INDICE DEL PROGRAMA ELECTORAL DE LA APIF

PROGRAMA ELECTORAL DE LA APIF PARA LOS CUATRO AÑOS DE GESTIÓN EN EL CONSEJO FISCAL

Programa APIF

 

Elecciones de 2018 al Consejo Fiscal

 

 

 

 “Tu eliges”

 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO FISCAL

 

             1.- Se acaban de convocar elecciones al Consejo Fiscal con la finalidad de renovar los nombramientos de los nueve vocales electivos que han de representar en dicho órgano no solo los intereses corporativos de todos los integrantes de la Carrera Fiscal, sino también, una determinada idea de lo que debiera ser en lo venidero la actuación institucional del Ministerio Público.

 

    La expresa mención a la totalidad de los compañeros tiene un especial significado en la tarea que se impone una asociación como la APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), en cuánto su objetivo fundamental, -junto al de la defensa de los intereses profesionales de los fiscales-, no es otro que el de tratar de situar a la Carrera Fiscal al margen de la división ideológica que parece justificar la existencia de las dos asociaciones mayoritarias.

 

    Es perfectamente conocido -a pesar de la parca información que de lo que allí acontece se nos facilita a los Fiscales- que los debates en el seno del Consejo Fiscal no son solo el resultado de la necesaria confrontación de ideas diferentes. También son la indeseable secuela de gratuitos prejuicios ideológicos. Basta constatar el hecho de la resignada aceptación general de la idea de la existencia de dos bloques (el llamado conservador y el llamado progresista) y de evidenciar cómo se vota habitualmente al unísono en su respectivo seno, para darse cuenta de que lo ideológico se impone al enfoque desapasionado de los asuntos. Tal confronta partidaria se ha convertido así en una realidad tácitamente aceptada, que no obstante, se ha pretendido dulcificar ocasionalmente mediante pactos entre los dos “bloques” para lograr repartos más o menos igualitarios que respondieran a la denominada política de “cuotas”. Ni que decir tiene, que tales pactos se realizan de espaldas a la inmensa mayoría de fiscales, quienes, por cierto, no se hallan integrados en ninguna de las tres asociaciones.

 

    Cuarenta años de Consejos Fiscales dominados por vocales de las dos asociaciones mayoritarias han creado una jerarquía de la Fiscalía (a través de los nombramientos de fiscales jefes en compañeros elegidos por esos Consejos Fiscales) que está en sintonía con quienes nos representan a todos en el Consejo Fiscal.   El sistema electoral defendido por PP y PSOE y también por las dos asociaciones mayoritarias condiciona gravemente la entrada en el CF de las minorías, lo cual ha permitido la permanencia del actual estado de cosas.   En la APIF creemos –y la experiencia de ausencia de mejoras en la carrera así lo acredita- que el Consejo Fiscal ha de cambiar en su composición para que haya cambios en la Fiscalía.   Lucharemos por cambiar el sistema electoral desde dentro para abrir el CF a la Carrera, en el convencimiento de que si no hay cambios en el Consejo Fiscal se va a mantener el mismo estilo que viene existiendo durante cuatro décadas.   Mucha reivindicación antes de las elecciones, y después de elegidos, a olvidarse de lo prometidoDicho de otra manera: no cumplen lo que prometen.  Pero no nos engañan, porque ya sabemos que no van a cumplir.   Vamos a cambiar esto.   Se dice con frecuencia frente a las reclamaciones de los fiscales que “El Consejo Fiscal no tiene competencias en esto o aquello”.   Creemos en la APIF que el Consejo tiene que ser plural y no puede servir solo para ascender a los compañeros afines, y para nada más.  Por el contrario, hay un contenido reivindicativo que hay que desarrollar y ejercer en plenitud de una vez.   Tú eliges.

 

    El propósito de la APIF es pues el de tratar de romper ese previo posicionamiento, exigiendo la profundización en los debates mediante la constante demanda de neutralidad ideológica en el análisis de las materias sometidas a su dictamen y la objetivación -mediante un sistema baremado- de los méritos profesionales de los compañeros cuando de nombramientos se trate, sin prejuicios ni condicionantes sectarios. Creemos fundamental, asimismo, que los fiscales deben tener voz en la elección de su jefe. 

 

2. Si entre los cometidos que el artículo 14.4 del EOMF asigna al Consejo Fiscal se encuentran los de elaborar los criterios generales en orden a asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en lo referente a la estructuración y funcionamiento de sus órganos; el de instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal; y el de dirigir al Fiscal General del Estado cuantas peticiones y solicitudes relativas a su competencia se consideren oportunas (letras a), g) y k) respectivamente); será necesario que el Consejo Fiscal opere como un sujeto activo al que el FGE deba informar sobre su regular actuación, participando la justificación y oportunidad de las órdenes impartidas. La estructuración jerárquica del Ministerio Fiscal no puede ser la excusa que impida el conocimiento de los miembros de ese órgano sobre el modo en el que el FGE esté llevando a cabo la defensa del interés social.

