiento debidamente motivados.

Finalmente queremos mostrar nuestra profunda inquietud por las noticias salidas en prensa en las últimas semanas, que ponen de manifiesto la existencia de posibles injerencias externas en los nombramientos y la toma anticipada de decisiones sin oir al órgano asesor legalmente previsto, el Consejo Fiscal.

Las Palmas a 23/2/17

La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

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COMUNICADO EN APOYO COMPAÑERAS CASO PÚNICA

 

Ante las declaraciones del Ministro de Justicia a diversos medios de comunicación en los últimos días desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales queremos precisar:

 

1.-No es cierto que el Gobierno pueda "requerir al Ministerio Fiscal para que actue en un sentido o en otro". La única facultad que tiene el Gobierno en relación al funcionamiento del Ministerio Público es conforme al artículo 8.1 del EOMF " Uno. ... interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público."

 

2.-La unidad de actuación y dependencia jerárquica son los instrumentos a través de los cuales se vertebran nuestras relaciones internas  para asegurar la unidad de actuación a lo largo y ancho del territorio nacional.

 

3.-En principio cada Fiscal tiene autonomía para ejercer su trabajo conforme a su interpretación del asunto encomendado,   con pleno respeto a la legislación y a las circulares, instrucciones y consultas de la FGE, vehículo a través del cual se unifica nuestra actuación a través de órdenes generales.

 

4.-Los asuntos se reparten en el seno de las Fiscalías conforme a criterios previamente establecidos y es el Fiscal que despacha el asunto el que asume la responsabilidad de sus dictámenes e informes. Por supuesto sin perjuicio de las órdenes generales y particulares que pueda recibir para el despacho de un asunto concreto.

Órdenes e instrucciones que entendemos, máxime si pretenden atribuirnos la investigación de las causas penales, que deben regularse con mayor detalle y sólo permitirse instrucciones particulares positivas que insten a investigar asuntos. Y debe dotarse, en todo caso, a tales órdenes particulares de la necesaria transparencia

5.-Si bien el Fiscal que recibe una orden concreta en un asunto no tiene la obligación de acatarla ciegamente. Conforme al artículo 27 del EOMF " Uno. El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General de Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala.

Dos. Si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera."

Y ello sin perjuicio de la posibilidad que arbitra el artículo 23 en cuanto a la avocación de las causas "Los miembros del Ministerio Fiscal son autoridad a todos los efectos y actuarán siempre en representación de la Institución. En cualquier momento de la actividad que un Fiscal esté realizando en cumplimiento de sus funciones o antes de iniciar la que le estuviese asignada en virtud del sistema de distribución de asuntos entre los miembros de la Fiscalía, podrá su superior jerárquico inmediato, mediante resolución motivada, avocar para sí el asunto o designar a otro Fiscal para que lo despache. Si existe discrepancia resolverá el superior jerárquico común a ambos. La sustitución será comunicada en todo caso al Consejo Fiscal, que podrá expresar su parecer."

 

Lo anómalo debería ser que cualquier Fiscal de este país, como jurista de acreditada solvencia profesional, no discutiera aquellas órdenes que entendiera por cualquier motivo improcedentes.

 

6.-Aprovechamos la ocasión para solicitar una vez más se nos dote de un reglamento constitucional. Nuestro Reglamento Orgánico del año 1969 debería haberse cambiado en el plazo de un año desde la aprobación del Estatuto Orgánico del año 1981(Disposición Final Primera de la Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Pronto se cumplirán cuarenta años de vida en democracia y seguimos con una norma preconstitucional que origina muchos problemas en su interpretación diaria.

7.-Queremos mostrar públicamente nuestro pleno apoyo a los Fiscales Anticorrupción de este país que con total dedicación y entrega cumplen con su función cada día, pese a la enorme presión bajo la que trabajan y la escasez de medios con los que cuentan.

Igualmente solicitamos que con urgencia el Consejo Fiscal ampare a las compañeras injustamente atacadas en los medios de comunicación.

 

Las Palmas a 16 de febrero de 2017

La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

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COMUNICADO SOBRE LOS CASOS PÚNICA Y CASO BANCO DE ESPAÑA

Se han producido dos acontecimientos que deben hacernos reflexionar sobre el funcionamiento de la FISCALÍA ESPAÑOLA:

  • La estimación del recurso de apelación interpuesto por una acusación popular, por parte de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, dando lugar a que se citen como investigados al Gobernador  del Banco de España y  al Presidente de la CNMV, en el procedimiento sobre la salida a bolsa de BANKIA.
  • La supuesta orden dada por la FGE de no promover la investigación del Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia por supuesto delito de prevaricación.

 

Tales hechos no son homogéneos pero ponen de manifiesto serias deficiencias de la actual configuración del Ministerio Fiscal para que pueda asumir la función de llevar la INSTRUCCIÓN de las causa penales en ESPAÑA.

El primer aspecto señalado, supone que por el Ministerio Público se descartó la necesidad de que tales AUTORIDADES (al frente de dos instituciones de control y vigilancia) debían comparecer en sede judicial como investigados (antes imputados) por hechos que, al menos en abstracto, tuvieron conocimiento y capacidad para intervenir (e incluso evitar). Se trata de hechos de enorme trascendencia que parece conveniente esclarecer y para ello resulta necesario que tales responsables públicos comparezcan como investigados. Ha tenido que ser la Sala la que obligue a que se practiquen estas declaraciones.

El segundo aspecto nos parece más grave porque pone de manifiesto el funcionamiento defectuoso del Ministerio Público, por la actual regulación de la estructura jerárquica de nuestra INSTITUCIÓN. Tal estructura y el principio de unidad de actuación han de interpretarse como subordinados a la consecución del objetivo que garantiza nuestra Constitución: LA SEGURIDAD JURÍDICA. Por ello, desde nuestro punto de vista, las órdenes particulares o singulares, no tienen sentido como instrumento para conseguir la unidad de actuación subordinada a la seguridad jurídica. Pero es que además no alcanzamos a comprender (ni debe admitirse) que las órdenes, dentro de nuestra institución, sean negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un posible delito. De admitirse las órdenes singulares o particulares éstas han de ser siempre positivas y, a ser posible, por escrito. Esto es, incoe Vd. procedimiento o investigue Vd. ese hecho y a esa persona (no al contrario).

Por otra parte, este hecho, pone de manifiesto la necesidad de constituir, a nivel de fiscalías periféricas,  de manera forzosa secciones de delitos relacionados con la corrupción y  que se dote de relevancia propia a las de económicos, potenciando tanto sus medios personales como materiales.

Desde nuestra perspectiva, con estos dos acontecimientos, el Ministerio Fiscal, tal como está configurado, se aleja aún más de poder asumir la función de instrucción de las causa penales. Es necesario no sólo decir que el Ministerio Público tiene autonomía o independencia sino que lo decisivo es que en realidad la tenga y el ciudadano lo perciba.

 

Las Palmas de Gran Canaria a 15 de febrero de 2017.

La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

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ÚLTIMO COMUNICADO EN APOYO DE LA FISCAL JEFE DE BARCELONA Y LOS FISCALES Y JUECES DE CATALUÑA

Ante los graves incidentes ocurridos en Barcelona la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales quiere mostrar su absoluto apoyo y solidaridad a la Fiscal Jefe de Barcelona y a todos los compañeros de Cataluña, jueces y en especial fiscales, que cumplen con absoluta profesionalidad con su trabajo diario. Somos un Cuerpo del Estado que hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y en eso trabajamos día a día para hacer de este país un lugar en el que convivir en paz con independencia de la ideología de cada uno. El respeto al marco constitucional y al Estado de Derecho es la única vía para una convivencia pacífica. El uso por algunos de las vías coactivas no hará sino reforzarnos en el compromiso que todos asumimos al tomar posesión del cargo. Sólo desde el respeto se puede construir una sociedad democrática.

