COMUNICADO EN RELACIÓN A LAS NOTICIAS SURGIDAS EN RELACIÓN A LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Ante los últimos acontecimientos referidos a la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada queremos transmitir a la opinión pública:

PRIMERO: Debemos resaltar, por su importancia, pese a que no es hecho novedoso sí quizás desconocido para la opinión pública: el trabajo profesional e independiente de los fiscales en España y, en concreto, de los que componen la Fiscalía Especial Anticorrupción.

SEGUNDO: Entendemos que el correcto ejercicio de la Jefatura de cualquier Fiscalía implica una importante labor de coordinación de sus efectivos, sabiendo impulsar la responsabilidad e implicación de cada fiscal en la defensa de la sociedad, y la asunción personal, en su caso, de los asuntos de la máxima gravedad para dar una cumplida respuesta en la persecución de los delitos, competencia de cada concreta Fiscalía.

El impulso de las investigaciones, con pleno respeto a la ley, es una de las funciones que nos otorga el ordenamiento jurídico y, como ya hemos expresado en ocasiones anteriores, las órdenes particulares negativas deberían desaparecer de nuestra vida diaria.

Pues bien, lejos de ello volvemos a oír hablar de ordenes particulares negativas (no investigar, no perseguir) que cercenan nuestra credibilidad ante la opinión pública, máxime cuando además afloran informaciones acerca de un investigado por presunta corrupción que se pronuncia sobre el organigrama interno del Ministerio Fiscal y la persona más idónea, desde su punto de vista, para ostentar la Jefatura de una Fiscalía tan importante como la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad organizada, que venía encargándose de investigarle, resultando finalmente ser el fiscal que es elegido por el Gobierno para tan importante función.

 

TERCERO: Hemos de lamentar públicamente que el uso del artículo 27 del EOMF se siga considerando por muchos, y por demasiados dentro del seno de nuestra Carrera, como un acto de rebeldía e incluso indisciplina. No es más que un instrumento que debería ser habitual ante cualquier orden que se entienda ilegal o improcedente. Y precisamente debe reforzarse para garantizar la actuación imparcial y responsable de cada Fiscal frente a las ordenes particulares, que insistimos no deberían ser nunca negativas.

Por otra parte  esas órdenes han de hacerse siempre  por escrito salvo en casos de urgencia.

Debemos señalar que la posibilidad de que, una vez que se pronuncie la Junta de Fiscales, tal como establece el artículo 27 EOMF, aun no encontrando apoyo en ella, el Fiscal Jefe pueda imponer su criterio debe revisarse.

No puede entenderse que, tras un debate jurídico en el seno de la Junta de Fiscales, donde se exponen las razones tanto de la Jefatura como de los Fiscales que invocan este artículo, a pesar de perder esta votación, pueda imponerse la posición de la Jefatura. Ningún beneficio específico se puede obtener de ello, salvo potenciar en exceso el principio jerárquico de nuestra carrera, sabiendo, perfectamente que tal principio está vinculado a conseguir la unidad de actuación y éste como requisito necesario para la seguridad jurídica, garantizada por el artículo 9.3 CE. Habrá que convenir que el hecho de seguir el criterio mayoritario de una Junta de Fiscales, no rompe, en modo alguno, el principio de unidad de actuación.

Es imperioso, necesario y urgente la modificación del texto de este artículo 27 EOMF dotando a la Junta de Fiscales de facultad de control de las órdenes de los Fiscales Jefes y, además, de formación de la voluntad de la propia Fiscalía, siendo preciso que su informe sea vinculante para el Fiscal Jefe.

CUARTO: Hemos de lamentar profundamente también el cese y la remoción de los dos fiscales que estaban llevando el caso conocido como el TRES POR CIENTO. Si bien es cierto que tal actuación es legal, está previsto en el vigente EOMF, tal decisión no ha sido debidamente fundamentada ni se ha visto acompañada de ninguna explicación que permita comprenderla.

Nuevamente nos encontramos con dos actuaciones que lejos de reforzar la independencia del Ministerio Fiscal de injerencias ajenas y de alejarse de las críticas de control exógeno de nuestra Institución, lo acercan, cada vez más, a ámbitos de actuación que no le corresponden. Por otra parte la posibilidad de avocación de asunto concreto por el Jefe o la sustitución de los fiscales que estén llevando un caso concreto por otros, debería  contar con la aprobación del Consejo Fiscal quien, si considera no justificadas las razones de la Jefatura, debe tener capacidad para anular dicha avocación o sustitución. Garantías mínimas que deberían existir y lamentablemente no existen. Garantías tendentes a reforzar imparcialidad y actuación con pleno respeto a la legalidad de cada Fiscal y de la Fiscalía en su conjunto.