   

    La APIF propone en este punto un seguimiento periódico por parte del Consejo Fiscal de las actuaciones ordenadas por el FGE, a fin de comprobar que las mismas responden a un cumplimiento estricto de la legalidad y no a otros intereses que acaso pudieren tratar de imponerse al Ministerio Fiscal, dada la fragilidad de su posición institucional, siempre en la órbita del Poder Ejecutivo. Este último punto nos obliga a reivindicar de nuevo la necesidad de una actuación imparcial, que lleva a nuestra Asociación a plantear como corolario la oportunidad de un cambio decisivo en la atribución del nombramiento del Fiscal General del Estado y la consecuente configuración del Ministerio Fiscal, de modo que se rescate a la Institución del ámbito de la más que contrastada influencia histórica del Ejecutivo y se la sitúe definitivamente en el seno del Poder Judicial.  Reclamamos el establecimiento de controles profesionales internos a la actuación del FGE, en lo que se refiere a la impartición de órdenes profesionales.  Desde el Consejo Fiscal controlaremos al FGE (sea del signo que sea) en su actuación relativa a la impartición de órdenes particulares a los fiscales.   Tú eliges.

 

 

3. Postulamos la publicidad de la mayor parte de los actos e intervenciones en el Consejo Fiscal. Es un compromiso electoral que otros incumplen sistemáticamente. La publicidad la articularemos a través del Foro de Fiscales, de la Intranet (a cuyo fin instaremos la apertura de una página de comunicaciones de los Vocales del Consejo Fiscal en la misma y un foro de comunicación de fiscales) y -en lo que no merezca una especial reserva- en la web de la APIF.  Estas comunicaciones las harán los vocales electos en la lista de la APIF, como un compromiso electoral, no la asociación.  Si ha habido acuerdos para repartirse cargos, los denunciaremos: los candidatos aspiran a las plazas de uno en uno, con méritos individuales y no pueden estar subordinados a que por algunos se juegue con lotes y repartos que les incluyan o excluyan.

 

    Presionaremos al FGE a poner en funcionamiento la actividad prevista en el Estatuto para la Inspección Fiscal denominada “Servicio Permanente de Valoración” (art. 13.2 del Estatuto), con introducción de baremos profesionales, con la finalidad de que el Consejo Fiscal tenga un criterio reglado de los méritos de cada cual para solicitar una plaza.  No es imposible, se aplica a los fiscales sustitutos.  Daremos cuenta periódica del resultado de nuestras gestiones.  Nos resulta incomprensible que el Consejo Fiscal no haya tomado medida alguna en 11 años para la puesta en marcha de baremos profesionales para valorar el mérito y la capacidad.

 

Creemos, además, que si se ha establecido un plazo en el ejercicio de los fiscales jefes resulta penoso ver como se perpetúan fiscales jefes en los puestos mandato tras mandato sin que el Consejo Fiscal haga nada por evitarlo como si no hubiera nadie más competente para esos cargos.   Creemos que dos mandatos son suficientes para poner en ejecutar un proyecto y que en la Fiscalía hay suficiente talento para que otros puedan asumir con éxito cualquier cometido.  Fijaremos como criterio no extender más allá de dos mandatos a todos los jefes de España, salvo que no haya ningún otro aspirante al puesto.

 

Concebimos el CF como un órgano con funciones legales atribuidas, pero básicamente como el único órgano en la Fiscalía capaz de sustraerse al poder e influencia de la jerarquía.  Por eso es clave para los derechos de los fiscales y por eso consideramos tan grave utilizar al CF únicamente para perpetuar situaciones de poder o influencia personal o asociativa.  Ha de estar el CF al servicio de los intereses de la generalidad de los fiscales, y ahora no lo está.  Tu eliges.

 

 

 

    En una Carrera en la que tan solo uno de cada cuatro Fiscales se encuentra asociado, debiera facilitarse a los no asociados su acceso al Consejo mediante la revisión de la exigencia de los 45 avales que actualmente se impone como requisito a las candidaturas independientes. Si tal número puede acaso alcanzarse –no sin dificultades- en las grandes Fiscalías como las de Madrid y Barcelona, deviene prácticamente imposible para aquellos futuros candidatos que sirvan en Fiscalías de mediano y pequeño tamaño. 

 

LA FISCALÍA NO ES UNA ONG

 

4.- Junto al anterior principio fundamental de la neutralidad en el aspecto orgánico, se han de apuntar también iniciativas en lo que se refiere al papel institucional que debiera desempeñar el Ministerio Fiscal a la vista del relevante cometido que le reservan la Constitución y las leyes.