No pueden tolerarse las actuaciones totalitarias e irrespetusosas con el Estado de Derecho, único marco de convivencia válido para todos los ciudadanos. Por ello mostramos nuestro apoyo a todos los compañeros que se ven perturbados en el ejercicio legítimo de nuestra profesión y en especial en estos días a los compañeros de Barcelona y por extensión de toda Cataluña.

 

Las Palmas a 10 de febrero de 2017

 

La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF) SOBRE LA ATRIBUCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN CRIMINAL A LOS FISCALES

 

Ante los recientes y reiterados mensajes del Gobierno respecto a trasladar la instrucción de las causas penales al Ministerio Fiscal, la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales (APIF) quiere poner de manifiesto lo siguiente:

 PRIMERO: Actualmente los fiscales y jueces de Instrucción están desarrollando su labor con enormes dificultades como consecuencia de las recientes reformas procesales penales llevadas a cabo en nuestro país. Estas reformas introducen elementos impropios del sistema vigente en un  intento de lavar la cara a nuestro vetusto procedimiento. De esta forma se ha trasladado al vigente procedimiento penal, que responde a un sistema mixto inquisitivo-acusatorio, en el que el que dirige la instrucción es el Juez, instrumentos propios de un proceso penal en el que el encargado de la instrucción es el Fiscal lo que ha provocado importantes disfunciones.

Por poner sólo dos ejemplos, es lo que ocurre con el reformado artículo 324 L.Ecrim. que impone el plazo perentorio de SEIS MESES para la instrucción de las causas simples, dejando la llave de los plazos al Fiscal que no es quien instruye. O el artículo 588 bis c) del mismo texto legal que, tras la reforma, impone la resolución - por parte del Juez de Instrucción, oído el Fiscal - en EL PLAZO DE 24 HORAS, para acordar intervenciones telefónicas.

 

SEGUNDO: La APIF considera muy positivo que el Ministerio Fiscal sea el encargado de la instrucción de todas las causas penales en España, tal como ocurre con casi  todos los países de nuestro entorno. A nuestro juicio es la  mejor forma de justicia penal. En efecto, el sistema ACUSATORIO PURO, resulta el  más garantista con los derechos de los ciudadanos y, por otra parte, también es el más eficaz en la persecución de todas las causas penales – especialmente las más complejas (drogas, terrorismo, delincuencia económica, cibercrimen, corrupción política, etc.).

 

TERCERO: No obstante la implantación de este sistema acusatorio puro implica la necesidad de llevar a cabo importantes reformas estructurales en la actual configuración del Ministerio Fiscal. Hoy en día tenemos una regulación parca e insuficiente, que no ampara debidamente a los Fiscales por lo que difícilmente pueden constituir garantía alguna para el ciudadano. Resulta necesario contar con un Estatuto Orgánico y un Reglamento Orgánico moderno y garantista, recordemos una vez más que el reglamento que nos rige es de la época franquista, Decreto 437/1969 de 27 de febrero.

 

CUARTO: Para que no se produzca ninguna merma en las garantías de los ciudadanos, contempladas tanto en la Constitución como en las leyes, se hace imprescindible adoptar un sistema adecuado de Ministerio Fiscal, con las necesarias reformas en el actual. De entre los modelos de nuestro entorno mostramos nuestra preferencia por el sistema italiano.

 En todo caso, a nuestro juicio, se deben producir los siguientes cambios:

 

A) Unificación de ambas carreras, la judicial y la fiscal, estableciendo claramente funciones diferenciadas, investigar/instruir, para los fiscales, juzgar y garantizar los derechos fundamentales, para los jueces. El Juez de garantías se encargaría de tutelar los derechos del investigado, figura esencial en un derecho procesal penal democrático. 

Tal medida consigue dos efectos enormemente positivos:

1.- Reducción del gasto económico. Los jueces de instrucción que desparecen de todo el territorio nacional entendemos que podrían incorporarse más fácilmente a las fiscalías, con lo cual, no sería necesaria la provisión de numerosas plazas de fiscales imprescindibles para llevar la instrucción.

2.- Se dota del mismo estatuto a los fiscales que a los jueces con ello se consigue la desaparición del recelo que se ha mantenido (razonadamente) hacia los fiscales a quienes no se les veía con la necesaria independencia.

 

B) Funcionamiento jerárquico de la Fiscalía, consustancial a la misma, en cuya cúspide está el Fiscal General del Estado, no existiendo ninguna dependencia de éste con ningún otro poder del Estado, ni siquiera con el Gobierno que no puede dar ni instrucciones ni indicaciones o sugerencias al FGE.

Resulta necesario contar también con autonomía presupuestaria suficiente para el ejercicio digno de la función. 

 

C) El FGE y los Fiscales Jefes podrán dar instrucciones u órdenes de carácter general para garantizar la necesaria unidad de actuación del Ministerio Fiscal.  Tal facultad está orientada a conseguir que todas las fiscalías funciones con criterios uniformes como garantía de la seguridad jurídica a la que tienen derecho los ciudadanos (artículo 9,3 CE).

 

D) Prohibición, por parte del FGE y de los Fiscales Jefes,  de dar instrucciones u órdenes concretas  a los fiscales en el ejercicio de sus funciones investigadoras en el caso determinado.

Si se optase por permitir esas órdenes particulares, lo que entendemos sería un error que impediría garantizar la independencia individual del Fiscal instructor, tales órdenes deberían al menos cumplir dos premisas:

- Deberán ser escritas, motivadas e incorporadas al procedimiento

- Tendrán carácter positivo, es decir, ordenarán la incoación de procedimiento o de persecución de un delito o a un investigado y nunca tendrá carácter negativo, es decir, no incoar o no perseguir un delito o a una persona determinada.

 

E) La posibilidad de avocación (que un Fiscal Jefe se atribuya un asunto que está conociendo un fiscal subordinado) o de sustitución del fiscal del caso por otro, tal decisión ha de ser escrita, motivada y, además deberán contar, con posterioridad, con la aprobación por el Consejo Fiscal.

Con esta medida se garantiza, lo más posible, el carácter inamovible del fiscal o al menos, que su sustitución sea razonada y razonable.

 

F) Profundización en la especialización (terrorismo, medio-ambiente, delitos económicos, cibercrimen, violencia de género, delitos de corrupción, etc). Que duda cabe que la estructura y funcionamiento de las fiscalías resultan mucho más operativas para la investigación de estas causas que el sistema vetusto del Juez unipersonal de instrucción.

Como complemento de este funcionamiento de las estructuras de las fiscalías deberá implantarse la tramitación coordinada de causas complejas por varios fiscales desde el inicio de las mismas. 

 

En cualquier caso queremos poner de manifiesto, ya desde ahora, que resulta esencial contar con la opinión de la Fiscalía y de los fiscales para cualquier reforma que vaya a llevarse a cabo. Es importante negociar y tratar los ajustes que vayan a hacerse con los Jueces pero igual de importante es contar con los Fiscales. Lamentablemente en los medios de comunicación sólo hemos escuchado al Ministro de Justicia hablar sobre la necesidad de hablar con los jueces sobre las futuras reformas que deben afrontarse.

