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APIF PIDE INFORMACIÓN A LA FGE SOBRE CASO GRÚAS DE LAS PALMAS, Y TIENE ESTA RESPUESTA

En fecha 21 de noviembre de 2018 la APIF solicitó a la FGE información sobre algunos aspectos relacionados con la actuación del Fiscal en un caso de corrupción en Canarias, al hilo de una nota de Prensa en la que el Fiscal Superior de Canarias hacía constar lo siguiente:

La Fiscalía General trasladó a esta Fiscalía Superior la conveniencia de suspender la presentación de ningún escrito dado que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para conocer los hechos derivaba del aforamiento para los miembros del Gobierno de Canarias establecido por el Estatuto de Autonomía de Canarias, norma que de forma inminente iba a ser reformada.”.

Dado lo anómalo de que la Fiscalía General ordene suspender la presentación de un informe de competencia y ante la posibilidad de que el retraso en el desapacho del asunto pudiera de facto alterarla, la APIF solicitó información sobre ciertos aspectos que se recogen a continuación:

1.  Qué Fiscal concreto de la Fiscalía General trasladó la conveniencia de suspender la presentación del informe.

2. A qué Fiscal concreto de la Fiscalía Superior se trasladó tal conveniencia.

3. Conforme a qué fundamento jurídico concreto o motivo específico se apreció dicha conveniencia.

4. Si tal traslado o comunicación constituyó una orden o instrucción, o por el contrario fue una mera sugerencia o recomendación no vinculante.

5. Cuál hubiese sido el inconveniente de no suspender la presentación del informe antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía (6 de noviembre de 2018).

 

Ahora la FGE ha contestado.   Esta es la respuesta que nos trasladan.  

 

A través de la presente acuso recibo de su escrito fechado el 21 de noviembre de 2018,

con número de entrada 201800021885, referido a la actuación de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el procedimiento de Diligencias Previas no 14/2017 de la Sala Civil y Penal del TSJ de Canarias ("caso grúas"), en el marco del cual la citada Fiscalía emitió una nota de prensa con fecha 15 de noviembre de 2018 informando acerca de lo actuado en ese procedimiento ante la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

En su escrito se realizan una serie de consideraciones acerca del reflejo que esta cuestión ha tenido en los medios de comunicación y se formula una solicitud de información sobre diferentes extremos.

Entiendo al respecto que el propio contenido de la Nota de prensa difundida por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma ya da respuesta a buena parte de la solicitud de información que me dirigen. En ella se fija el contexto en el que se desarrolló la actuación de esa Fiscalía en el procedimiento indicado y se explican las razones de la misma.

Como es sabido, la unidad de actuación es uno de los principios legales y constitucionales que vertebran nuestra institución y a él sirve el mecanismo de dación de cuenta que se regula en el párrafo segundo del art. 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). El precepto indicado ilustra sobre la forma en que ha de realizarse la comunicación al Fiscal General del Estado, en particular cuando establece que "Las órdenes, instrucciones y comunicaciones a que se refieren este párrafo y el anterior se realizarán a través del superior jerárquico, a no ser que la urgencia del caso aconseje hacerlo directamente, en cuyo supuesto se dará ulterior conocimiento al mismo".

También es conocido que este mecanismo de comunicación con el Fiscal General del Estado se articula en la práctica a través de la Secretaría Técnica, dada su condición de genuino órgano de asesoramiento técnico del Fiscal General, en atención a las funciones que estatutariamente tiene encomendadas y a la especial configuración de este órgano que se evidencia en la regulación contenida en los arts. 13.3 y 36.3 del EOMF.

Del mismo modo, al frente de la Secretaría Técnica se encuentra un Fiscal Jefe (art. 13.3 EOMF) que, conforme a lo dispuesto en el art. 22.5 del EOMF, ejerce la dirección del órgano y es el responsable de vehicular las comunicaciones que se producen en el marco del art. 25 del EOMF.

Es en este contexto estatutario en el que en este caso, como en cualquier otro, se desarrolla la dación de cuenta al Fiscal General del Estado.

Tan solo añadir en relación con alguna de las cuestiones que se plantean en su escrito, que la postura mantenida en esta ocasión por el Ministerio Fiscal ha pretendido ser coherente con la función que el art. 3.8 del EMOF atribuye a nuestra institución de velar por la competencia de los jueces y tribunales garantizando el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

Espero que las consideraciones expuestas hayan dado respuesta a sus inquietudes y aprovecho la ocasiópn para transmitirles un cordial saludo. 

La Fiscal General del Estado.