 

    La APIF reivindica en este punto una idea preliminar y básica que a día de hoy parece haber sido condenada al olvido. El Ministerio Fiscal es, en esencia, el promotor estatal de acción pública. El Ministerio Fiscal no es una ONG, ni es un super-policía, ni es tampoco un asistente social. No es un órgano administrativo de supervisión y control, ni mucho menos, un gabinete de estudios dedicado a impartir permanentemente conferencias en los más variopintos foros públicos. No es un órgano que deba comprobar con carácter preventivo la idoneidad de la señalización del tráfico rodado, ni la calidad del aire de las ciudades, ni la oportunidad de determinadas medidas legales de prevención de los accidentes laborales.

 

    Y es que, entendemos en la APIF, que el Ministerio Fiscal solo se justifica en la actual coyuntura de penuria de medios materiales y personales en cuánto órgano promotor de la Justicia y parte procesal actuante ante los órganos jurisdiccionales. En el actual momento de crisis económica con importantes y drásticos recortes en el que se habla de “duplicidades” y “triplicidades” de competencias administrativas repetidas en los niveles estatal, autonómico y local, no parece prudente el mantenimiento de una estructura dentro del Ministerio Fiscal, que lejos de dedicar sus efectivos a la tan necesaria asistencia a la práctica de actos procesales en los cada vez más numerosos órganos judiciales, dispersa su actuación participando en “observatorios”, “comisiones” y “foros” (nacionales o incluso internacionales) sobre las más variadas materias, con respecto a las que el Fiscal, solo debiera adoptar un papel de imparcial receptor de denuncias o requerimientos para su canalización a través de las Fiscalías Provinciales, valorando la oportunidad de la promoción de la acción procesal respectiva ante los órganos de la Jurisdicción Penal, Civil o Laboral.

 

    El Fiscal es un técnico en Derecho, pero no es un asesor jurídico de las Administraciones.

 

PARTICIPACIÓN DE LOS FISCALES EN LA ELECCIÓN DE LOS FISCALES JEFES

 

5. En los casos de remoción de un fiscal para el despacho de un asunto, o avocación de un caso concreto por el Fiscal jefe, exigiremos que antes de la misma se pronuncie el CF.  Nos parece increíble que el CF no se pronuncie en algunos casos sino meses después de que el Fiscal jefe haya tomado la decisión y la haya ejecutado, especialmente cuando esa avocación tenga como finalidad el archivar la causa, como ha ocurrido recientemente en casos muy conocidos.   Tú eliges.

 

CARGAS DE TRABAJO

 

6.- La APIF considera por ello de la máxima urgencia una reestructuración del Ministerio Fiscal que lleve a su vez a una justa y equilibrada distribución del trabajo entre todos los compañeros, mediante la proposición al Ministerio de Justicia de la revisión, e incluso la supresión de aquellos órganos de tinte cuasi-administrativo que carezcan de una directa vinculación con un órgano jurisdiccional ante el que ejercitar la acción pública,  y que por tanto, resultan de una más que dudosa utilidad para el cumplimiento de los fines constitucionales que deben animar al Ministerio Fiscal.   Resulta imprescindible el establecimiento baremos sobre de cargas de trabajo que el Consejo Fiscal en su larga trayectoria anterior ha omitido clamorosamente.   Instaremos la creación de baremos máximos de trabajo y pondremos al servicio de ese logro toda la presión que podamos ejercer en el CF.

 

    Tampoco resulta justificable que los cometidos necesarios para la gestión gubernativa de la Carrera, se dispersen en dos órganos burocráticos como la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo, con el más que evidente y habitual solapamiento de funciones. Debiera de ponerse coto a esa atávica actitud de nuestra Administración consistente en la permanente creación de nuevos entes públicos, transmutando el principio de que la función crea el órgano, por aquel de que el órgano "ya creará la función"... 

 

    Lo mismo cabe decir de la sobredimensión de determinadas Fiscalías de ámbito estatal o del caso especial de alguna de las Fiscalías Superiores –la de Madrid-, que nutriéndose en parte de fiscales adscritos por haber cesado con anterioridad en otros órganos, ven incrementada su dotación, sin que tal aumento de efectivos se corresponda –al menos por el momento- con las necesidades de actuación procesal ante las distintas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia.

 

7.- Hay por el contrario necesidades perentorias entre los fiscales destinados en las distintas Fiscalías Provinciales y de Área. Son estos compañeros quienes soportan el mayor peso de la actuación cotidiana del Ministerio Fiscal. Es cada uno de ellos quien debe asumir de promedio la asistencia a más de 200 juicios al año; la realización de casi 150 calificaciones entre procedimientos abreviados, sumarios y procedimientos del Jurado; el despacho de más de sesenta asuntos civiles, además de los correspondientes  del orden contencioso-administrativo  y  social y el despacho de una treintena, de media de expedientes de vigilancia penitenciaria. Y todo ello, mediante una actividad diaria que no se realiza necesariamente en la localidad de la sede de la Fiscalía, sino que implica la asistencia personal a múltiples vistas, comparecencias y práctica de diligencias, que suponen desplazamientos constantes a las dispersas sedes judiciales radicadas tanto en la localidad de destino como en otras.