Por eso proponemos formalmente que se cree por parte del Ministerio de justicia una comisión integrada por jueces y fiscales que comience a evaluar las reformas que se precisan. 

Con estas reformas, a nuestro juicio, se puede dotar a España de un merecido procedimiento penal moderno, con instrucciones más técnicas y más ágiles. Hay que destacar que la ley de enjuiciamiento criminal vigente es de 1882, del siglo XIX pero entendemos que la justicia necesita inversión y medios modernos. Los Fiscales cuentan con personal auxiliar insuficiente y medios materiales muy deficientes, en muchos casos, y por poner un ejemplo, despachos compartidos que hacen inviables algo tan simple como una toma de declaración. En esta misma línea los medios informáticos están muy lejos de ser eficientes. En la actualidad el sistema Lexnet más que ventajas está suponiendo una enorme pérdida de tiempo, para trámites que antes requerían cinco minutos ahora se cuatriplica, cuando menos, el tiempo invertido perdiendo un tiempo escaso e imprescindible para cuestiones más importantes que simplemente firmar un documento.  Si no hay verdadera voluntad de invertir y modernizar lo único que se logrará será colapsar aún más la maltrecha justicia.

 

Madrid a cinco de diciembre de dos mil dieciséis

 

La Comisión Ejecutiva de APIF

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COMUNICADO ANTE LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA A UNA CADENA DE RADIO

 

Ante las gravísimas declaraciones del Ministro de Justicia en una cadena de radio el día 10 de noviembre de 2016 al indicar que según el Estatuto Orgánico actual “El Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno”, “la Fiscalía no es independiente, independiente es el poder judicial, la fiscalía tiene autonomía para ejercer sus funciones”, “puede recibir instrucciones escritas del gobierno”, “a fin de cuentas en todo el mundo la Fiscalía es un instrumento para el desempeño de la política criminal del Gobierno” desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales queremos puntualizar:

1.-No se puede hablar de querer despolitizar la justicia y partir de un desconocimiento sustancial de uno de sus protagonistas esenciales, el Ministerio Fiscal.

2.-El Ministerio Fiscal no es ningún instrumento en manos del Gobierno, ni sirve a éste para realizar su política criminal. No se puede confundir el origen histórico de la Institución con su actual configuración constitucional y legal.

3.-El desconocimiento del contenido del artículo 124 de la Constitución Española por quien ejerce tan altas funciones en absoluto casa con su mensaje de querer despolitizar la justicia.

4.-Según este artículo, luego desarrollado en nuestro Estatuto Orgánico, al FGE lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y ahí acaban, o deberían acabar, sus injerencias en la institución.

5.-Según este artículo 124 de la CE “el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.” Y “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.”

5.-Ni en la Constitución ni mucho menos en nuestro Estatuto Orgánico se dice que el Gobierno pueda dirigir instrucciones escritas, ni evidentemente tampoco verbales, al Ministerio Fiscal.

6.-lo que sí dice el artículo octavo de nuestro Estatuto es que “El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.” Ahora bien también indica que “El Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada. En todo caso, el acuerdo adoptado se notificará a quien haya formulado la solicitud.”  Es decir que puede y debe negarse a llevar a cabo esa actuación interesada por el Gobierno que en todo caso debe estar dirigida a defender el interés público.

7.-El Ministerio Fiscal funciona con independencia del gobierno, el Ministerio Fiscal acaba en el FGE.

8.-Lamentablemente lo que nos falta es autonomía presupuestaria que nos dote de una real autonomía del poder ejecutivo. Autonomía que se viene demandando del Consejo de Europa para tratar de paliar las carencias estructurales de nuestra Institución y la dependencia económica al Ejecutivo que merma nuestra eficacia funcional.

9.-Desde nuestra Asociación igualmente se viene demandando que las comunicaciones entre el Gobierno y la FGE se regulen debidamente y se rijan por la necesaria transparencia, para evitar precisamente percepciones como ésta.

 

A 12 de noviembre de 2016

La Comisión Ejecutiva de la APIF

 

 

COMUNICADO APIF SOBRE NOMBRAMIENTO FGE

 

 

            La APIF (Asociación profesional e independientes de fiscales) ante la designación del nuevo Fiscal General del Estado, D. José Manuel Maza Martín, manifiesta que recibimos dicho nombramiento con esperanza siendo preciso no obstante aguardar al desempeño efectivo del cargo. No obstante, sí valoramos muy positivamente su elección teniendo en cuenta el reconocido prestigio que tiene como jurista.

            Desde nuestra perspectiva es imprescindible que el FGE tenga plena independencia de todos los poderes del Estado, especialmente del Ejecutivo que, a pesar de que lo nombra –como dispone la Constitución Española-, no puede tener ninguna injerencia en el desarrollo efectivo de su función. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dota al FGE de una independencia total, ya que sólo puede ser cesado por causas tasadas (no por mera voluntad del Gobierno) y su mandato es por CUATRO AÑOS.

            Es absolutamente necesario profundizar en la independencia de los fiscales incluso frente a su propia institución para que la sociedad pueda confiarle la instrucción de las causas penales. Para que el Ministerio Fiscal sea el titular de la instrucción penal en España es preciso acometer reformas esenciales dotando a los fiscales de la necesaria autonomía e independencia.

 

 

Madrid a 11 de noviembre de 2016

 

CATÁLOGO DE 25 MEDIDAS DE LUCHA JUDICIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA ECONÓMICA POR LA APIF

 

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) propone a los partidos políticos y comunica a la opinión pública un conjunto de medidas elaboradas por profesionales para la lucha judicial contra la corrupción. El Consejo de Europa detectó en un informe sobre la investigación de delitos contra la corrupción en España la existencia de problemas procesales estructurales que determinan que de las causas que se investigan haya un escaso número de condenas y además muy tardías cuando las condenas se producen. La APIF desea colaborar a resolver en la medida de sus posibilidades esta lacra que tiene la sociedad española, que produce pérdidas millonarias que se sustraen a la aplicación de las políticas necesarias para España y los españoles, que produce una lamentable imagen internacional, que no para de crecer tratándose ya de manera evidente de un fenómeno sistémico y no meramente de casos individuales en nuestro país, que nos colocan lejos de la ejemplaridad necesaria que todos queremos en la administración de los caudales públicos, y que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles según las encuestas del CIS. Proponemos un cambio real, no meros parches, no simple publicidad política para empujar un poco el balón adelante. Hay que cambiar muchas cosas en España para que nuestro país mejore y hay que hacerlo rápido y bien.   

 

1) Es esencial un Pacto por la Justicia que aborde reformas procesales y dotación de medios a la Justicia en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, garantizando la imparcialidad efectiva de los órganos encargados de la investigación y enjuiciamiento de esas conductas. Ello implica un cambio en el modelo de designación del CGPJ, la exigencia de controles en las puertas giratorias de jueces y fiscales a la política o a la abogacía, el respeto al régimen y tiempo de incompatibilidad cuando se cesa en alguna responsabilidad pública para acudir a una empresa privada o a la abogacía, un cambio en la designación del Fiscal General del Estado con un muy amplio consenso parlamentario. Clarificación del deber de abstención en casos de vinculación previa de un juez o fiscal con un partido político en casos de corrupción que afecten a ese partido o a los demás.  

Se trata en suma de trabajar para que en un futuro consigamos acabar con la politización de la jerarquía de la Justicia española, auténtico lastre de credibilidad en la lucha contra la corrupción.