QUINTO: Se ha suscitado, en la opinión pública, una lógica desconfianza sobre el funcionamiento de la Fiscalía, dando la impresión que su comportamiento se acerca más al abogado que defiende al corrupto y que dirige su actuación torpedeando el procedimiento penal. Haber dado lugar a que se haya suscitado esta opinión de la Fiscalía Especial Anticorrupción nos parece gravísimo ya que se trata de una Fiscalía Especial creada para luchar contra la corrupción.

SEXTO: Esta situación requiere una actuación contundente que logre recobrar la credibilidad y prestigio de nuestra institución, cuya función es la defensa de la legalidad y la persecución de los delitos, los cometan quienes los cometan.

Entendemos que la pérdida de credibilidad sufrida ante la opinión pública exige que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la ratificación o el cese (remoción) del Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción y de la Criminalidad Organizada.

Las Palmas de Gran Canaria a 24 de abril de 2017

La Comisión Ejecutiva de la APIF.

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COMUNICADO SOBRE LAS DECLARACIONES DEL FGE A UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante las palabras del FGE a un medio de comunicación por cuanto ponen de manifiesto un profundo desconocimiento de cuestiones básicas de nuestra organización interna:

 

1)LLegados a este punto de desinformación a la opinión pública y a la Carrera queremos defender públicamente a las Fiscales de la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado encargadas del caso Púnica ante las informaciones erróneas y comentarios subsiguientes que se están difundiendo sobre ellas, incluidos del propio FGE. Las compañeras NO desobedecieron ninguna orden legal. Se les dio una única orden por escrito del FGE: abstenerse "de dirigir la solicitud de elevación de Exposición Razonada" respecto a una persona en concreto y eso hicieron en todo momento.

Luego recibieron una orden verbal de un Fiscal de informar por escrito que no se asumió por su forma, por su fondo y por venir a través de un Fiscal al que no están jerárquicamente subordinadas.

 

2)Hemos de señalar que cada Fiscal depende jerárquicamente del Fiscal Jefe de su Fiscalía, de su Teniente Fiscal cuando actúa en funciones de jefe y desde luego del FGE.

Por ello las Fiscales de la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, como los/as Fiscales de cualquier otra Fiscalía de nuestro país no dependen jerárquicamente de los Fiscales del Tribunal Supremo, sean estos o no Fiscales de Sala. Tampoco dependen de los Fiscales de la Secretaria Técnica, ni aún que hablemos del Fiscal de Sala Jefe de esa Fiscalía ni mucho menos de su Teniente Fiscal.

Es un profundo error hablar de estos fiscales como “superiores” de las Fiscales de la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

Tendrán un cargo más relevante si se quiere dentro del organigrama del Ministerio Fiscal pero el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica sólo es superior jerárquico de los Fiscales destinados en la Secretaria Técnica. Y el Fiscal de Sala que dirige cada una de las secciones del TS es superior jerárquico de los fiscales de esa sección.

 

3)El artículo 27 del EOMF es una garantía para el Fiscal que recibe una orden ilegal o que estima por cualquier otro motivo improcedente. No se ofrece ni se ha ofrecido nunca. Es una decisión personal de cada Fiscal hacer uso de dicha garantía cuando recibe una orden de su superior jerárquico, Fiscal Jefe o FGE.

 

4) Nos parece muy grave que la decisión tomada por el FGE en una causa se conozca antes por el particular al que afecta la decisión que por las fiscales encargadas de despachar el asunto, como ha ocurrido en este caso.

 

5)El Fiscal elegido para ocupar la Jefatura de la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado no era el mas antiguo de los peticionarios, tendrá otros méritos, sin duda, pero no el ser el más antiguo. La Teniente Fiscal de esa Fiscalía que solicitó el cargo ocupa el puesto 192 del escalafón de Fiscales, la Fiscal María Teresa Gálvez Diez, que también lo pidió, ocupa el puesto 203 del mencionado escalafón, mientras que el designado está en el 295(según el escalafón de 2011 último publicado).

 

6)Lo ocurrido ha suscitado importantes recelos hacia nuestra institución, fomentado por las informaciones erróneas que se han difundido.

Nos preocupa, al contrario de lo que parece transmitir el FGE en esa entrevista, la falta de autonomía del Ministerio Fiscal y de cada uno de sus integrantes, la falta de regulación básica de nuestra Institución, la carencia de medios con la que trabajamos. Prioridades que es necesario cubrir antes de tratar de cambiar el modelo de la investigación de las causas penales.

Mientras los Fiscales sigamos con un EOMF que exige reformas importantes, sin reglamento y sin medios básicos para desempeñar nuestro trabajo atribuirnos la llamada “instrucción” supondría una merma de garantías para el ciudadano.

 

 

Las Palmas, a 14 de marzo de 2017

Comisión Ejecutiva de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)