 

Junto al establecimiento de baremos de carga de trabajo es imprescindible, como parte de la asunción por la Fiscalía y por el Consejo Fiscal de que existe una normativa genera del riesgos laborales y entre ellos el riesgo psicosocial para el funcionario, que el CF se plante para establecer cargas máximas de trabajo para cada fiscal.   Solo de esta manera se podrá ajustar la plantilla correctamente, pero el CF no ha hecho nada en décadas a pesar de que este problema está ahí desde hace mucho tiempo.  Con nosotros se va a trabajar en él.  Tu eliges.

 

EL CONSEJO FISCAL HA DE LUCHAR POR LA EQUIDAD EN LA CARGA DE TRABAJO

 

8.- Por lo que se refiere al reparto de trabajo, procede recordar la necesidad de la observancia de la obligación estatutaria de la dación de cuenta en la Junta de Fiscalía de los criterios de reparto del Jefe, y fundamentalmente, que tales criterios se establezcan con la suficiente antelación, de modo que se impida su interesada aplicación ad hoc a cada caso.

 

Se hace necesario adoptar ciertas medidas respecto a la fijación de repartos de trabajo: así, con anterioridad a la Junta preceptiva, ha de hacerse pública la propuesta de la Jefatura, ha de haber un plazo para la presentación de ideas y sugerencias, y ha de darse publicidad a las mismas para que el voto en la Junta sea un voto informado y para que la elección de lotes cuando proceda también lo sea.  Debe limitarse la asignación o la retirada forzosa de funciones a los fiscales por los Fiscales Jefes, instaurando un procedimiento urgente de revisión de esas decisiones si son impugnadas por los interesados, en el Consejo Fiscal.   Consideraremos la imposición del voto secreto en las Juntas, cuando lo pida un compañero y cuando la cuestión suponga enfrentamiento con la Jefatura.   No más tarde de quince días de la decisión del Fiscal Jefe, el Consejo Fiscal a través de su Comisión Permanente (de manera provisional y pendiente de ratificación) o del Pleno habrá dado respuesta a la queja del compañero: esto es un compromiso electoral.  Tu voto lo hará posible.

 

Paralelamente se hace necesaria una reasignación de las funciones del personal auxiliar.  Hoy no podemos trabajar igual que hace cien años.  Los funcionarios tienen que ayudar en tareas que hoy no hacen: control informático de situaciones de prisión provisional; de duración de escuchas telefónicas; comprobaciones previas en los órganos judiciales sobre la correcta citación a los juicios de testigos y peritos…etc. Hay que dotar de un contenido sustantivo a la labor de los funcionarios que trabajan en la Fiscalía, una vez superados los ya tradicionales cometidos de mecanografiado, que en este momento no son precisos al trabajar los Fiscales mediante aplicaciones de tratamiento de textos.    Para ello es preciso que los funcionarios que auxilian a los fiscales sigan cursos específicos para tareas concretas en materia penal, procesal, extractos, gestión de expedientes, informática y otros.  Y garantizar que los funcionarios interinos para determinadas fiscalías tengan una especialización para poder ser de utilidad  real para los fiscales.

 

Además, consideramos necesario aumentar urgentemente la plantilla de fiscales y funcionarios, a cuyo fin entendemos que el CF ha de dedicar suficiente atención y presión.

 

 

FISCALES JEFES PROVINCIALES

 

9.- Singular atención merece en este punto la figura de los Fiscales-Jefes Provinciales. La paulatina desposesión de facultades rectoras que han venido padeciendo en los últimos años a raíz de las sucesivas reformas del EOMF, ha supuesto la apertura de una brecha de notables consecuencias en lo que refiere al correcto entendimiento de los principios esenciales de organización jerárquica y unidad de actuación que constituyen una garantía fundamental de los ciudadanos,  en tanto instrumento mediante el que postular ante los órganos jurisdiccionales una actuación uniforme en todo el territorio nacional.

 

             De un lado, se ha producido –sin ventaja demostrada alguna- una amplísima estratificación del Ministerio Fiscal, seguida de la creación de numerosos cargos intermedios (fiscales de área, coordinadores, decanos, fiscales delegados, fiscales “especialistas”…etc), que ha supuesto una quiebra en la relación directa y personal que debe existir entre el Fiscal-Jefe Provincial y todos sus subordinados, con el consiguiente riesgo de desautorización de quien debiera ejercer la máxima responsabilidad en el ámbito provincial. De otro, se han establecido niveles intermedios entre los Fiscales-Jefes Provinciales y Fiscales Superiores y el Fiscal General del Estado, introduciéndose el distorsionador papel de las Fiscalías Especiales, que superponiéndose a la autoridad del Fiscal-Jefe Provincial, dirigen órdenes e instrucciones a los Fiscales de las plantillas; Fiscales, que por cierto, en las Fiscalías medianas y pequeñas, resultan ser “multiespecialistas” en un amplísimo catálogo de variedades delictivas recogidas en la parte especial del Código Penal.   Abordaremos la simplificación de estas estructuras, analizando la función de esos “cargos intermedios” en la cadena de mando de la Fiscalía y luchando por optimizar recursos, reduciendo la existencia de fiscales con funciones alejadas del despacho del papel y dedicadas hoy día a funciones burocráticas por utilizar un término entendible.

