En unos días se va a celebrar la vista en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por la demanda que la APIF ha interpuesto contra el Ministerio de Justicia y la Fiscal General del Estado por la ausencia de un sistema de riesgos laborales que proteja a los fiscales en su trabajo.   De manera urgente se activó el Ministerio y la FGE para ultimar, desde la demanda, un Convenio bilateral que diera lugar a que se pusiera en marcha ese sistema de prevención, para llegar a la vista con al menos algo avanzado.  Está bien, no lo cuestionamos.  Pero nos molesta que ese Convenio sea tan malo.   Y nos molesta más que en dicho Convenio, el único "empresario" que tenemos los fiscales es el Ministerio de Justicia y no la Fiscalía.  Nosotros, a diferencia de la AF y la UPF, entendemos que tenemos "dos empresarios", como los jueces tambien tienen "dos empresarios".  Los nuestros son el Ministerio y, sobre todo, la Fiscalía.  Pero la Fiscalía se libra en el Convenio de asumir responsabilidades empresariales sobre la protección de nuestros riesgos laborales, con lo que se producen una serie de efectos negativos para los fiscales:

1) Si nuestro responsable es el Ministerio, al Ministerio habremos de dirigir nuestras quejas cuando se ponga en peligro nuestra salud laboral por causas que obedezcan a las decisiones de la Fiscalía (carga de trabajo, vacaciones, acosos, enfermedades profesionales ligadas al servicio...).   Esto es absurdo.  El responsable de nuestra salud en estos casos debería ser -únicamente- la Fiscalía, pero en la Comisión de estudio del Convenio la APIF se quedó sola, ya que a la AF y a la UPF les parece bien la solución adoptada.

2) Se crea una estructura en la que claramente la Fiscalía se coloca en posición subordinada con el Ministerio de Justicia, lo que viene de maravilla a quienes tienen una concepción "ministerial" de la Fiscalía, pero no a quienes defendemos la autonomía funcional de la misma.

3) La asunción de responsabilidades empresariales implica la necesidad de manejar un presupuesto para ello.   Se pierde una oportunidad natural de que la Fiscalía se acostumbre a gestionar un presupuesto propio para las necesidades del Ministerio Fiscal, aunque sea en el ámbito estrecho de lo que se relaciona con la prevención de riesgos laborales.

Se adjunta el informe de la APIF al mismo.   

Para una sensibilidad normal de cualquier persona que huye de los radicalismos, lo que está ocurriendo en Afganistán desde la retirada de los aliados y la toma de control del país por los talibanes, es una abominación. Evidentemente, no solo respecto de las mujeres, pero principalmente respecto de ellas.   Las prohibiciones, las limitaciones de derechos son escandalosas.    No salir de casa, o salir con limitaciones graves, no trabajar salvo en ciertos oficios, no ir a la universidad, no disponer de sus propias vidas.   Las noticias son más y más graves cada día.    

Poco podemos hacer una asociación de fiscales española sobre esta cuestión.   Pero lo que si podemos hacer lo hemos acordado en nuestro Congreso de 2021, celebrado en Madrid los días 17 a 19 de septiembre.   Vamos a interponer una denuncia por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal internacional, dado que Afganistán ratificó el 10 de febrero de 2003 el Estatuto de Roma, quedando así sometida a la jurisdicción de la Corte y su población sometida a los posibles crímenes internacionales que contra la misma pudieran cometerse en dicho territorio.