CONCLUSIONES CONGRESO APIF, ALICANTE JUNIO 2016

La APIF, en su Congreso anual celebrado en Alicante los días 10 y 11 de junio de 2016 ha aprobado las siguientes CONCLUSIONES:

 

 

1ª) Exigimos la implementación de un Reglamento democrático para el Ministerio Fiscal ante la evidencia de que la normativa actual (de origen preconstitucional) es fuente de confusiones e incertidumbres sobre qué norma es la aplicable en cada caso, permitiendo situaciones de arbitrariedad y por tanto beneficiando a quien ostenta el poder de la Fiscalía, causando indefensión a quien necesita del derecho para ejercer su función cuando hay conflictos con la jerarquía.

2ª) Es necesario abordar de una vez, reiterando la falta continuada de interés sobre este particular por parte de la FGE y del Ministerio de Justicia, la solución de un conjunto de problemas profesionales que mantienen a los fiscales españoles en una situación profesional empobrecida en relación con los compañeros de la Carrera Judicial y de muchos otros funcionarios de la Administración del Estado:

 

A) Es imprescindible elaborar un estudio sobre la carga laboral que se soporta en cada puesto de trabajo de la Fiscalía. La APIF considera bochornoso que desde la jerarquía ni desde el Consejo Fiscal no se trabaje para que este problema se resuelva por vía de urgencia. No se conocen iniciativas del Consejo Fiscal, peticiones de dimisión del Fiscal General, ni llamamientos a la huelga, por no abordar esta cuestión de la que depende la conformación racional de la plantilla de la Fiscalía, la eliminación de nichos de inactividad o de cargas de trabajo irrisorias en algunos casos, la elaboración de criterios para sancionar a los fiscales por falta de rendimiento o a premiarlos por su superior productividad. Y fundamentalmente, de la que depende el establecimiento de criterios para la conciliación de la vida profesional y familiar y también para la prevención de riesgos para la salud derivadas del exceso de trabajo.

B) Hay que abordar de una vez cuestiones profesionales urgentes para los fiscales:

b.1: Regular los concursos de traslado para que cada vez que se convoca uno no sea un conflicto por los errores en su convocatoria o tramitación. Y exigimos que siempre salgan a concurso todas las vacantes no cubiertas por fiscales de Carrera, sin excepciones.

b.2: Incrementar las plantillas para conseguir que haya movilidad laboral entre los fiscales.

b.3: Suprimir la tercera categoría de la fiscalía.

b.4: En tanto no se suprima dicha categoría,

b.4.1: Reconvertir plazas de tercera en plazas de segunda en aquellos casos en los que como en las Fiscalías de Málaga y otras, muchos fiscales ven transcurrir su entera vida profesional en plaza de categoría inferior a la suya.

b.4.2: Igualar urgentemente las retribuciones de los fiscales que realizando la misma función y perteneciendo a la misma categoría perciben muchos miles de euros menos al año de retribución por ocupar una plaza de categoría inferior a la suya.

b.5: Abordar seriamente la cuestión de la productividad implementando un sistema que premie efectivamente el exceso de trabajo realizado y al tiempo que evite la realización de ridículas estadísticas que como hemos visto recientemente con ocasión de la reforma procesal sirven para bien poco salvo para hacer perder el tiempo escaso de los fiscales para el ejercicio de su función. En todo caso hay que revisar el baremo que actualmente permite situaciones injustas con demasiada frecuencia.

b.6: Es precisa la creación de una comisión para estudio de la unificación del sistema informático de la Fiscalía compuesta fundamentalmente por los fiscales que trabajan directamente con el mismo y se aperciben de las necesidades reales sufren sus deficiencias y no por quienes hace años están alejados del despacho de causas penales.

b.6: Poner en funcionamiento de una vez, aunque ello haya de suponer poner coto a la arbitrariedad en los nombramientos, criterios de evaluación profesional fiables a fin de evitar que la fidelidad asociativa o política prevalezcan sobre la capacidad y la competencia.