 

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

   

10.- La distribución del trabajo obliga en fin a hablar de la dotación de medios personales.

    Sin perjuicio de la más que improbable conversión en Ley del denominado “Código Procesal Penal”, -habida cuenta de la imposible dotación económica que pudiere sustentar un cambio tan sustancial en el procedimiento penal y de la resistencia del poder político a la creación de un MF no desvinculado del poder ejecutivo-, una adecuada y urgente redistribución de los efectivos con los que cuenta la Carrera Fiscal, permitiría posiblemente afrontar las necesidades que en este punto se plantean. La revisión de la plantilla del Ministerio Fiscal, mediante el estudio riguroso de las respectivas necesidades, aparece como una aspiración indeclinable y a la que a día de hoy, aún no se ha dado respuesta satisfactoria.  El Consejo Fiscal debe responder a esas necesidades de estudio de la carga de trabajo y de la justa redistribución de la misma entre la totalidad de la plantilla.

Consideramos necesario aumentar urgentemente la plantilla de fiscales y funcionarios, a cuyo fin entendemos que el CF ha de aplicar suficiente presión incluso en los medios de comunicación.

 

11.- En cuánto a la dotación de medios materiales la gestión no ha sido lo adecuada o útil que cabría esperar. Resulta inasumible que existan despachos vacíos en algún edificio de los asignados por la Dirección General de Patrimonio a la Fiscalía General del Estado, y que en otras sedes se agolpen cuatro o cinco fiscales en despachos de tamaño notoriamente insuficiente; o que se las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia nieguen la adquisición de códigos o manuales actualizados para proveer a los fiscales, aduciendo la falta de presupuesto; o que en demasiadas Fiscalías se cuente con equipos informáticos obsoletos siendo este un gravísimo problema para los fiscales cuando se quiere abordar una Justicia Digital integral; o en fin y por no alargar más la extensa lista de contrastes injustificables, que se empleen vehículos oficiales de “incidencias” para cómodos traslados urbanos de determinados fiscales, y se niegue a aquellos que han de asistir durante los fines de semana a incidencias en Juzgados de localidades de la Provincia apartadas de la Capital, la contratación del servicio de taxi, por no ser éste un medio de transporte público colectivo.

 

    La revisión de este estado de cosas pasa por los siguientes puntos:

 

    a) El diseño de un proyecto global que racionalice la asignación de los medios estudiando con el máximo detalle cuales son las necesidades reales de cada puesto de trabajo y cuales las prioridades a las que ha de darse inmediata respuesta.

   

    b) La necesaria mejora de las aplicaciones informáticas de la Fiscalía. Por una parte, es esencial fomentar el uso del canal interno de comunicación, que en la actualidad existe en la intranet y que se encuentra en desuso, como vehículo de contacto de la Carrera y foro idóneo para la difusión de información, resolución de consultas, etc. Se debe fomentar el uso de una intranet sencilla que permita acceder a las aplicaciones internas y externas que sean necesarias y que al tiempo que se convierta en un cauce de comunicación para los Fiscales. Y por otra parte se debe exigir la mejora inmediata del sistema Fortuny para que se conciba como una verdadera ayuda al Fiscal y no como un mero instrumento de control y cuyo uso supone un auténtico desgaste profesional. En esta línea se deben simplificar los pasos necesarios para poder despachar un asunto y se le debe dotar de modelos actualizados y de fácil utilización, con pantallas claras e intuitivas y garantizando que el sistema no se cuelgue constantemente. Resulta fundamental transformarlo en una herramienta útil y eficaz para el trabajo diario.  El Consejo Fiscal debe tomar cartas en este asunto, instando al Fiscal General  a la suspensión de la utilización del sistema digital actual por su ineficiencia y entorpecimiento del trabajo de los fiscales, al menos hasta que el sistema de que dispongamos tenga un mínimo de calidad.  Instaremos a que se implemente un sistema de alerta informática para causas paralizadas por tres meses.   Depende de tu voto. 

 

Asimismo, creemos que la Fiscalía es quien debe de controlar los expedientes digitales que se manejan en la Fiscalía, sin que sea el Ministerio de Justicia quien tenga atribuida dicha función.  El CF debe trabajar en esa línea y dar cuenta de su trabajo.