2) Supresión de aforamientos para todos los cargos públicos.

3) Transparencia en la actuación del Fiscal General del Estado, especialmente en lo que se refiere a su agenda de trabajo y a sus relaciones con el Gobierno, con los poderes ejecutivos locales y fuerzas políticas que habrán de hacerse constar en todo caso por escrito y darles la correspondiente publicidad. A fin de enfatizar la independencia del FGE del Gobierno y con carácter preventivo, se propone la tipificación como delito grave del traspaso de información reservada obtenida en el ejercicio de sus funciones por el FGE entre los delitos contra la administración de Justicia y tipificación también como delito grave de las peticiones al FGE de transmisión de esa información, así como crear un subtipo delictivo agravado respecto para el fiscal o juez que deja intencionadamente de perseguir delitos de corrupción o de delincuencia económica. Posibilidad de cese del FGE por incumplimiento concreto de las citadas obligaciones de transparencia.

4) Tramitación preferente de las causas de corrupción y delincuencia económica.

5) Estudio técnico procesal sobre el tipo de resoluciones interlocutorias de los Jueces de Instrucción que no pueden ser recurridas o los límites del alcance de los recursos a fin de compatibilizar la agilidad procesal con la proscripción de la indefensión.

6) Prohibición de todo tipo de regalo, sea o no de cortesía (incluyendo naturalmente la asistencia habitual a palcos de equipos de futbol, espectáculos o corridas de toros), a cualquier autoridad o funcionario público y con más razón a jueces o fiscales, incluso a familiares o personas interpuestas.

7) Dotación en todas las Fiscalías españolas de unidades o fiscales especializados en delincuencia económica y corrupción y potenciación de la formación a jueces, fiscales y policías en la materia.

8) Asignación de recursos a las unidades anticorrupción de las fiscales de los efectos decomisados en operaciones anticorrupción y de delincuencia económica en forma de medios materiales, de contratación de expertos o de mejora de la formación (que ha de ser también interadministrativa: fiscales con policías, inspectores de hacienda, interventores), así como aplicación de parte de esos decomisos a campañas publicitarias de concienciación anticorrupción.

9) Profesionalización y consiguiente sustracción al poder de control del Ministerio de Justicia de los nombramientos de los magistrados de enlace, es decir, de jueces y fiscales españoles en labores de auxilio judicial internacional, así como del personal (jueces, fiscales y policías) al servicio de la delegación española en Eurojust, que en último caso deberían ser nombrados parlamentariamente con concurrencia de amplias mayorías.

10) Reglamentación más detallada del estatuto penal y procesal de las personas jurídicas.

11) Eliminación por ley de toda capacidad de los alcaldes y consistorios en las fijaciones del complemento específico de los puestos de trabajo, potestad disciplinaria e influencia en las demás condiciones de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local, que den efectiva protección e independencia a estos profesionales de vital importancia en el desarrollo y control de la actividad de los municipios y de sus ediles.

12) Deslindar las competencias en el ámbito municipal entre los órganos políticos que toman decisiones sobre la necesidad del contrato y la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones económicas con su participación en el expediente de contratación y selección del contratistaEl órgano de contratación debería ser un funcionario de carrera y los concejales no deberían ser miembros de las Mesas de contratación, como ahora sucede.

13) Poner coto a la huida del Derecho Administrativo, que se promueve  por muchos órganos  políticos respecto de aquellas decisiones y contratos. Como ejemplo puede citarse las falsas encomiendas, por las que se encargan a sociedades mercantiles de propiedad pública potestades administrativas de adjudicación de contratos que se pagan con cargo a fondos de las Administraciones Públicas. Con esta técnica, que es manifiestamente ilegal porque no se pueden encomendar potestades administrativas de contratación, se producen dos fraudes claros:

a) Se cambia el régimen legal de la contratación porque las sociedades mercantiles no están sujetas al TRLCSP, solo a sus principios.

b) Se elude el control de la intervención sobre el destino efectivo de los fondos públicos ya que las sociedades mercantiles no están sometidas a fiscalización previa.

14) Reducir los amplios plazos de ejercicios de los Consejeros del Tribunal de Cuentas actualmente con mandatos de 9 años prorrogables por otros 9 años más, por no garantizarse independencia y fosilizarse en su trabajo creándose redes de intereses incompatibles con la importancia de su función. Exigírseles que realicen sus trabajos de control sobre las contabilidades electorales y la financiación de los partidos políticos con las técnicas de cruces de datos, indagando en las informaciones bancarias, registros públicos etc..

15) Prohibición establecida por ley de que las Corporaciones Locales puedan contratar abogados externos en labores de asesoramiento. No solo porque es una vía de grandes gastos por las minutas que puedan abonarse que pagamos los ciudadanos, sino porque los informes de legalidad han de realizarse en los servicios jurídicos públicos, cerrando así la vía a cualquier cobertura que necesite un político para dictar la resolución que desee sin exponerse a ser acusado de prevaricación por la existencia de ese informe jurídico privado.

16) El control del expediente digital, de Lexnet, y de toda la custodia de documentación judicial obtenida en registros ha de pasar del Ministerio de Justicia al Poder Judicial. Asimismo, la Oficina de Recuperación de Activos derivados del delito (liderada en toda Europa por los órganos de investigación –Policía y Fiscalía-) ha de ser sacada del control del Ministerio de Justicia, al tratarse de un instrumento para la investigación y buen fin de los procesos, y para garantizar la imparcialidad en la investigación (por ejemplo, ¿qué pasaría si los bienes a investigar fueran del partido en el Gobierno?).

17) Declarar una lucha sin cuartel contra el funcionamiento de los paraísos fiscales en tanto afecte su actividad a la ocultación de capitales provenientes del delito o por los que haya de tributar. Hay que recordar que son numerosas las entidades bancarias y empresas importantes españolas que operan en dichos territorios.

18) Exigencia de responsabilidades por su gestión a los fiscales jefes en la lucha contra la corrupción. Análisis especial del programa de actuación del Fiscal Jefe Anticorrupción previo a su designación, y control parlamentario anual del trabajo del Fiscal Jefe anticorrupción y obligación de dación de cuentas periódicas de su gestión.

19) Establecimiento de unos protocolos claros de asignación de asuntos a la Fiscalía Anticorrupción, al margen de que la decisión final recaiga en el Fiscal General. Posibilidad de impugnar dichas asignaciones o el rechazo a las mismas.

20) Instauración de un sistema completo de protección a funcionarios y personas denunciantes de hechos delictivos de corrupción, garantizando su indemnidad y la ausencia de represalias. Tipificación penal agravada de las represalias sobre personas denunciantes de hechos supuestamente constitutivos de corrupción.

21) Establecimiento de una responsabilidad civil in vigilando o in eligendo de quienes (personas o partidos políticos) hayan designado directamente a personas que hayan sustraído o defraudado caudales públicos mediante prácticas de corrupción, hasta el límite de la cantidad sustraída al erario público y de los perjuicios causados.

22) Tipificación como delito de malversación de caudales públicos la donación en negro de cantidades de dinero a partidos políticos por quienes en un periodo de cinco años anteriores o de dos posteriores hayan contratado con las administraciones, desde la constatación de que esas cantidades entregadas a los partidos acaban siendo recuperadas en sobrecostes contractuales que recaerán sobre los ciudadanos.