b.7: Abordar la formación del personal de gestión, tramitación y auxilio de la Fiscalía a fin de que potencie su aportación efectiva al trabajo real y diario de los fiscales, incluyendo el trabajo de registro y estadística.

b.7: Distribución general de textos legales cada vez que se produzca una reforma legal de calado en el Código Penal o en la LECr.. No puede servir de excusa la diferencia de competencias sobre la materia porque nosotros somos todos fiscales y son la FGE y el Ministerio de Justicia quienes tienen la obligación de cumplir con esa obligación uniforme de facilitación de medios materiales.

b.8: Implementación de protocolos de incorporación de fiscales a las fiscalías, con especial acento en los fiscales que se incorporan a la Carrera: un “protocolo de acogida”, como sucede en cualquier empresa de cierto tamaño y más en una institución huérfana de normas de funcionamiento interno.

b.9: Instauración de un sistema periódico de encuestas anómimas y voluntarias sobre bienestar laboral, evaluación de los fiscales jefes, de las instalaciones y de las eventuales mejoras que pudieran producirse en la Fiscalía.

b.10: Reforma del sistema disciplinario de la Fiscalía, en el que se siguen produciendo prácticas como la de que quien tiene que sancionar nombre discrecionalmente al fiscal encargado de investigar la infracción sancionable: hay que incrementar las garantías reales incrementando medidas para para garantizar la independencia e imparcialidad del encargado de la investigación de los expedientes disciplinarios, conforme al sistema instaurado para la Carrera Judicial.

b.10: Instauración de una auténtico sistema de transparencia en todos y cada uno de los aspectos del funcionamiento de la Fiscalía que supongan gasto para el erario público, con conocimiento de aspectos elementales como las retribuciones de los diferentes cargos de la Carrera Fiscal, viajes realizados por la jerarquía y por los fiscales a costa de los presupuestos y con explicación de su utilidad, coste, necesidad y posterior justificación. O la agenda del Fiscal General del Estado, estado de implementación de los sistemas informáticos, normativa vigente en el régimen interno de la Carrera, relativo a la transparencia del Consejo Fiscal –siempre prometido pero nunca realizado -, en los criterios para los nombramientos o para la asignación de plazas en comisión de servicios. Debe asimismo establecerse un sistema de transparencia y motivación para la asignación específica de asuntos a fiscales concretos.

b.11: Puesta en vigor de un compromiso ético para la Fiscalía y para el Fiscal General del Estado, que se muestra tradicionalmente renuente a aceptar que todos los fiscales y también naturalmente la jerarquía de la Carrera debe someterse a reglas éticas establecidas, transparentes y conocidas por todos, entre las que hay que incluir la contratación de personal de secretaría con vínculos de parentesco, la asistencia habitual en representación de la institución a eventos deportivos o taurinos, la necesidad de abstenerse en nombramientos de amigos personales, o la clarificar los criterios de percepción de dinero por asociaciones de fiscales por parte de entidades privadas y bancarias.

b.12: Necesidad de instauración de un protocolo contra el acoso laboral dado que el aprobado por el Ministerio en marzo pasado ha resultado un error del Departamento del Sr. Catalá, que no resulta finalmente de aplicación a los fiscales.

b.13: Es preciso establecer la obligatoriedad y exigir su cumplimiento por parte de la Inspección Fiscal de celebrar Juntas de Fiscalía periódicas, y regular la información que ha de proporcionarse a la misma por la Jefatura.

b.14: Es necesario a juicio de la APIF de que todas las fiscalías españolas con sede en Audiencias Provinciales tengan una sección especial de delincuencia económica y anticorrupción, o al menos un fiscal especializado en la materia.

b.15: Es conveniente que la Secretaría Técnica de la FGE haga actualizaciones de la normativa interna (Circulares e Instrucciones) vinculantes para el Ministerio Fiscal.