 

    c) La incorporación de aplicaciones propias de gestión que confeccionen por sí mismas las estadísticas que se precisen, desechando de una vez por todas los rudimentarios sistemas de contabilización manual de datos que con sus posibles inexactitudes se introducen ahora en la aplicación dando así una apariencia de fiabilidad que no es tal.   La confección de la estadística no puede ser más una carga para los fiscales, que tienen unos deberes y una costosa preparación de naturaleza técnica en derecho. Acabaremos ya con esto.

 

    d) La conexión del sistema con el de los órganos judiciales, reclamándose del Ministerio de Justicia la urgente necesidad de la digitalización de todos los procedimientos y la instalación generalizada de un sistema electrónico de notificaciones.   Debemos denunciar, y lucharemos desde el CF para conseguirlo, la increíble deficiencia de los sistemas informáticos actuales puestos al servicio de la Fiscalía y de los fiscales para el ejercicio de su función.

 

   e)  La entrega inmediata a los fiscales de todos los textos legales actualizados conforme váyanse produciendo modificaciones legales, en especial del conjunto de leyes procesales que aplicamos y también obviamente del Código Penal.

 

MOVILIDAD EN LA CARRERA: LOS CONCURSOS

 

12.  En una carrera con la movilidad limitada por la inoperancia práctica de los concursos de traslado, instaremos como medida de conciliación de la vida familiar la potenciación del teletrabajo (que en el sector privado está implementado hasta en un 40%), instando la eliminación de la infracción disciplinaria de incumplimiento de permanencia en la sede, salvo caso de desobediencia al Fiscal Jefe. 

 

Ligado a esta cuestión está la lucha por la ampliación de plantillas, y la lucha por la eliminación de la categoría tercera de la Carrera Fiscal, con la cual ya estamos involucrados. 

 

Propondremos y lucharemos porque mientras se decida ampliar la plantilla, se aplique la creación de un sistema de bolsas de trabajo de fiscales titulares dispuestos a aceptar comisiones de servicio de media y larga duración con preferencia a los fiscales sustitutos.    De esta forma aliviaremos un poco la situación desesperada de muchos fiscales que no encuentran manera que cambiar de destino o de acercarse al destino en el que reside su familia o donde quieren residir.    Y conseguiremos que se evite la extraña situación de ver fiscalías sin plaza para titulares compatibilizada con la prestación de un servicio casi permanente por fiscales sustitutos.     Tú eliges.

 

            

 

INSPECCIÓN FISCAL Y RECLAMACIONES PROFESIONALES

 

12.-  Reclamamos asimismo la independencia de la Inspección Fiscal, en su tarea inspectora, del FGE.   El Inspector ha de ser elegido con amplio consenso en el Consejo Fiscal; los miembros de la Inspección deben ser elegidos por cualquier criterio profesional, menos el de la confianza.   Carece desde esta perspectiva de sentido de la fijación de un plazo de permanencia en esa Fiscalía.   Lucharemos por hacer más justo el sistema disciplinario para los Fiscales, frente a la indiferencia mostrada durante décadas por el Consejo Fiscal y la Fiscalía General del Estado.   No nos olvidamos del comportamiento del Consejo Fiscal en algún caso pasado de extrema e injusta aplicación del régimen disciplinario como ejemplo de lo que no puede volver a ocurrir, de manera que impondremos la audiencia ante el Consejo (y no solo la versión de la Inspección Fiscal por la presencia del Inspector en dicho órgano) del inspeccionado en caso de las sanciones más graves.

 

13.   La Inspección Fiscal necesita de una gran reforma.  Además de lo señalado en el párrafo anterior, hay que dotar de medios suficientes a la Inspección para que sirva para detectar déficits de funcionamiento en la Fiscalía, para que sea capaz de imponer ciertos comportamientos éticos a la generalidad de los fiscales y singularmente a quienes están más expuestos a quebrantarlos, como son los altos cargos de la misma; ha de establecerse finalmente en su seno el funcionamiento de la Sección Permanente de Valoración; ha de ser en suma un instrumento de ayuda al buen funcionamiento de la Fiscalía y hoy no lo es.

 

14.- En cuanto al estatuto profesional de los Fiscales, no puede dejar de recordarse, una vez más, la falta de normativa clara sobre las vías a través de las cuales podemos elevar nuestras reclamaciones y quejas, sin riesgo de que tales actos se puedan llegar a entender como actos de indisciplina sujetos a responsabilidad.   Además de luchar desde el CF, la APIF ha acudido y acudirá ante los Tribunales ante cualquier abuso de las reglas de funcionamiento interno, que se han producido con demasiada frecuencia en el pasado ante la indiferencia del Consejo Fiscal. Como hemos señalado más arriba, la estructuración jerárquica del Ministerio Fiscal no puede ser una coartada para establecer un doble rasero aplicable respectivamente a los Fiscales-Jefes y a sus subordinados, de modo que se consolide una presunción de veracidad sobre los alegatos del Fiscal-Jefe en perjuicio de los ofrecidos por quienes se hallan a él sometidos.  Al igual que en relación con las distribuciones de trabajo, introduciremos un procedimiento urgente de reclamación que se extienda a la impugnación de las decisiones de los superiores que afecten a la generalidad de los actos profesionales en que intervienen los fiscales, sin perjuicio de los cauces establecidos ya estatutariamente.  Tú eliges.