23)  Prohibición de suspensión de penas hasta la devolución total de lo sustraído en casos que afecten al erario público.  El delitos de corrupción con penas inferiores a dos años sin responsabilidad civil, exigencia de cumplimiento efectivo

24) Elevación de penas para ciertos delitos económicos o de corrupción especialmente en sus tramos inferiores para evitar que estos puedan ser castigados con penas excesivamente bajas.

25) Prohibición de indultos para delitos de corrupción en todo caso, y cuando menos, en los supuestos en los que no haya informe favorable del Fiscal y del Tribunal. 

 

Madrid, a 14 de junio de 2016.

 

Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)

 

COMUNICADO DE LA APIF SOBRE LA REVISIÓN DE CAUSAS

 

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ante el Oficio recibido en el día de ayer en todas las fiscalías de España procedente de la Inspección Fiscal en el que se instaba a los Fiscales Jefes al establecimiento de un Programa de control de la revisión de las causas pendientes por parte de los Fiscales de la plantilla manifiesta:

.-Que una vez más se pone de manifiesto el absoluto desconocimiento que por parte de esa FGE se tiene del trabajo desarrollado hoy en día en las fiscalías por los diferentes fiscales, de la carga de trabajo que cada uno soporta y de los abundantes servicios que hay que cubrir.

.-Que de nuevo se pone de manifiesto la falta de derechos básicos de los fiscales de a pie y la sobrecarga añadida que se les exige desde los órganos centrales de la Fiscalía exigiéndoles que aumenten de forma gratuita y exponencial su carga de trabajo y su carga burocrática, obligándoles a rellenar cada vez más estadísticas y cuadros de control.

.-Así mismo se pone de manifiesto un gravoso desconocimiento del texto articulado de la LECR y en especial del artículo 324 en su reciente redacción. La función de instruir corresponde al Juez, como nos recordaba la Circular 5/2015, y el control de los plazos en el Juzgado corresponde a los letrados de la Administración de Justicia, sin olvidar las funciones de los fiscales que son las que son y no otras. En ningún artículo de la Ley de Enjuiciamiento criminal consta que el Fiscal deba constituirse en el Juzgado a revisar expedientes, sin mesa ni ordenador de trabajo y sin personal auxiliar alguno,  ni que los Juzgados deban remitir las causas a Fiscalía para ese pretendido impulso con la pérdida de tiempo que ello supone en el ir y venir de las mismas, cuando  existen plazos tasados de instrucción.

.-El Ministerio de Justicia no ha sacado la prometida instrucción a los Letrados de la Administración de Justicia, seguimos sin disponer ni tan siquiera de un funcionario por Fiscal para el auxilio en el trabajo diario, pero nada importa a la FGE que nos pide heroicidades sin importarle lo más mínimo la salud de sus trabajadores, todos y cada uno de nosotros.

.-los fiscales de a pie siguen trabajando con plena dedicación y esfuerzo sin que exista estudio de las cargas máximas de trabajo, sin plan de prevención de riesgos,  sin reglamento que regule su función, sin medios adecuados y dignos para trabajar, sin personal auxiliar suficiente, con lotes de trabajo excesivos y obligados a realizar trabajo auxiliar impropio de su función y ahora se les exige un esfuerzo titánico e imposible que de poco o nada servirá salvo para lavar la cara de esta descabellada reforma.

.-En fechas navideñas y cuando se anuncian planes para facilitar la conciliación de los funcionarios de la Administración Central del Estado a los fiscales de a pie se les encomiendan funciones extraordinarias muy difíciles de cumplir, entendemos que con renuncia a los días de permiso merecidamente ganados y como única finalidad para justificar, aún más, la necesidad de que nombren y mantengan los exiguos refuerzos que se prometen de contrario y que en absoluto servirán para dar sentido a una norma de imposible cumplimiento y que desconoce absolutamente el trabajo de los Juzgados y Fiscalías españolas.

.-la revisión de las causas tiene que ser continua por parte de los Juzgados que las tienen a su disposición, el Fiscal no puede dejar a un lado sus funciones ordinarias y ponerse a controlar el trabajo de otros desde la distancia, que es lo que se pretende, camuflando la inutilidad y el despropósito de las reformas llevadas a cabo.

 

Por todo ello instamos a todos los Fiscales de España y en especial a los Fiscales Jefes, a que manifiesten que lo exigido en el oficio de la Inspección Fiscal de 10 de diciembre de 2015 resulta de imposible cumplimiento y que si de ello depende el nombramiento de exiguos refuerzos, apuesten decididamente por la salud de los Fiscales y renuncien a ellos.

 

Solicitamos igualmente de forma contundente la inmediata dimisión de la Fiscal General del Estado anta su falta de eficacia para defender las condiciones de trabajo de los fiscales y el buen funcionamiento de la Fiscalía.

 

Madrid a 15 de diciembre de 2015

 

La Comisión Ejecutiva de la APIF

COMUNICADO APIF SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA FISCAL GENERAL DEL ESTADO (9 DE ENERO DE 2015)

Ante el inminente nombramiento de la Excma. Sra. Dª. Consuelo Madrigal como Fiscal General del Estado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) manifiesta:

 

Que en la nueva FGE hay depositadas muchas esperanzas en que comience la regeneración del funcionamiento de la Institución que -no obstante nuestros ofrecimientos- rehusó realizar su predecesor. Para conseguir un Ministerio Fiscal imparcial es preciso proceder a su progresiva despolitización, y en este sentido creemos que el nombramiento de esta compañera, que va a ser la primera mujer elegida Fiscal General es un gran acierto que abre inicialmente un nuevo horizonte, ya que la Sra. Madrigal le debe su progreso profesional únicamente a su trabajo, a su competencia y a su buen trato. Se ha comprometido a luchar contra la corrupción sin cuartel y confiamos en que pronto de los pasos necesarios para hacer realidad ese deseo. Pero también hay que comenzar a abordar muchos de los problemas que hoy afectan a los fiscales y a la Fiscalía, sobre los cuales la APIF ha realizado diversos estudios y se ofrece lealmente a ayudar a su solución: deficientes medios materiales, un lamentable y disgregado sistema informático, pobres condiciones de trabajo, falta de garantías profesionales frente a los abusos de la jerarquía y mucha mayor transparencia en el funcionamiento de la Institución y singularmente en el Consejo Fiscal. La tarea es enorme y no hay mucho tiempo. Pero creemos que puede ser la persona adecuada para liderar ese proceso.

COMUNICADO APIF SOBRE EL ANTEPROYECTO DE REFORMA PROCESAL PENAL (10 de diciembre 2014)

LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF), EN RELACIÓN CON EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL, INDICA LOS SIGUIENTE:

 

1.  Valoramos de manera positiva el esfuerzo del Gobierno en regular las  intervenciones telefónicas acordadas judicialmente, sin perjuicio de que la regulación en algunos aspectos la consideramos gravemente peligrosa para los derechos fundamentales de los ciudadanos, además de entender que el umbral de gravedad de los delitos es demasiado bajo; también valoramos positivamente la innecesariedad de que los atestados sin autor sean remitidos a los Juzgados y Fiscalías, si bien esa medida debe acompañarse de la adopción de controles añadidos en la Policía -por ejemplo, remisiones obligadas de atestados minutados en CD a los Juzgados de Guardia- para evitar hipotéticos abusos, despistes o faltas de celo.   Valoramos positivamente la extensión de la doble instancia a todo tipo de procesos, cumpliendo finalmente con los mandatos que desde hace décadas se vienen haciendo desde Tribunales y organismos de derechos humanos, siempre que en las apelaciones a instancia de las acusaciones se establezca la obligación de que haya vista con audiencia del acusado. En todo caso no estamos de acuerdo con que las medidas que se adoptan son de "sencilla implantación", especialmente porque han de venir acompañadas de una serie de medidas de reasignación de recursos dado que hoy los TSJs y sus Fiscalías, carecen en buena medida de la estructura y los medios para asumir esas funciones, y paralelamente, el Tribunal Supremo va a ver aligeradas de manera importante sus tareas actuales.