3ª) Queremos expresar nuestra más enérgica protesta por el estado de los medios materiales asignados a la Fiscalía para el ejercicio de sus funciones e instamos a su mejora inmediata. Hay Fiscalías con instalaciones paupérrimas, insalubres o totalmente deficientes; los sistemas informáticos de que disponemos acreditan una pobre actuación en primer lugar del Ministerio de Justicia y también a lo largo de los años de la Fiscalía General del Estado y de su Unidad de Apoyo ya que tras muchos años de actuación de dicha Unidad y de graves problemas con el sistema informático de la Fiscalía se agota la excusa de que la culpa es siempre y solo de los demás.

4ª) Exigimos la derogación inmediata del art. 324 de LECr., cuyos efectos no solo se manifiestan tras la entrada en vigor de la norma el 6 de diciembre de 2015, sino a todas las causas incoadas desde entonces lo que va a determinar el perjuicio a numerosas causas -complejas y no complejas- derivada de la falta de medios que tiene la Administración de Justicia para desempeñar su trabajo.

5ª) La implantación del sistema LEXNET se ha mostrado inviable con unos sistemas de comunicación telemática obsoletos, con numerosos fallos, sin preparación adecuada de los llamados a aplicarla, sin plantillas adecuadas. Pero es que además hay que resolver problemas básicos, fundamentalmente el de la seguridad y control de la información que se incorpora a LEXNET, hoy residenciada en el Ministerio de Justicia y no en el Poder Judicial que es lo procedente. Se trata de un ataque intolerable a la independencia del poder judicial que ha de ser solucionado.

Contemplamos como un riesgo a la independencia del poder judicial el mantenimiento de bases de datos y de evidencias provenientes de actuaciones judiciales en manos del poder ejecutivo o incluso en manos privadas en algunos casos) cuando deberían estar bajo el control del poder judicial.

6ª) Es indispensable la implementación de un sistema de riesgos laborales específico para la Fiscalía, cuestión hasta la fecha rechazada por el Ministerio de Justicia que no renuncia a controlar la institución hasta en aspectos relacionados con las condiciones de trabajo de los fiscales.

7ª) Es necesario el acometimiento de una reforma procesal penal que lleve el proceso penal español al siglo que vivimos y lo acomode a los principales sistemas procesales de Europa que nos homologue a los estados de garantías imperantes en Europa, sacando el sistema procesal español del siglo XIX. No se nos oculta la existencia de sectores judiciales y fiscales renuentes que han determinado el fracaso de todas las iniciativas procesales afrontadas hasta la fecha. Creemos que ya está bien de excusas y que hay que ponerse a trabajar en esto.

8ª) La lucha contra la corrupción y la mejora del sistema de enjuiciamiento penal requieren de manera indispensable la celebración de un Pacto de Estado por la Justicia que aborde la despolitización del CGPJ (compuesto por vocales elegidos por los partidos políticos y que han elegido como Presidente del Tribunal Supremo a un magistrado que fue Director General de Justicia en un Gobierno del partido que hoy gobierna España) y de la Fiscalía cuyo titular elige directamente el Gobierno; el establecimiento de una auténtica Carrera profesional que no se vea alterada por intereses políticos partidistas como ocurre actualmente y la confirmación de que la Justicia ha de permanecer neutral en todo caso y frente a cualquier persona o institución que comparezca o se vea afectada por la misma.

9ª) Que ha de revisarse en aras de un mayor consenso parlamentario el modo de designación del FGE por el Gobierno y cese a fin de garantizar a la sociedad que el Fiscal no va a ser un instrumento más de la política gubernamental.

10) Que han de regularse las relaciones entre el Gobierno y el Fiscal General, incluyendo la transparencia máxima en sus relaciones y tipificando de manera específica como delito grave contra la Administración de Justicia la comunicación al Gobierno de información reservada que el Fiscal General obtiene en el ejercicio de sus funciones así como la solicitud de la misma por el Gobierno, siempre que la misma se refiera a diligencias de investigación de la Fiscalía, a procesos penales o a información proveniente de la cooperación penal internacional.