 

    El respeto escrupuloso de las garantías en la instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios, obliga a incorporar como guía permanente el más absoluto respeto a los derechos fundamentales del expedientado, y en particular, a sus derechos a la defensa (artículo 24 CE), a la legalidad administrativa sancionadora (artículo 25.1 CE), a la presunción de inocencia (artículo 14 CE) y al principio de audiencia (art. 24.2 CE).

 

DERECHOS ECONÓMICOS

 

    1.- En relación con los derechos económicos, la APIF no puede admitir por más tiempo la actual situación en la que se manifiestan notables diferencias retributivas entre las distintas categorías de Fiscales (3ª y 2ª) dado que el trabajo que se realiza por los integrantes de las respectivas categorías es esencialmente el mismo, ni tampoco que aquellos fiscales que se hallan adscritos a juzgados de violencia sobre la mujer y que  -de hecho- están de guardia de lunes a jueves no perciban retribución alguna. Debemos aquí considerar que la movilidad en la Carrera Fiscal no es la misma que en la Judicial, siendo mucho más limitada.  Nuestros vocales lucharán por acabar con ese régimen, involucrando al CF en esta cuestión.   Tampoco puede entender la APIF que la retribución de los Fiscales de Sala permanezca invariable una vez que –al cesar- dejan de ocupar las jefaturas correspondientes, ya que con ello se produce la paradoja de una mejor condición de éstos frente a quienes con la misma categoría ejercen funciones de jefatura y soportan responsabilidades y cargas de las que los primeros se hallan liberados.   Una vez equiparadas las retribuciones, habrá que revisarse el sistema de asignación de plazas, fomentando los concursos por antigüedad y reduciendo a lo mínimo imprescindible las plazas de libre designación, así como la adscripción “ex lege” de Fiscales a la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid.

16.  Consideramos esencial como primer paso la recuperación de nuestro nivel retributivo desde 2010, la correcta retribución de las guardias, el reconocimiento del complemento retributivo de segunda a los fiscales de esa categoría que ocupen plaza de tercera (como se está reconociendo ya en los Tribunales), la equiparación del complemento de destino de los abogados fiscales que realicen funciones idénticas a los fiscales de segunda en su misma fiscalía, y otras cuestiones ligadas al establecimiento de baremos máximos de trabajo.   Pero consideramos que el aumento de nuestra retribución no puede estar ligada únicamente a la promoción profesional (que en el estado actual de las cosas, depende de las decisiones muchas veces fundadas en criterios de adscripción asociativa en el CF).   Ha de introducirse progresivamente un criterio de carrera horizontal, que establezca una retribución progresivamente más elevada conforme se van cumpliendo años de profesión, llegando tras un número de años a que las retribuciones estén en los niveles más altos de la Carrera.   No puede ser que el manejo de nuestras carreras profesionales por políticos y asociaciones acabe determinando unas mermas retributivas muy importantes para cada uno de nosotros.   Esos criterios de Carrera profesional horizontal, recogidos en el art. 16.3 del Estatuto Básico del Funcionario Público han de ser desarrollados también para las Carreras Judicial y Fiscal, y el CF ha de contribuir a ello.

17.-  Somos conscientes de la necesidad de unión asociativa y de lucha con los jueces para la mejora conjunta de nuestra posición económica.  Pero el CF también forma parte de la ecuación, a pesar de que han creído hasta ahora que eso “no forma parte de sus competencias”.  Vamos a apoyar la lucha por la mejora de las retribuciones de fiscales desde el CF.   Y lo vamos a hacer aprovechando todo el peso político y simbólico de dicho órgano ante la opinión pública y ante las fuerzas políticas.   Tù eliges.

CUESTIONES PROFESIONALES  

 

18.- La cada vez mayor acumulación de servicios, obliga a plantear como criterio general, que se garantice un mínimo de ocho días laborables al mes a cada fiscal para el despacho de papel, quedando en ese tiempo rebajados de toda clase de servicios.

 

19.- Importantísimo también para nuestra Asociación, es el necesario impulso de una normativa sobre el acoso laboral,  facilitando procesos que permitan a todos los fiscales la denuncia ante la Inspección Fiscal de conductas que se consideren generadoras de tan odiosa (y a veces delictiva) práctica, disponiendo de todas las garantías al respecto, -y fundamentalmente la obligación de la Inspección Fiscal de  investigar la denuncia- y en particular, de la ausencia de prejuicios que aboguen por el mayor valor de las afirmaciones de unos fiscales frente a otros, por el mero hecho de integrarse los fiscales en una estructura jerárquica.  Las pruebas se han de valorar racionalmente, sin arbitrariedad, todos los sabemos.