 

2.  La reforma sobre la conexión de delitos ha de alabarse, pero precisa de mayores concreciones: la finalidad es la de llevar los asuntos con celeridad al Juicio Oral, y eso es tarea que ha de descansar básicamente en el criterio del Fiscal.

 

3. Consideramos un cambio más que por utilidad procesal por maquillaje político, la sustitución del término "imputados" por el de "sujeto pasivo".   Parece que se desee que con la entrada en vigor de la norma ya no haya más imputados, sino muchos "sujetos pasivos", que como es bien conocido en derecho penal, es un término que se aplica generalmente a la víctima del delito.     Eso no va a mejorar la Justicia, sino va a aliviar la imagen política de cientos de imputados.  Sería mucho más técnico y expresiva la expresión “imputado judicial” para referirse a aquellas personas que adquieren tal condición como consecuencia de la intervención de una autoridad judicial.

 

4. No podemos estar de acuerdo con la extensión de las intervenciones telefónicas sin autorización judicial a delitos diferentes del de terrorismo como está actualmente en vigor.   Creemos que poco a poco se va trivializando una materia que es muy importante.  La Constitución es clara (se garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial).  En el Anteproyecto, por razones de urgencia se hace que esa autorización judicial sea a posteriori.   Creemos que es un error y un error muy grave.    El derecho al secreto en las comunicaciones ya se ha violado cuando se le pide al Juez que convalide una intervención telefónica.  Esto nos conduce poco a poco a posiciones de falta de garantías, autoritarias en su concepción de los derechos fundamentales.  Hay cientos de Jueces de Guardia, cada día de servicio en España.  ¿Qué necesidad hay de no buscar su autorización?  Nuestra valoración es que se trata de un retroceso muy grave en los derechos y garantías de los ciudadanos que habrá de pasar necesariamente por el filtro del Tribunal Constitucional.

 

5.  A partir de ahí, consideramos que la reforma introduce medidas de investigación no conocidas hasta ahora en derecho español, probablemente necesarias en algún caso, pero que requieren un análisis detenido.  Por ejemplo, la posibilidad de colocar dispositivos de grabación en el domicilio de las personas -previa autorización judicial- la consideramos una medida mucho más invasiva de los derechos de los ciudadanos que las intervenciones telefónicas, y requieren de garantías mayores.    En este sentido hemos de decir que la regulación con carácter general de medidas tan gravosas para la privacidad, y su práctica imposibilidad de aplicación a personas protegidas por aforamientos e inmunidades acentúa la diferencia de tratamiento legislativo entre lo que ahora ha dado en denominarse "la casta" y el resto de los ciudadanos.   Eso tiene que acabarse, en nuestra opinión: podría haberse avanzado con otra medida de "sencilla implantación", como sería la supresión de todos los aforamientos no establecidos por la Constitución y la limitación de las inmunidades tan solo a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.   Además, el aforamiento determinará no solo la supresión de la casación contra la sentencia, sino también la supresión de la doble instancia: creemos que esa circunstancia pone el cuestión la lógica del sistema de enjuiciamiento, y supone un acicate a profundizar en la politización de los órganos superiores de la administración de justicia.

 

6.  El establecimiento por mandato legal de un plazo límite a las investigaciones tiene mucho de atribuir las responsabilidades del mal funcionamiento de la justicia a los operadores jurídicos -jueces y fiscales-, y no a quien tiene que proporcionar los medios para aplicarla.   No basta con "desear" las cosas, hay que proveer de los medios necesarios para que ocurran.   En este momento hay más de un millón de asuntos penales pendientes y se despachan más de seis millones al año.  Se retrasan las complicadas, no las demás.   Subsisten juzgados mixtos, con responsabilidades en las jurisdicciones civiles y penales; subsisten retrasos debidos a meros exhortos, ni siquiera cooperación internacional; muchas periciales tardan meses o incluso años, y no las especialmente complejas.  La realidad es que la administración de justicia está colapsada, pero el Gobierno "decreta" que la instrucción se acabe en un plazo (con problemas técnicos, ya que cabe una segunda prórroga sin plazo fijado).  Creemos que eso no está bien, que hay que arreglar el problema de fondo, que incluyen básicamente reducir la litigiosidad y la contradicción a un cierto número de resoluciones durante la instrucción.   Además, encierra la reforma la sospecha de pretender que las causas que obligatoriamente se prolongan más en el tiempo (cualquiera que trabaja en los Tribunales sabe a qué causas nos referimos) acaben o mal preparadas para el Juicio Oral, o archivadas, incluidas, naturalmente las causas de corrupción.    Con ello parece como si se insistiera en establecer distintas clases de Justicia, la de los que mandan (causas y delitos complejos cuyas investigaciones se prolongan en el tiempo), y las de el resto.  

 

7.  Los límites a la duración de la investigación exigen de mayores especificaciones, tales como limitar el número de recursos (o suspender el plazo en caso de recursos abusivos), reducir la contradicción en la investigación (algo que con el proceso actual está ligado a derechos fundamentales de los justiciables), la posibilidad de que las partes aporten pruebas por su cuenta entre otras cosas.  No es una cuestión de tan "sencilla implantación".

 

8.  Nos parece rechazable el novedoso "proceso por aceptación de Decreto", que entendemos que no añade ventajas de celeridad al enjuiciamiento rápido; que va a cargar de trabajo inútil a las Fiscalías, que recaerá sobre los fiscales -la oficina Fiscal es otra de las cosas que no funcionan en la Institución-; que no supone para los imputados una ventaja penológica y por tanto no es previsible un aumento de conformidades: ¿Qué "sujeto pasivo" va a conformarse con una pena por Decreto que podrá ver rebajada en un tercio por juicio rápido?.    Esta asociación solicitó recientemente al Ministro de Justicia ampliar el ámbito de aplicación de los juicios rápidos, y creemos que alternativamente podrían potenciarse las conformidades tras el trámite de calificación del fiscal.

 

9.  Estamos de acuerdo con la nueva regulación del recurso de revisión, que acoge la doctrina de un Acuerdo del Tribunal Supremo.   Podría pensarse asimismo en la posibilidad de introducir como motivos de revisión los cambios sustantivos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que determinen en la nueva doctrina la inocencia del reo.

 

10. En términos generales, y pendientes de un mayor estudio, valoramos positivamente la regulación de un procedimiento autónomo de decomiso (ligado a la necesaria aprobación de la reforma proyectada de Código Penal).   Consideramos necesario a tal fin el establecimiento de una Agencia de Recuperación de Activos procedentes del delito, como se nos reclama reiteradamente desde la Unión Europea, y como esta asociación ha solicitado recientemente al Ministro de Justicia.