11ª) Que han de crear mecanismos en la Fiscalía que permitan la investigación independiente contra cualquier persona de la jerarquía de la Fiscalía incluyendo al Fiscal General del Estado en el caso de hechos que aparezcan como indiciariamente constitutivos de delito.

 

 

Madrid, a 15 de junio de 2016

 

 

Conclusiones del Congreso ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES, 2015

 

1.-La Fiscalía española necesita una urgente redefinición como Institución democrática  y propia del siglo XXI.

2.-Dentro de cada Fiscalía Territorial y Especial la figura del Fiscal Jefe resulta esencial como director de un grupo humano que tiene encomendada una importante función constitucional, si bien no debe olvidar nunca que no es más que un “primus inter pares”. El Fiscal Jefe debe mantener siempre una actitud de servicio hacia el exterior y también hacia el interior.

3.-A la hora de nombrar a cada Fiscal Jefe debe exigirse, dentro de los requisitos de mérito y capacidad que debe reunir, que el mismo cuente con los necesarios valores humanos para dirigir una Fiscalía como organismo integrado por profesionales cualificados, por juristas de primer nivel.

4.-Dentro de cada Fiscalía los repartos de trabajo y de servicios son un instrumento esencial para garantizar la adecuada prestación de un servicio público. Si bien solo desde la equidad y el respeto a la labor de todos se pueden garantizar unas condiciones de trabajo dignas.

5.-Para garantizar lo anterior resulta esencial que se dé cuenta a los Fiscales de la asignación de servicios realizada al menos con una periodicidad anual.

6.-De igual modo resulta esencial que la Inspección Fiscal realice una especial vigilancia de los repartos de trabajo de cada Fiscalía, tanto del procedimiento seguido para establecerlos como del contenido de estos.

7.-Los repartos de trabajo que se realicen deben cumplir con la obligación de contener una motivación suficiente, tanto en cuanto al reparto de lotes como a las razones que hayan llevado al cambio.

8.-Como garantía para todos los Fiscales debe establecerse como obligatorio que la Junta de Fiscalía, como órgano colegiado, dé su aprobación al reparto establecido. Resulta necesario reformar el Estatuto en este sentido.

9.-En línea con todo lo anterior debe hacerse, de forma inmediata, un estudio serio y en profundidad de la carga de trabajo de cada Fiscalía y de cada Fiscal. Y adoptar,  de forma urgente, las medidas que resulten necesarias para paliar la carga excesiva que sabemos existe en algunas fiscalías y que soportan algunos fiscales.

10.- Debe implementarse un Código Ético que rija la vida de la Fiscalía y la labor diaria de cada Fiscal.

11.-La Fiscalía española tiene que contar con un portal de la Transparencia en el seno de su página web. Portal de la transparencia que dé cuenta, por una parte, de los gastos: en viajes de F.G.E., Fiscales de Sala y Consejeros; en sustituciones internas y externas; y en cuantas partidas relevantes afecten al funcionamiento diario del Ministerio Fiscal. Por otra parte debe dar cuenta de las actividad del Consejo Fiscal, de los decretos de nombramiento de los Fiscales llamados a puestos discrecionales y de todas aquellas decisiones con trascendencia externa.

12.-Se debe reconsiderar la elevada proporción de puestos cuya designación se realiza de forma discrecional. La discrecionalidad debe ser excepcional como vía de provisión de puestos de trabajo dentro de la función pública en general y también dentro de la Carrera Fiscal.