20.-  Los cursos de la Fiscalía han de estar bajo el control de la Fiscalía, siendo nuestra institución la que esté a cargo de la formación inicial y continuada evitando la injerencia ministerial.  Por otra parte, la intervención como director en los cursos de la Fiscalía se deben asignar por concurso de méritos, y no, como se tolera ahora en algunos casos por el ejercicio de influencias sobre quienes designan a los mismos.  Si se quebranta este principio, exigiremos desde el CF las dimisiones o los ceses que sean precisos.   Tú eliges.

21.-  Implantaremos un Protocolo de incorporación a las Fiscalías para quienes bien como primer destino bien en otros casos, a fin de ayudar a que las llegadas de nuevos fiscales sean más fáciles, como ocurre en muchas Fiscalías Europeas y de los Tribunales Penales internacionales y como tiene de manera general el sector privado.   Además, implantaremos al menos cada tres años, una Encuesta Anónima de Bienestar Laboral, con la finalidad de que el pulso y las necesidades de la Carrera estén presentes en las decisiones del CF.

 

22.-  Profundizaremos en el sentido de que la Revista del Ministerio Fiscal, la asistencia a la Comisión de Codificación, las comisiones internacionales, las designaciones para actividades internacionales, gocen de transparencia y publicidad.  Actualmente no hay transparencia en absoluto. 

23.- Potenciaremos la Comisión de Igualdad existente en el seno del Consejo Fiscal. En la actualidad más ocupada de vigilar si la paridad se cumple en los nombramientos de Fiscales Jefes y otros cargos de especial relevancia del Ministerio Fiscal, que de hacer que la Ley 3/2007para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se cumpla realmente. Para ello, y tal y como dice la propia ley, resulta esencial “Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres… en el desarrollo de la carrera profesional” y “Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.” Se debe establecer para ello una especial vigilancia en que se respeta el hecho diferencial de la mujer en las bases de la Fiscalía con medidas como el reconocer a las compañeras embarazadas el derecho a adaptar su puesto de trabajo a su estado, al menos a partir del sexto mes de embarazo, evitando desplazamiento excesivos o servicios especialmente gravosos, estableciendo una especial vigilancia en la asignación de sustituciones forzosas a Fiscales con hijos menores de tres años a su cargo, proscribiendo del seno del Ministerio Fiscal conductas, expresiones y posicionamientos machistas y/o paternalistas y en general cuantas acciones permitan que la paridad no se convierta en un mero dato estadístico a manejar desde la FGE. Para ello será esencial que desde la Inspección Fiscal se informe a la Comisión de las disfunciones advertidas o quejas remitidas desde las distintas Fiscalías sobre este particular, para poder impulsar las medidas necesarias para la supresión de la barreras aún hoy existentes en el seno de la Fiscalía para lograr una paridad real

CODIGO ÉTICO

 

24.-CÓDIGO ÉTICO. La APIF observa con preocupación la asistencia continuada de fiscales jefes a palcos deportivos, celebraciones y otro tipo de actuaciones incompatibles con la neutralidad objetiva que debe exigirse a un alto cargo de la Carrera Fiscal, y al tiempo la falta de reacción de la institución.   Desde el CF instaremos a que esas prácticas se terminen de una vez.   Un Código Ético es algo más que un complemento del sistema disciplinario, y en una Carrera jerarquizada, donde buena parte de las infracciones se establecen para que los fiscales nos acostumbremos a las reglas del principio de jerarquía, el Código Ética ha de servir para acomodar también la actuación de quienes ostentan poder en la Fiscalía a parámetros de prestigio.   El prestigio se contagia y las actuaciones poco ejemplares sin reproche, también.   La autopromoción desde el CF es un ejemplo muy claro, pero hay muchas más infracciones de los deberes éticos: abstenciones en las votaciones, no valoración de méritos, infracción de deberes tributarios en la preparación de fiscales, broncas en público… Impulsaremos desde el Consejo Fiscal un Código Ético para la Carrera Fiscal desde la perspectiva de que quien tiene que dar mayor ejemplo es quien tiene mayor responsabilidad.  Tu eliges. 

 

LA FUERZA DEL CONSEJO FISCAL

 

25.- Estamos hartos de que cuando llega el momento de rendir cuentas, se nos diga por los vocales salientes que “el CF no tiene más competencias para hacer nada más”.   Estamos hartos de que no se intenten explorar vías de firmeza ante el FGE, de plantes ante nombramientos, de ruedas de prensa de denuncia, de visitas a las Fiscalías para estimular la participación en las reivindicaciones, de visitas reivindicativas a Instituciones diferentes de la protocolaria a S.M. el Jefe del Estado nada más tomar posesión.   Se pueden hacer muchas más cosas, pero para ello hay en primer lugar, que tener el coraje de hacerlo.    Hay que trabajar respetando el espacio de las asociaciones, pero hay que trabajar.   Daremos fuerza real al Consejo Fiscal.   Tú eliges. 

 

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