 

 

La Comisión Ejecutiva de la APIF

 

CARTA AL INSPECTOR FISCAL SOBRE CONDICIONES DEL CONCURSO DE TRASLADO (9 DE DICIEMBRE DE 2014)

Madrid a 9 de diciembre de 2014

 

Excmo. Sr.:

 

Ante la recepción a última hora del viernes, vía correo electrónico, de una carta remitida a todos los Fiscales por el Excelentísimo Sr. Inspector Fiscal, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales  queríamos poner de manifiesto la enorme inquietud producida en la Carrera por el último párrafo de la mencionada misiva (la obtención de plaza en el concurso que ahora va a convocarse "casi sin duda" les impediría tomar parte en un concurso de plazas de nueva creación). No se puede desconocer la existencia de un gran número de Fiscales que llevan meses esperando la publicación del concurso. Sin duda estos compañeros habrán recibido con alegría la comunicación de que próximamente se va a publicar uno y de que, igualmente, en fechas recientes va a ampliarse nuestra plantilla orgánica con la creación de nuevas plazas, que permitirán más movimientos. Si bien debe acompañarse, éste y cualesquiera otros concursos que se publiquen,  de la necesaria seguridad jurídica y transparencia.  Por ello solicitamos se realice un esfuerzo suplementario para aclarar si van a poder optar o no a las plazas de nueva creación aquellos Fiscales que por este próximo, o por cualquier otro concurso anterior, estén “congelados” por aplicación del artículo 36.5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal(en adelante E.O.M.F.). Y de ser posible las razones de que se aplique esa “congelación” a las plazas de nueva creación. El texto del artículo 36.5ª del E.O.M.F., que establece la referida congelación, con una u otra redacción ha estado siempre presente y sin embargo no siempre se ha aplicado esa “congelación” a las plazas de nueva creación. Por ello solicitamos que antes de la salida de este nuevo concurso estén claras las reglas de juego y las razones que llevan a aplicar o no la mencionada “congelación” en el concurso que se prevé para un futuro próximo con plazas de nueva creación.

 

Atentamente,

 

 

 

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)

 

 

 

 

 Excmo. Sr. Inspector Fiscal

Contestación de la Inspección a la carta[...]
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COMUNICADO APIF TRAS LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA

Ante la dimisión presentada por el Ministro de Justicia Sr. Ruiz Gallardón, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, sin perjuicio de reconocer el gesto personal de la dimisión, manifiesta lo siguiente:

                    

1.  La gestión del Ministro de Justicia ha empeorado objetivamente la situación respecto de cómo la encontró hace tres años a pesar de las ilusiones que su llegada alimentó en algunos y que pronto decepcionó.    El incumplimiento de la promesa electoral del PP sobre la despolitización de la Justicia, básicamente a través de la reforma de la LOPJ en cuanto al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y el mantenimiento de la intensa politización en la Fiscalía son los dos grandes baldones que pesan sobre su gestión.

 

2.   La Ley de tasas, que a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional, supone una restricción importante al derecho de los ciudadanos a reclamar ante la administración de Justicia; la eliminación de los jueces y fiscales sustitutos pero con mantenimiento de eméritos en Fiscalías sin sobrecarga de trabajo; la inexplicable cicatería en aumentos necesarios de plazas en la Carrera fiscal que no tendrían ninguna repercusión presupuestaria; la pereza legislativa a la hora de afrontar de una vez la modernización del Ministerio Fiscal; los retrasos en la implantación de un sistema informático eficaz para la Justicia y en particular en la Fiscalía; la treta -tan frecuente entre nuestros políticos- de pretender aparentar que se solucionan problemas complejos con simples reformas del Código Penal; la elección para los más altos cargos de la Justicia a juristas conocidamente afines; la incapacidad de tratar con los colectivos de la Justicia, sobrando algunas expresiones ofensivas e innecesarias; la merma retributiva y una gestión alimentada básicamente de gestos, deja a la Justicia peor de lo que estaba por difícil que pudiera parecer cuando tomó posesión. 

 

3.  Nos encantaría, dada la elegancia de su dimisión, poder señalar algunas cosas positivas, alguna mejora perceptible, pero nos resulta complicado.    En todo caso, esperamos que durante el tiempo que resta de legislatura el nuevo titular del Ministerio sea capaz de cambiar la dinámica actual, iniciar una fase de diálogo, despolitización y mejora real de la Justicia en beneficio de la sociedad.    

 

 

Madrid, a 24 de septiembre de 2014

 

La Comisión Ejecutiva de la APIF

Carta abierta al FGE

Carta abierta que envió la APIF al Fiscal General del Estado en enero de 2013 para que reconsiderara su decisión sobre el Fiscal expedientado y pidiendo una nueva regulación del expediente disciplinario de los Fiscales

A LA ATENCION DEL EXCMO FISCAL GENERAL [...]
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COMUNICADO DE LA ASOCIACION PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)

 

 

            (En relación con la Sentencia de fecha 1 de octubre de 2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la que se anula la resolución del Secretario de Estado de Justicia en la que se imponía al fiscal D. JUAN-ANTONIO FRAGO AMADA la sanción de separación del servicio)

 

 

           La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha acordado dirigirse a todos los miembros de la Carrera Fiscal, a fin de hacer presente la postura adoptada acerca de lo fallado enla Sentencia arriba referenciada, valorando no solo lo que afecta al caso concreto del compañero favorecido por la citada resolución, sino también, la doctrina general que en ella se consagra y que atañe a un extremo de capital importancia para la futura salvaguarda de las garantías de nuestro común estatuto personal.

 

            Desde tal perspectiva, queremos hacer las siguientes manifestaciones:

 

            a) La APIF felicita al compañero por el fallo que ha obtenido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,  mediante el cual, se ha anulado una resolución de separación definitiva dela Carrera Fiscal dictada por el Secretario de Estado de Justicia a propuesta del Fiscal General del Estado y previo unánime informe favorable del Consejo Fiscal.

 

            b) La APIF quiere recordar que mediante escrito de fecha 28 de enero de 2013 se pusieron en conocimiento del Fiscal General del Estado, lo que entonces considerábamos como graves irregularidades en la tramitación del expediente sancionador iniciado porla Inspección Fiscal, siendo una de las mas relevantes, la ausencia de las mínimas garantías exigidas por los derechos fundamentales del expedientado, y en concreto, el derecho a no sufrir indefensión del artículo 24.2 CE y la obligada sujeción al principio de legalidad sancionadora del artículo 25 CE, con expresa mención de la falta de proporción que considerábamos en la propuesta de sanción. Es obvio, que al silencio frente a nuestro pertinente aviso, le siguió la renuencia a enmendar una decisión, que ahora, un Tribunal califica como manifiestamente lesiva del principio de legalidad.

 

            c) La dureza de los términos empleados enla Sentencia de la Audiencia Nacional, en la que, entre otros aspectos, se reprocha a nuestra Institución el nulo respeto del principio de legalidad, por quien, paradójicamente, tiene como misión constitucional el promoverla, desautoriza la actuación en el caso no solo de la Inspección Fiscal, sino del propio Fiscal General del Estado y de la totalidad de los miembros del Consejo Fiscal, poniendo en  una delicada situación a toda la Carrera Fiscal ante la opinión pública e incrementando los recelos que suscita la atribución al Ministerio Fiscal de la Instrucción Penal en el Proyecto de Código Procesal Penal.

 

            d) La singular actuación del Consejo Fiscal, evidencia una vez más, que lejos de adoptar sus integrantes una posición de control frente a las iniciativas de los órganos de la Fiscalía General del Estado, -tratando con ello de cumplir los cometidos que le asigna el artículo 14.4 del EOMF-, ha vuelto a despreciar su papel de necesario foro activo al que debiera someterse el Fiscal General del Estado para informar regularmente sobre sus decisiones.  Por ello consideramos que el presente Consejo Fiscal está absolutamente amortizado, y por tanto pedimos su disolución inmediata y la celebración de nuevas elecciones.