13.-Se debe impulsar la creación de un mediador que podría denominarse “Defensor del Fiscal” y que podría ubicarse en el seno de la Inspección Fiscal, bajo el amparo del artículo 159 del Reglamento del Ministerio Fiscal de 1969. Norma a la que nos remitimos, pese ser una norma preconstitucional y obsoleta en muchos aspectos, pues carecemos de cualquier otra regulación básica más allá del Estatuto Orgánico que resulta claramente insuficiente para regular nuestra función. Mediador que tendría encomendada la labor de tratar de alcanzar una solución pacífica y negociada de los conflictos que puedan surgir en el seno de la Carrera, antes de que estos lleguen a agravarse. 

14.-Debe impulsarse igualmente un Protocolo a aplicar por el mediador al que hacíamos referencia en el punto anterior, de ser requerida y aceptada por todos los implicados su intervención en algún supuesto.

15.-La existencia de plazas de tercera, así como la distribución de éstas, supone un lastre a la equidad y al desarrollo en progresión de la Carrera de muchos fiscales por el número desproporcionado de plazas que existe en algunas fiscalías. Por ello abogamos por la supresión de la referida categoría y el establecimiento de una única categoría de Fiscal que aglutine a los Fiscales de segunda y tercera categoría.

16.- Si bien y ante la negativa a la supresión de la Tercera categoría por parte del Ministerio la A.P.I.F. aboga, como solución menos gravosa, por que cada Fiscal cobre la plaza que cubra en función de la categoría que ostente y que simultáneamente se fije un plazo tasado de entre dos y cuatro años para que se produzca el ascenso de categoría. Por supuesto deberán respetarse los derechos adquiridos.

 

Sevilla 11 de abril de 2015

CONCLUSIONES DEL VIII CONGRESO APIF, CELEBRADO LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO DE 2014

 

1.  La APIF manifiesta su absoluto rechazo a la actuación del Fiscal Jefe Provincial de Madrid en la nueva distribución del trabajo de los Fiscales de Madrid que está implantando mediante un sistema “alegal”,  no previsto en el Estatuto del Ministerio Fiscal y en contra de la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscalía (135 votos en contra, 19 votos a favor y 20 abstenciones). Ha obligado a todos los miembros de la plantilla a participar en lo que ha denominado “concurso”, pero que sin embargo no puede calificarse de tal porque 1º) no es voluntario, 2º) los Fiscales no pueden pedir las plazas que deseen , sino que tienen que optar obligatoriamente a las 125 plazas que ha dispuesto; y 3º) no se basa en criterios claros,  objetivos ni reglados de atribución de las mismas, como lo acredita el hecho de que lleva ya varias resoluciones provisionales con nuevos y constantes cambios.

 

            Como consecuencia de todo ello la Fiscalía de Madrid está padeciendo desde hace casi un año, tras el nombramiento del nuevo Fiscal Jefe, una revisión integral del sistema de trabajo que está provocando graves distorsiones en el desempeño de la función pública y que, en suma, causa un grave perjuicio a los ciudadanos.

 

            Hacemos saber a la Carrera que la APIF ha presentado un recurso de alzada ante el FGE (no contestado hasta la fecha por éste), y que ha adoptado el acuerdo de estudiar la viabilidad de la interposición de un recurso contencioso administrativo si la situación no se corrige en el seno de la institución, si bien, previamente consultaremos directamente con nuestros asociados y con el resto de los compañeros en la plantilla de la Fiscalía de Madrid para analizar las diferentes opciones y posibilidades.    Hacemos asimismo saber a la Carrera Fiscal que dondequiera que se genere un conflicto con la jerarquía (distribuciones de trabajo discriminatorias, concursos, estadísticas, acosos laborales, desplazamientos del mérito y la capacidad, discrepancias técnicas o cualquiera de otra naturaleza), los fiscales pueden contar con que la APIF está interesada y dispuesta a evitar cualquier daño con origen arbitrario a los compañeros.   