 

            e) La APIF quiere también recordar, que el origen de todo el expediente arranca de la actuación de una Fiscal Jefe  desconocedora, como mínimo, de las reglas democráticas de nuestra Carrera. El art. 27 del EOMF es una salvaguarda de la imparcialidad y de la legalidad de nuestra actuación como fiscales, principios consagrados en la Constitución, y la ignorancia expresa por una Fiscal Jefe respecto a un Fiscal de su plantilla del modo de proceder en un caso como el presente, tampoco debe quedar sin consecuencias. Y desde luego consideramos que no debería haber sido promocionada a Fiscal Superior, apoyada por el mismo Consejo Fiscal al que además pertenece.

 

            f) Nuestro absoluto rechazo a la actuación de la FGE en este caso, no puede tampoco ocultar dos cosas: primera, la desazón que provoca el hecho de que tan palmario error haga que sus consecuencias económicas recaigan sobre todos los ciudadanos, desde el momento en que es al erario público al que corresponderá arrostrar las consecuencias de tal índole al haberse añadido al obligado reintegro de los derechos económicos de los que se había privado durante seis meses al funcionario, el abono de los intereses legales que necesariamente habrán de liquidársele y la condena de la Administración al pago del importe de las costas. Es así, que de las actuaciones temerarias de los poderes públicos resulta finalmente perjudicado todo el cuerpo social.  Y segunda, el enorme daño causado al afectado, un joven fiscal con pocos años de servicio, al que se le privaba de su trabajo, de su sueldo, de la cobertura sanitaria para su familia y que veía amenazado su futuro con varias multas añadidas.  De ese daño tampoco nos olvidamos.

 

           

            g) La APIF manifiesta, en fin, su deseo de que la Sentenciade la Audiencia Nacional sirva de advertencia y precedente que desaconseje en lo sucesivo la búsqueda de sanciones ejemplarizantes con las que disuadir del siempre legítimo cuestionamiento -ex artículo 27 EOMF- de las órdenes de los superiores que por los subordinados se consideren improcedentes o contrarias a la legalidad.

 

 

 

                                               Madrid, a 21 de octubre de 2013

 

 

 

 

                                               La comisión ejecutiva de la APIF

 

COMUNICADO DE LA APIF EN RELACIÓN AL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS FISCALES JEFES
Comunicado de 18 de abril de 2013 sobre la necesidad de cambiar el sistema de nombramientos en la Fiscalía
COMUNICADO DE LA APIF EN RELACIÓN AL NOM[...]
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Conclusiones del VII Congreso de la APIF, celebrado en Madrid el día 9 de marzo de 2013
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COMUNICADO DE LA APIF EN RELACIÓN AL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS  FISCALES JEFES

 

            Siguiendo con la propuesta dela APIF, desarrollada en el Congreso de Marzo de 2013  en la conclusión III,   ante los recientes nombramientos discrecionales publicados en el BOE de 13-4-2013 y la próxima renovación de  varias jefaturas de Fiscalías Provinciales, solicitamos:

 

           Se instaure  un procedimiento por el que se oiga,  con carácter no vinculante,  el parecer de las plantillas de fiscales en los procesos de renovación de las jefaturas.

 

           Esta propuesta  se enmarca dentro del proceso de democratización interna de la Fiscalíainiciada en la Reformadel Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 50/1981 de 30 Diciembre que consagró la facultad de los fiscales de plantear ala Junta de Fiscales de la fiscalía a la que esté adscrito,  cualquier controversia relativa a una orden del Fiscal Jefe que considere contraria a las leyes. 

 

Y se manifiesta tanto en el Real Decreto 437/1983 de 9 de Febrero sobre Constitución y Funcionamiento del Consejo Fiscal, modificado por el RD 232/2005, que consagró como miembros del Consejo Fiscal  el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector, en condición de vocales natos, así como por nueve vocales electivos, que deberán ser miembros del Ministerio Fiscal, en servicio activo y pertenecientes a cualquiera de sus categorías", como en la reforma del EOMF  de fecha 24/2007 de 9 de Octubre que instauró la temporalidad en los cargos a todos “ los Fiscales Jefes y aquéllos que desempeñen un cargo con responsabilidad propia específica, definido por ley o incluido expresamente en la plantilla “,en aras de garantizar  lo que deben ser sus verdaderos fines, a saber, “ la renovación periódica en el ejercicio de la responsabilidad pública, más acorde con las reglas de funcionamiento de una sociedad democrática que con la naturaleza vitalicia de los cargo “.

 

Esta propuesta no es contraria a los principios de jerarquía normativa y dependencia jerárquica, reguladores de esta institución al destacar que  el parecer de los componentes de la fiscalía tendrá carácter exclusivamente  consultivo.

 

Sin embargo, consideramos esencial que se instaure de forma inmediata esta propuesta, como un cauce más al elegir a un Fiscal Jefe, ya que permitirá disponer al Consejo Fiscal  de la opinión de los componentes de la plantilla afectada, en aspectos fundamentales como capacidad de mando, de dirección y organización dela Fiscalíae incluso de conocimientos jurídicos, al ser en muchos casos compañeros los que se presentan a Fiscal Jefe.

 

No concretamos el modo y forma en que se debería desarrollar esta propuesta al depender de los medios que dispongala Fiscalía Generaldel Estado. Sin embargo, consideramos que la forma  correcta debería ser que un fiscal adscrito a la inspección fiscal se trasladara ala Fiscalíaafectada para oír personalmente a todos los fiscales que voluntariamente deseen participar. Estas audiencias deberán realizarse reservadamente y en secreto, en un despacho de la fiscalía, pudiendo los compañeros manifestar oralmente o por escrito su opinión. Este fiscal deberá redactar el mismo día un resumen de todo lo afirmado por los compañeros, debiendo unirse al mismo todos los escritos que voluntariamente hayan presentado los fiscales. Posteriormente  deberán entregarse a todos los componentes del consejo fiscal, copia autenticada tanto del informe como de los escritos presentados, 3 días antes de la votación.

Por último, la resolución que acuerde el nombramiento deberá hacer una valoración y explicación de los motivos por los que se rechaza o admite el parecer de los componentes de la plantilla.

 

En todo este proceso deberá garantizarse el secreto y anonimato de todo lo manifestado por los componentes de la plantilla tanto oralmente o por escrito.

 

Esta propuesta se extiende a todos los cargos de carácter discrecional de la carrera fiscal, sin distinción.

 

         Asimismo, se considera necesaria una nueva regulación del EOMF y del ROMF en la que se establezca una promoción  en la carrera Fiscal  y una designación de Jefes basada en baremos reglados que reflejen el mérito y la capacidad, y no en criterios principalmente discrecionales  , puesto que la  discrecionalidad debe diferenciarse de la mera arbitrariedad, respetando  el curriculum y la antigüedad de los peticionarios y evitando tener en cuenta  afinidades  políticas o ideológicas. 

 

COMUNICADO APIF POR EXPULSIÓN DE UN FISCAL DE LA CARRERA
Comunicado de la APIF con ocasión de la expulsión de la Carrera Fiscal de un compañero de A Coruña
COMUNICADO APIF POR EXPULSIÓN DE UN FISC[...]
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