 

 

2.   En relación con la Comisión de Productividad,  el Congreso  respalda expresamente la actuación del representante de la APIF, se pronuncia de manera clara e inequívoca por la supresión de la obligación de hacer estadísticas para los fiscales; por la supresión del baremo; y por la necesidad de distribuir la productividad (que debe necesariamente conservarse) rotatoriamente entre los fiscales de la plantilla, salvo causas justificadas en contra de ello.  El sistema de la rotación funciona satisfactoriamente en varias fiscalías y creemos que es el que mejor evita conflictos y discriminaciones injustificadas entre los compañeros.  El sistema actual lo consideramos profundamente injusto y una carga innecesaria para todos, los que cobran productividad y los que no.   Naturalmente, se trata de una cuestión necesariamente ligada a una justa distribución del trabajo en las fiscalías sobre la cual el Congreso considera necesario que se establezcan garantías a los fiscales para impugnar aquellas que se consideren discriminatorias o perturbadoras para el servicio, y con especial atención en esos aspectos a la protección de los derechos de los más vulnerables, es decir, los más modernos y los recién llegados a una Fiscalía.  Se exige la configuración de un sistema informático fiable que de una vez permita a la Fiscalía General conocer el volumen de trabajo real que se despacha en cada fiscalía y por cada fiscal.

 

En cuanto a la composición de la Comisión de Productividad  consideramos esencial que, además de las tres asociaciones profesionales,  se debería contar con la presencia de miembros de las diversas fiscalías de España, incluidas Secciones Territoriales y de Área, y no solo de los Jefes de las mismas, para que puedan exponer su experiencia y opinión sobre la materia.

 

            3.  El Congreso se pronuncia contra la institución de los fiscales eméritos (con todo el respecto que nos merece la trayectoria de los mismos y el trabajo que desempeñan), en tanto se sigan produciendo restricciones y eliminaciones de fiscales sustitutos en las Fiscalías donde realmente hacen falta mayores refuerzos.  Estamos en contra de la automatización en la designación de los eméritos, y si los recursos de la Fiscalía son limitados, se considera que esos recursos han de aprovecharse en beneficio del colectivo, del funcionamiento correcto de la Fiscalía, y especialmente para cubrir las más graves deficiencias para el mejor servicio público.  En todo caso, el criterio ha de ser el de la vacante o de la baja temporal.

 

4.  Necesidad de ampliar la plantilla de fiscales de carrera.    La APIF considera que no se puede mantener la calidad en la prestación de la función fiscal, con unas competencias que se amplían y con unos recursos que se reducen.    Se insta al FGE que luche en el Ministerio de Justicia (nos ofrecemos a ayudarle en ese trabajo) para aumentar significativa y constantemente la plantilla de la Fiscalía.

 

5.  La APIF exige un replanteamiento de las funciones de las diferentes fiscalías, con un análisis de la conveniencia de mantener las Fiscalias de los Tribunales Superiores de Justicia, vista que la reforma procesal que justificó su instauración no se ha producido ni tiene visos de producirse.   La consecuencia es que se trata de fiscalías cuyas Memorias ofrecen una carga de trabajo muy inferior a las de la inmensa mayoría del resto.

 

6.   La APIF se muestra contraria de manera rotunda y radical al sistema de sustituciones instaurado por la Instrucción 3/2013, y reclamamos la contratación de sustitutos en casos de vacantes estructurales, de maternidad, de cargas de trabajo desproporcionadas.     Consideramos que la cuestión merece un estudio mucho más profundo que el que se ha realizado y que ese estudio ha de contar con la intervención de una representación sustancial de los fiscales que padecen las consecuencias de la mencionada Instrucción.  

 

7.   Reclamamos un completo estudio de la aplicación a la Carrera Fiscal de la normativa de riesgos y enfermedades laborales, como ocurre con cualquier otro trabajador en España.

 

8.  Nos manifestamos a favor de la equiparación de las categorías profesionales de 2ª y de 3ª, entendiendo que la persistencia de la tercera categoría discrimina profesional y económicamente a muchos compañeros y genera innecesarios conflictos entre fiscales.   Defendemos que la antigüedad ha de remunerarse a través de trienios que se correspondan en su cuantía a la función que se desempeña.

 

9.   Reclamamos la instauración de un sistema de garantías profesionales a través de un cambio profundo en el régimen disciplinario, y a través de la regulación de un completo sistema de recursos administrativos, con claridad de competencias de cada cual para resolverlo, y con una remodelación profunda de la Inspección Fiscal.    Consideramos que la opacidad actual, derivada de un desinterés institucional, debe suprimirse e instaurarse un sistema transparente de derechos y obligaciones, de garantías profesionales y de un procedimiento que permita que nunca más los Tribunales de Justicia imputen a la Institución el haber vulnerado los derechos fundamentales de un fiscal para separarlo del servicio.  Creemos que urge la derogación del Reglamento de 1968 y un cambio de reglas profesionales a través de un nuevo Estatuto y de un nuevo Reglamento.    E instamos a la FGE a actuar en esa línea.

 

            10. La APIF valora el resultado electoral a las elecciones al Consejo Fiscal de manera moderadamente positiva, toda vez que nuestra candidatura ha obtenido un apoyo muy significativo, expresivo de un anhelo de cambio en parte de la Carrera.  Sin embargo se considera que ese cambio que creemos que ha de producirse ha de pasar por un aumento de la implantación de la APIF en la Carrera.   Es preciso un crecimiento de la asociación, que ya ha comenzado, ha de ser mucho mayor.    Para ello, se acuerda potenciar la comunicación con la Carrera a través de la página web de la asociación (apifiscales.es), actualizando la lista de correos, emitiendo un boletín electrónico periódico de actividades, utilizando nuestras cuentas en las redes sociales (facebook y twitter), e intensificando nuestra colaboración con los medios de comunicación.    Se acuerda la conveniencia de mantener un contacto permanente con los compañeros de la Carrera Fiscal, asociados o no asociados, y se acuerda mantener un control sobre la actuación del Consejo Fiscal, a fin de instar y procurar la defensa de los derechos, de los intereses y de las legítimas aspiraciones de todos los fiscales, relegando el sectarismo, el favoritismo, el amiguismo o cualquiera otro factor que entre en conflicto con el tratamiento igual para todos

 

11.  El Congreso aprueba la acción de elaborar un Boletín bimensual, recogiendo las principales actividades de nuestra asociación.

 

12.  El Congreso encomienda a la Comisión Ejecutiva la tarea de abrir un debate en la Carrera Fiscal sobre la conveniencia de eliminar el aforamiento de los miembros del Ministerio Fiscal, como primer paso para la supresión de todos los aforamientos en España.

 

13.  La APIF remarca la necesidad de establecer unas condiciones en la Fiscalía que garanticen una lucha contra los delitos relacionados con la corrupción política y económica, para lo cual es imprescindible la eliminación de cualquier injerencia política en la institución.  Consideramos que la transparencia en las relaciones entre el FGE y el Gobierno -en la línea recomendada por el Consejo de Europa, informe Greco 2014- es una buena manera de empezar a trabajar en ese sentido.    

 

14.   Mantendremos relaciones de lealtad y colaboración institucional con la FGE en todas las materias que repercutan en el buen funcionamiento de la institución, de la Justicia y de los derechos, intereses y aspiraciones profesionales de los Fiscales.  Pero asimismo mantendremos una actitud de respetuosa independencia frente a la FGE, por lo que la Institución y los compañeros podrán siempre conocer lo que opina la APIF, y las razones de ello.    Creemos que la Fiscalía precisa de cambios profundos, empezando por la transparencia general en el funcionamiento interno de la Fiscalía, como hemos puesto de manifiesto en nuestro programa electoral, y colaboraremos con la Fiscalía General en abordar esos cambios.   

 

Madrid, a 24 de mayo de 2014